Organizaciones de derechos humanos denunciaron que el gobierno de Pakistán violó tratados internacionales al reinstaurar la aplicación de la pena de muerte como respuesta al atentado contra una escuela que mató a 148 personas, en su mayoría niños, el 16 de este mes.
“Estamos sumamente preocupados por la pena de muerte para Shafqat Hussain, que probablemente sea uno de los condenados a la ejecución en la horca”, advirtió Clive Stafford, director de la organización británica Reprieve, en un mensaje por correo electrónico a IPS.[pullquote]3[/pullquote]
Hussain, entonces de 14 años, trabajaba como vigilante en Karachi cuando Umair Shah, de 7 años, desapareció del barrio en abril de 2004. A los pocos días, la familia de Umair recibió llamadas del teléfono móvil de Hussain pidiendo un rescate equivalente a 7.800 dólares para la liberación del niño, de acuerdo con los abogados del acusado.
La policía arrestó a Hussain, que admitió el secuestro y asesinato de Umair, cuyo cuerpo fue encontrado en un arroyo cercano.
Stafford dijo que posteriormente Hussain retiró su confesión, ya que había sido extraída bajo coacción, pero un tribunal antiterrorista lo condenó a muerte aunque el joven solo tenía 15 años en el momento del crimen.
El activista solicitó la suspensión de la pena de muerte de Hussain, ya que Pakistán es un país signatario de la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe la pena de muerte para los menores de 18 años.
Amnistía Internacional tuvo una inquietud similar ante la decisión de Pakistán de reanudar la pena de muerte en respuesta al atentado del día 16 contra la Escuela Pública y Colegio del Ejército en Peshawar, capital de la norteña provincia de Jiber Pajtunjwa, que mató a 148 personas.
A Hussain se lo debería haber juzgado en un tribunal juvenil y no tendría que haber recibido la pena capital, que no puede aplicarse a los menores de edad en Pakistán, añadió la organización.
Una representante de Amnistía Internacional, Chiara Sangiorgio, dijo que el caso de Hussain no es el único ya que al menos siete presos más condenados a muerte afirmaban que eran menores de 18 años cuando cometieron sus delitos. Dos fueron condenados por tribunales antiterroristas.
«La mayoría de la gente en Pakistán no tiene certificado de nacimiento, por lo que se les hace muy difícil comprobar que son menores… a menos que tengan un buen abogado», explicó.
En un comunicado, Human Rights Watch señaló que la familia de Hussain había suplicado en vano al presidente Mamnoon Hussain que conmutara la condena a cadena perpetua. La organización con sede en Nueva York deploró el hecho de que Hussain vaya a ser ejecutado ahora que se levantó la moratoria este mes.
El 24 de diciembre, la Unión Europea (UE) también criticó la reinstauración de la pena de muerte y pidió que se vuelva a aplicar la moratoria.
«Creemos que la pena de muerte no es una herramienta eficaz en la lucha contra el terrorismo», declaró el enviado de la UE a Pakistán, Lars Gunnar Wigemark, en un comunicado.
«La UE mantiene su oposición a la pena de muerte en todas las circunstancias y expresa la esperanza de que la moratoria se restablezca lo antes posible», añadió.
El gobierno ya ejecutó a seis condenados por terrorismo en la provincia de Punjab, el 19 y 21 de diciembre, incluidos los involucrados en los atentados contra el expresidente y general Pervez Musharraf en diciembre de 2003 y contra el cuartel general del ejército en octubre de 2009, como parte de su política anunciada de acelerar la ejecución de los condenados a muerte.[related_articles]
El día 21 el ministro del Interior Chaudry Nisar Ali Khan anunció que el gobierno tenía previsto ejecutar a unos 500 presos en las próximas semanas como venganza por la muerte de los escolares en el atentado de Peshawar.
«Los terroristas no merecen piedad ya que están matando a nuestra gente, a nuestros soldados y escolares», declaró el primer ministro Nawaz Sharif, en una reunión con la presencia de todos los partidos políticos en Islamabad, el 24 de diciembre. Pase lo que pase, vamos a seguir adelante con nuestro plan de colgar a los condenados, aseguró entonces.
Reprieve, que encabeza la campaña contra la pena de muerte, indica que Pakistán también firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe las ejecuciones. Por tanto, Islamabad debe reinstituir la moratoria en el cumplimiento de su compromiso internacional civil.
«Matar a un hombre que fue detenido cuando era menor de edad y torturado para extraerle una ‘confesión’ no hará justicia y se limitará a agravar la tragedia del atentado contra la escuela en Peshawar», afirmó Stafford.
Mientras tanto, Sarah Belal, de Proyecto Justicia Pakistán, recordó las palabras del hermano mayor de Hussain, Gul Zaman, a los medios de comunicación reunidos en la cárcel de Karachi. «No tengo problemas con que las autoridades apliquen la pena de muerte a los terroristas, pero van por el camino equivocado cuando ejecutan a delincuentes comunes», dijo entonces.
Editado por Phil Harris / Traducido por Álvaro Queiruga
