Maheshwar Basumatary, de 33 años, se ganó la vida durante más de cinco años matando animales salvajes en los bosques protegidos del Parque Nacional de Manas, una reserva de tigres y elefantes en la frontera entre India y Bután que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Pero en 2005, Basumatary entregó su arma a la policía y desde entonces se dedica a cuidar cachorros de rinocerontes y leopardos abandonados.[pullquote]3[/pullquote]
Ahora Basumatary trabaja para el Fondo Internacional para el Bienestar Animal y es un símbolo de la conservación de la vida silvestre.
Incorporar la población local a la protección de la fauna es una forma eficaz de frenar la caza furtiva, el contrabando y la venta ilegal de animales, afirmó Maheshwar Dhakal, del ministerio de ambiente y conservación de los suelos de Nepal.
En el marco de la 12 Conferencia de las Partes (COP12) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), que se desarrolla desde el día 6 hasta el 17 de este mes en Pyeongchang, Corea del Sur, Dhakal dijo a IPS que la pobreza y la perspectiva de mayores ingresos llevan a los lugareños a delinquir o ser cómplices de delitos contra la vida silvestre.
«Los esfuerzos de conservación también deben generar oportunidades de subsistencia dentro de las poblaciones locales», recomendó.
«Todo el mundo quiere ganar más y vivir bien… Si usted encuentra una manera de incentivar la protección de la vida silvestre, la gente se sumará», aseguró Dhakal, cuyo país se acerca rápidamente a la meta de “caza furtiva cero”, agregó.
La caza furtiva: un problema mundial
La caza furtiva y el comercio ilegal de la vida silvestre son una amenaza universal que ponen en riesgo de extinción a especies enteras y provocan pérdidas económicas.
Según Perspectivas de la Diversidad Mundial 4 (GBO 4, en inglés), el último informe de situación de la CDB, el tráfico de vida silvestre mueve unos 200.000 millones de dólares por año.
El negocio ilícito también prospera en Asia, donde representa unos 19.000 millones de dólares por año, según la Red de Control de la Vida Silvestre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.
Las autoridades confiscan periódicamente pieles y otras partes de animales, incluidos cocodrilos, serpientes, tigres, elefantes y rinocerontes, de contrabando. La matanza de tigres y rinocerontes es una preocupación específica en la región, ya que ambos corren un riesgo inminente de extinción.
Uno de los mayores campos de exterminio de los cazadores furtivos es el Parque Nacional Kaziranga, en el noreste de India, también declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y donde se encuentran dos tercios de los grandes rinocerontes unicornio que quedan en el mundo.
En 2013 había 2.553 de estos rinocerontes en el parque, pero los cazadores mataron 126 animales en los últimos 13 años, según el ministro de Ambiente y Bosques del estado, Rakibul Hussain.
Además, el parque cuenta con la mayor densidad de tigres en todo el mundo, y fue designado oficialmente como una reserva de estos felinos en 2006.
El comercio ilegal genera conflictos armados y enfermedades
También existe un vínculo directo entre el tráfico de animales y los conflictos políticos, según un informe conjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Interpol, que calcula el volumen exacto de este comercio ilegal en 213.000 millones de dólares anuales.
Gran parte de ese dinero «ayuda a financiar a organizaciones criminales, insurgentes y terroristas y amenazan la seguridad y el desarrollo sostenible de muchos países», señala el informe.
Varios grupos insurgentes de África central y occidental se financian con el comercio ilegal de animales y madera, que incluye la venta de marfil, por el que reciben entre cuatro y 12 millones de dólares cada año, según el estudio.
Otro informe publicado en febrero por la organización independiente británica Chatham House, también conocida como Instituto Real de Estudios Internacionales, apuntó al ejemplo del extremista Ejército de Resistencia del Señor (LRA), que extrae los colmillos de elefantes en República Democrática del Congo para el trueque con soldados sudaneses o cazadores furtivos por armas de fuego y municiones.
Pero el problema no termina ahí.
Maadjou Bah integra la delegación en la COP 12 de Guinea, un país de África occidental donde en marzo surgió un brote de ébola que, tras su paso por los vecinos Liberia y Sierra Leona, mató a 4.000 personas hasta la fecha.
Bah expresó a IPS que la caza y el comercio ilegal de especies silvestres aumenta la posibilidad de que el virus del ébola se propague a otros países. Aunque el gobierno de Guinea denominó zona “protegida” a 30 por ciento de sus bosques, las fronteras son porosas y el tráfico es una amenaza continua.
El ébola es transmitido por los primates y los murciélagos de la fruta. Como la venta de estos murciélagos integra la cadena mundial del tráfico ilícito de vida silvestre, es posible que el virus se traslade fuera de las fronteras donde se concentra la epidemia actualmente, explicó Anne Helene Prieur Richard, directora de Diversitas, un instituto de investigación de la biodiversidad con sede en París.
«No lo sabemos a ciencia cierta, ya que hay una brecha de conocimiento. Pero sin duda el riesgo existe”, precisó a IPS.[related_articles]
El lento brazo de la ley
La caza furtiva es en parte consecuencia de la lentitud en la aplicación de la ley, según Braulio Ferreira de Souza Dias, el secretario ejecutivo de la Convenio sobre la Diversidad Biológica.
«La aplicación debe ser una prioridad de los gobiernos», dijo a IPS.
“Esto se puede lograr, entre otros métodos, proporcionando a las fuerzas del orden la capacidad y el equipo necesarios para reprimir la actividad ilegal. Los guardas forestales, por ejemplo, deben estar debidamente equipados, técnica y financieramente, para prevenir el delito”, recomendó.
«Hay una necesidad de capacitar a las unidades del orden público», explicó Dhakal. «Pero eso no significa solo asistir a talleres y capacitaciones. Significa armas, herramientas y tecnologías”, añadió.
«Deben tener armas adecuadas. También… herramientas para recopilar pruebas y registros. Necesitan transporte y comunicaciones móviles para actuar con rapidez y acierto. Sin eso, a pesar de las detenciones, no habrá condenas debido a la falta de evidencia», sostuvo.
Esto es especialmente importante en los bosques transfronterizos, donde la falta de cercas adecuadas permite que los cazadores furtivos se desplacen libremente entre los países.
Editado por Kanya D’Almeida / Traducido por Álvaro Queiruga
