El presidente de Uruguay, José Mujica, buscó ganar tiempo para la acogida de seis prisioneros de Guantánamo, traspasando la decisión al ganador de las elecciones del 26 de este mes. Pero tiempo es lo que no tienen varios reclusos de esa prisión militar que Estados Unidos mantiene en territorio cubano.
La decisión de recibir a cuatro sirios, un tunecino y un palestino recluidos en Guantánamo es una papa caliente para Mujica, cuando su partido, el centroizquierdista Frente Amplio (FA), está en la recta final de la campaña electoral.[pullquote]3[/pullquote]
De los 149 prisioneros que quedan en Guantánamo, una cárcel que George W. Bush (2001-2009) concibió para que funcionara fuera de toda ley, 79 podrían haber sido liberados en 2010, según el estadounidense Centro para los Derechos Constitucionales (CCR), que ejerce la defensa de varios de ellos.
En ese grupo están los seis que Mujica aceptó acoger en marzo de este año, a pedido del presidente Barack Obama, algunos en muy mal estado físico y mental.
La salud del palestino Mohammed Abdullah Taha Mattan, de 35 años, está considerada de alto riesgo. Con un diagnóstico de depresión profunda, se mantuvo en huelga de hambre repetidas veces en los últimos años. Originario de Cisjordania, tenía 23 años cuando agentes paquistaníes lo detuvieron y lo entregaron a Washington. Según una de sus abogadas, no existe prueba en su contra.
“La falsedad de Guantánamo consiste en que algunos hombres fueron atrapados no por sospechas razonables, sino porque regiones enteras de Pakistán y Afganistán se taparon de panfletos ofreciendo recompensas por ‘supuestos terroristas’, lo que encendió un frenesí de acusaciones lucrativas pero falsas”, sostuvo la jurista Lauren Carasik.
El CCR asegura que de los casi 800 hombres y adolescentes que han pasado por Guantánamo desde enero de 2002, 86 por ciento fueron vendidos cuando el ejército estadounidense ofrecía recompensas de unos 5.000 dólares por persona.
El sirio Abu Wa’el Dhiab, casado y padre de cuatro niños, también realiza huelgas de hambre intermitentes desde febrero de 2013 y sufre una debilidad extrema, que lo obliga a usar silla de ruedas. Sin cargo alguno en su contra, en 2009 Washington decidió que podía liberarlo.
Su caso se hizo notorio este año, cuando sus abogados llevaron a juicio el método de alimentación forzosa que los carceleros de Guantánamo le aplican a él y a otros huelguistas.
La jueza estadounidense Gladys Kessler ordenó al gobierno publicar, en un plazo que vence el 20 de este mes, 28 vídeos que registran la extracción violenta de Dhiab de su celda y la colocación de una sonda que va de su nariz hacia su estómago para alimentarlo por la fuerza.
En una presentación realizada mediante sus abogados, Dhiab alegó que esas imágenes deben verse “para que el público estadounidense vea lo que está pasando y pueda comprender por qué hacemos huelga de hambre y por qué debe clausurarse la prisión”. En agosto, uno de sus defensores dijo que Dhiab era prácticamente un esqueleto.
Este hombre se había establecido como comerciante en Afganistán, cuando la guerra que se desató tras el 11 de septiembre de 2001 lo obligó a huir con su familia hacia Pakistán, según la organización británica Reprieve. Meses después, la policía paquistaní lo arrestó y lo entregó a Estados Unidos, posiblemente a cambio de pago.
Según una carta que los abogados de los seis enviaron en junio a la Casa Blanca urgiendo los traslados, autoridades uruguayas se entrevistaron con los presos en Guantánamo y les extendieron “invitaciones para su reasentamiento”, que ellos aceptaron entusiasmados.
Mujica, un exguerrillero que estuvo 14 años preso en condiciones inhumanas, es uno de los muchos críticos de Guantánamo. Más de una vez en estos meses dijo que los reclusos se instalarían en este país como “personas libres”.
Pero Washington requiere a Montevideo que vigile y limite sus viajes al exterior, algo contrario a las normas uruguayas sobre refugio.
En otras palabras, los mismos temores que impiden cerrar de una vez Guantánamo, liberar a los inocentes y procesar en jurisdicción estadounidense a aquellos contra los cuales haya pruebas, terminaron impidiendo, al menos por ahora, el traslado a Uruguay.
Washington “necesita ayuda de otros países para cerrar Guantánamo porque el miedo irracional a trasladar a los detenidos y el desconocimiento sobre ellos se explota con fines electorales”, dijo a IPS la especialista en seguridad nacional de Human Rights Watch, Laura Pitter.
“Estados Unidos los deja salir porque no entrañan riesgo alguno para ningún país”, añadió Pitter. Estuvieron presos por más de 12 años en forma injusta, “no se los acusa de nada y nunca se los procesó por delito alguno”, insistió.
En una entrevista en agosto con esta reportera, el director de Derechos Humanos de la Presidencia de Uruguay, Javier Miranda, dijo que en la sociedad uruguaya “hay un cierto temor al islamismo, y eso es parte de nuestro propio crecimiento. Más de uno me ha planteado esa confusión entre Islam y terrorismo, lo que es una falsedad enorme”.
Miranda, que condujo exitosamente la llegada el jueves 9 de octubre del primer contingente de 43 refugiados de la guerra civil siria, añadió que “hombres que estuvieron 12 años metidos en un pozo en Guantánamo, desaparecidos en definitiva, tienen tanto derecho al cobijo como los refugiados sirios”.
Pero el gobierno de Mujica no divulgó ampliamente estos detalles ni la situación humanitaria y de salud de cada uno de los presos, con lo que quizás haya abonado, en lugar de aliviar, la desconfianza pública.
Mientras 66 por ciento de los entrevistados en una encuesta aprobaron el asentamiento de los refugiados sirios, el rechazo a los detenidos de Guantánamo creció de 50 por ciento en abril a 58 por ciento en septiembre.
En septiembre, The New York Times se refirió a una llamada del vicepresidente Joe Biden a Mujica en la que lo “presionó” para que recibiera a los prisioneros. De inmediato, Montevideo reaccionó negando las supuestas presiones. Pero así se abrió el canal para que el tema ingresara de lleno a la campaña electoral.[related_articles]
El opositor y centroderechista Partido Nacional (PN), segundo en intención de voto según las encuestas, aprovechó para atacar con dureza al gobierno por “actuar bajo presión del imperialismo”.
Para Pitter, Uruguay tiene en sus manos “reconocer la dignidad humana y los derechos de esos hombres y corregir una grave injusticia que Estados Unidos ha perpetrado… y para la cual no hay excusa”.
Estados Unidos celebrará elecciones legislativas en noviembre. Si el gobernante Partido Demócrata pierde su mayoría en el Senado, los opositores republicanos pueden bloquear aún más una solución para Guantánamo.
Quizás en señal de lo disfuncional que es la política estadounidense, la esperanza de que acabe este drama humanitario seguirá dependiendo de la buena voluntad de terceros países.
En Uruguay, el gobernante FA se enfrenta a los comicios más competidos desde que accedió al gobierno en 2004. Después de insistir varias veces en que tomaría la decisión sobre Guantánamo por su cuenta, el 9 de este mes Mujica dijo por sorpresa que sometería el asunto al presidente electo.
Si el FA gana las elecciones, algunos presos en Guantánamo pueden soñar con un viaje a América del Sur antes de finalizar este año. Pero si triunfa el PN, Washington deberá renegociar el asunto con el gobierno que asuma en marzo de 2015. Para algunos detenidos, quizás sea demasiado tarde.
Editado por Estrella Gutiérrez