Luego de 12 días de movilización nacional, la Cumbre Agraria, Étnica y Popular de Colombia consiguió sus primeras reivindicaciones en la negociación con el gobierno para levantar el paro que inició el 28 de abril.
Por medio de un decreto, el gobierno aceptó negociar con una mesa única para las 12 organizaciones de la Cumbre Agraria –que según el gobierno representa a más de 90 por ciento de quienes cumplen el paro—, reconoce a sus portavoces y acepta como agenda su pliego único de reclamos.
Además, el Poder Ejecutivo emitió una circular que ordena garantizar “el libre derecho a la protesta y a la libre expresión”, aunque los condiciona a que no se bloqueen las vías.
Según un comunicado recibido por IPS desde la seccional de la Cumbre Agraria en el Magdalena Medio, centro de Colombia, tras el decreto, la dirección del paro nacional instruyó para “que regresemos a nuestras parcelas”.
Esto no implica levantar el paro, precisa el texto. El programa de movilizaciones prosigue tal cual, vigilando que se refrenden y se cumplan los acuerdos.
Además, indicaron en otro anuncio los campesinos, estas movilizaciones cuidarán de una de sus exigencias, “la solución política negociada al conflicto social y armado colombiano”, surgido en 1946.
Mientras, en la sede del Ministerio del Interior en Bogotá la negociación prosigue, acompañada por un delegado del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el propio director de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el estadounidense Todd Howland.
“Confío en que el gobierno nacional y la policía van a mantener una actitud prudente y respetuosa frente a las protestas pacíficas”, señaló el diplomático.
Además, la Organización de las Naciones Unidas acompañará una comisión de verificación de derechos humanos entre las partes, que reportará sobre la situación en los lugares donde se denunciaron abusos: los departamentos de Norte de Santander y Cesar (nororiente), Arauca (oriente), Cauca (suroccidente) y Meta (centro-sur).
Las negociaciones avanzan con lentitud, con participación de funcionarios de distintos ministerios y entidades nacionales, de la procuraduría y de la defensoría del pueblo, entre otros.
Cuando los 35 portavoces de la Cumbre Agraria anuncian que necesitan deliberar a solas, los funcionarios y diplomáticos desaparecen. Los curtidos líderes establecen prioridades y repasan la forma y argumentación de exponerlas.
Una vez están listos, los funcionarios retornan y la reunión prosigue.
La negociación es encabezada por el ministro del Interior, Aurelio Iragorri. IPS supo que hace unos días, en ese mismo escenario, tuvo un momento de descontrol.
El ministro “estaba cansado, llevaba día y medio trabajando sin dormir”, dijo a IPS una funcionaria estatal que presenció los hechos el martes 6.
“Hay fuerzas dentro y fuera del gobierno dispuestas a reventar la mesa de la Cumbre Agraria, para demostrar que con ellos es imposible negociar”, dijo el ministro a los presentes, según la misma fuente.
Lo expresado por Iragorri para explicar su desfallecimiento indica la fuerte presión en la que se mueve la administración de Juan Manuel Santos, quien gobierna desde 2010 y aspira a ser reelegido en comicios que se celebrarán en dos semanas.
Seguramente haya segunda vuelta el 15 de junio y, si bien casi todos los sondeos prevén que Santos triunfe, le pisa los talones su más agrio opositor, el derechista Óscar Iván Zuluaga, respaldado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).
Tras cinco prolongadas sesiones de diálogo, el jueves 8 estaban en el salón poco más de 50 personas.
En la tarde, Iragorri anunció que se tratarían en una sola negociación los reclamos de la Cumbre Agraria.
Esa era la precondición para seguir dialogando, según esta coalición campesina que surgió de una movilización similar, de carácter nacional, en 2013.
En la noche, y antes de conocerse el decreto que se publicó este viernes 9, el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, anunció que retomaba, por su parte, la negociación con el movimiento Dignidad Agropecuaria, otro sector agrario en paro: pequeños y medianos productores de arroz, papa, leche, café, maíz, cacao y algodón, entre otros (ver recuadro).[pullquote]1[/pullquote]
Así, quizá Santos logre conjurar la profundización del paro agrario que revivió a fines de abril, tras las movilizaciones de campesinos y productores quebrados que se levantaron escalonadamente entre febrero y septiembre de 2013, y confluyeron en una parálisis nacional en agosto.
El año pasado fue el de mayor número de luchas sociales desde 1975, según el jesuita Centro de Investigación y Educación Popular.
Las protestas se disiparon en octubre, con mesas de negociación atomizadas. Algunos sectores recibieron subsidios u otros alivios durante varios meses.
Esta vez, el cercano trance electoral impone otros cuidados.
En 2013, tras la primera semana de huelga nacional, Santos había expresado que «el tal paro nacional agrario no existe».
Al tiempo, el Ministerio de Defensa introducía el argumento de que la movilización estaba promocionada o infiltrada por las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), alzadas en 1964.
El 25 de agosto, la fiscalía capturó a uno de los portavoces del paro, Huber Ballesteros, vicepresidente del sindicato agrario Fensuagro, y lo acusó de financiar a las FARC, que negocia el fin de la guerra con el gobierno colombiano en La Habana.
La represión de la movilización masiva de 2013 dejó 19 muertos, unos 900 heridos y cerca de 700 detenidos.
En septiembre, Santos propuso un Pacto Agrario Nacional, pero la mayoría de quienes se sentaron a la mesa eran grandes productores y terratenientes.
En respuesta, los sectores más pobres del agro convocaron un encuentro propio, cuyos detalles se concretaron en diciembre en Bogotá y que desembocaría en la Cumbre Agraria.
La frase presidencial y las imágenes de policías golpeando y acosando a campesinos, que se tornaron virales en las redes sociales, le costaron a Santos una caída en las encuestas de 48 por ciento en junio a 21 por ciento en septiembre, según la empresa Gallup.
La Cumbre Agraria es un proceso inédito de unidad desde las bases.
“No salimos con Dignidades porque, aunque saludamos su lucha, no es la nuestra”, explicó en la red social Twitter uno de sus integrantes, @CatatumboResiste. “Ellos al menos tienen tierra y tractores. Nuestra lucha es de fondo”, agregó.
La Cumbre Agraria tampoco se identifica con ningún partido aunque logró un senador en los comicios de marzo, Alberto Castilla, quien se presentó en la lista del izquierdista Polo Democrático Alternativo.
Castilla es uno de los fundadores del Congreso de los Pueblos, una de las dos grandes vertientes de la Cumbre Agraria que desde 2012 comenzó a acercarse a la Marcha Patriótica. Los dos movimientos de origen rural surgieron en 2010.
En los primeros pasos, los indígenas actuaron como observadores.
Durante el gobierno de Uribe los pueblos ancestrales protagonizaron casi solos enormes movilizaciones o mingas (trabajo colectivo para el bien común, en quechua).
Pero a mediados de marzo de este año, cuando se realizó en Bogotá la Cumbre Agraria, Étnica y Popular, que dio nombre al actual movimiento, se integró también la Organización Nacional Indígena de Colombia, que representa a 1,4 millones de nativos.
Se sumó asimismo un sector importante de los afrocolombianos, el Proceso de Comunidades Negras.
En total, 12 organizaciones de carácter nacional o regional redescubrieron la unidad, en un movimiento que hace décadas no se veía en Colombia.
En ese encuentro de marzo se acordó no permitir que el gobierno dividiera la negociación por sectores o regiones, como en 2013. De allí la trascendencia del decreto presidencial que ahora reconoce la mesa única nacional como interlocutora.
El 30 de marzo, la Cumbre Agraria entregó un pliego de condiciones común de ocho grandes puntos y 127 reclamos concretos a la Presidencia y puso un plazo de mes y medio para emprender la movilización.
Además de los puntos de confluencia, decidieron que todos lucharán por las reivindicaciones de los otros. Es la agenda de negociación que ahora tiene el ministro Iragorri en su despacho.
Ante las dudas por el posible efecto electoral de la fecha del paro, los campesinos contestaron que la movilización es por derechos y no contra el presidente. El 11 de abril se reunieron con él.
Se trata de reclamos de reformas constitucionales y legales, de acatamiento de leyes ignoradas, de cambios en políticas económicas y sociales y de garantías para la protesta social.
Un punto se refiere al fin de la guerra civil que lleva medio siglo, pero, mientras tanto, se exige a las partes acatar el derecho internacional humanitario.[related_articles]
El primer punto busca armonizar la conservación de la naturaleza con su aprovechamiento como medio de vida de las comunidades agrarias, que serían las que definan un nuevo ordenamiento territorial local.
Se exige proscribir cualquier forma de extranjerización de la tierra y el cese de los todos los tratados de libre comercio, así como una reforma participativa de las políticas minera y energética.
El punto sobre cultivos que son materia prima de drogas ilegales –coca, amapola y marihuana— es crucial para la Cumbre Agraria, que reclama el fin de la erradicación violenta, una sustitución gradual y concertada y la liberación de los inculpados por esa actividad que no hagan parte del narcotráfico.
Los portavoces de la Cumbre Agraria repiten que el paro es “escalonado, pacífico y contundente” y el martes 7 estimaron que unas 120.000 personas estaban movilizadas en los bordes de las carreteras en 20 de las 33 subdivisiones de este país de 46 millones de habitantes.
“El gobierno es bipolar”, aseguró Olga Lucía Quintero, joven líder campesina del Catatumbo.
Mientras Santos dice que garantiza el derecho a la protesta, ya circulan en Internet fotos de manifestantes heridos y contusos.
La policía antimotines incendia las tiendas que los campesinos levantaron en los sitios de concentración, les confisca los alimentos que han llevado para mantenerse y, quizá para evitar que los graben cuando cometen abusos, les quitan sus celulares.
Con aporte de Helda Martínez (Bogotá).
