En el 50 aniversario del derrocamiento –apoyado por Estados Unidos– de João Goulart en Brasil, su hijo, João Vicente, solicitó al Senado brasileño que exija oficialmente la desclasificación de documentos estadounidenses todavía secretos sobre las operaciones encubiertas que contribuyeron con ese dramático golpe de Estado.
Dadas las tensiones en las relaciones entre Brasil y Estados Unidos, generadas por una forma más moderna de penetración estadounidense en los asuntos internos brasileños, parece improbable que el gobierno de Barack Obama divulgue esa documentación en lo inmediato.
Pero si alguna vez hubo una oportunidad de usar registros históricos estadounidenses desclasificados como una herramienta diplomática única, ese momento es ahora.
De hecho, el gobierno de Estados Unidos ha practicado el arte de la diplomacia desclasificada en varias naciones, evaluando y divulgando miles de registros almacenados en las “instalaciones seguras y de información compartimentada” de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Departamento de Defensa y el de Estado (cancillería), entre otras agencias de seguridad, como gestos diplomáticos, así como para promover la defensa de los derechos humanos, la verdad y la justicia.
Como otras herramientas de política exterior –ayuda económica, comercio y apoyo diplomático–, estos registros históricos pueden realizar una contribución potente a la promoción de los intereses de Estados Unidos en materia de estabilidad y de una comunidad mundial pacífica y más justa.
En Ecuador, por ejemplo, pese a las tensiones con el gobierno de Rafael Correa, la administración de George W. Bush (2001-2009) realizó un gesto importante de desclasificación especial de registros del Departamento de Estado para ayudar a la Comisión de la Verdad ecuatoriana.
En Chile, tras el arresto del general Augusto Pinochet en Londres, el gobierno de Bill Clinton (1993-2001) ordenó la revisión y divulgación de 23.000 documentos secretos.
En una ceremonia pública celebrada en la Biblioteca Nacional de Santiago, el embajador de Estados Unidos, John O´Leary, vació decenas de carpetas llenas de registros desclasificados de la CIA, del Consejo de Seguridad Nacional, del Departamento de Estado y del de Defensa.
En su favor hay que decir que, desde mediados de los años 70, el gobierno de Estados Unidos viene desclasificando documentos secretos sobre el rol que jugó en el golpe de Estado brasileño, a través de procedimientos rutinarios de desclasificación y de la Ley de Libertad de Información.
Incluso las grabaciones de la Casa Blanca en las que los presidentes John Fitzgerald Kennedy (1961-1963) y Lyndon Johnson (1963-1969) discutían las complejidades de la conspiración golpista, el cambio de régimen y la intervención militar en Brasil con sus asesores, están ahora disponibles para el escrutinio público.
Gracias a estos registros conocemos muchos de los detalles secretos de la “Operación Hermano Sam”, el plan del Pentágono para suministrar armas, gasolina y hasta tropas de combate si fuera necesario para garantizar el éxito del golpe militar.
“No quisiéramos que las Fuerzas Armadas brasileñas avancen hasta que tengamos todo en marcha”, declara un memorando altamente confidencial de la Casa Blanca fechado el 30 de marzo de 1964.
No obstante, las acciones encubiertas de los agentes de la CIA en Brasil en esa época continúan clasificadas.
[related_articles]Para una nación orgullosa e independiente como Brasil, la audacia y la arrogancia imperial reflejadas en estos registros son, como mínimo, ofensivas. Pero si hay un resultado positivo de la significativa participación de Estados Unidos en el golpe y de su apoyo a los regímenes militares que le siguieron en los 21 años posteriores es el detallado registro histórico que dejó.
Los archivos secretos del gobierno de Estados Unidos contienen miles de cables, informes, evaluaciones de inteligencia y memorandos de conversaciones que pueden arrojar luz, y lo harán, sobre la era de la represión en Brasil.
Un cable desclasificado del Departamento de Estado, que data de 1973 y que mi oficina brindó en los últimos tiempos a la Comisión Nacional de la Verdad de Brasil, por ejemplo, en realidad revela la existencia de un centro de inteligencia militar en el distrito paulista de Osasco, donde se cometieron violaciones sistemáticas y grotescas a los derechos humanos.
Uno de los torturadores de ese centro se jactó ante funcionarios de Estados Unidos de usar la tristemente célebre técnica de tortura conocida como “percha de loro” (y que consiste en colgar a la persona sobre una barra, con los pies atados a las manos) para quebrantar la voluntad de los prisioneros.
También ofreció un “relato de primera mano” sobre una técnica de ejecución que describió como “suturar al sospechoso”, o sea, “acribillarlo de la cabeza a los pies con armas automáticas”. Era un “procedimiento estándar”, informó la embajada de Estados Unidos, para matar a presuntos “terroristas” en São Paulo.
Las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia de Brasil parecen haber hecho desaparecer sus propios archivos secretos, igual que como hicieron desaparecer a sus víctimas.
Por ese motivo, los documentos desclasificados por Estados Unidos demostrarán ser invalorables para el trabajo que actualmente realiza la Comisión de la Verdad en Brasil, así como para ciudadanos brasileños y estadounidenses que tienen derecho a conocer su historia, además de derecho a la justicia.
El derecho a saber es fundamental para la salud democrática de nuestras sociedades. Además, Brasil es un ejemplo de dónde puede promoverse la salud de una relación bilateral positiva con Estados Unidos a través de la práctica sin igual de la diplomacia desclasificada.
Peter Kornbluh dirige el Proyecto de Documentación de Brasil en el National Security Archive, un centro de investigación de interés público en Washington D.C. que se especializa en registros desclasificados de política exterior. Este artículo apareció por primera vez en portugués en el periódico Folha de São Paulo.
