Convocados por las redes sociales, muchos consumidores de Argentina comenzaron a movilizarse contra la escalada de precios que pone en riesgo avances importantes del país en materia de reducción de pobreza y desigualdad social.
La propuesta del “apagón de consumo” tuvo resultados alentadores, según algunas asociaciones de consumidores y portavoces del gobierno.
No hubo resultados cuantificados. Pero la exhortación a no comprar durante 24 horas, el 7 de febrero, en supermercados, tiendas de electrodomésticos y expendios de gasolina, tuvo una adhesión de más de 280.000 internautas y vació de manera visible muchos establecimientos.
“Empecé a ir a varios lugares buscando precios. Hay diferencias enormes”, ilustró a IPS la psicoanalista Ester Vallez, quien dijo haber pagado por una llave para una cerradura 30 por ciento más entre una semana y otra, lo que “obviamente, se traslada a otros productos”.
“Tiene que haber un control del gobierno y entre todos buscar una estrategia de presión”, dijo a IPS un trabajador de mantenimiento, Javier Sequeira, quien vive en La Matanza, en el oeste del Gran Buenos Aires.
Lo que Sequeira gana por quincena ya no alcanza en su hogar. El hombre está pensando juntarse con vecinos para hacer compras de alimentos más baratos, al por mayor, en el Mercado Central.[pullquote]1[/pullquote]
“Si dejamos de comprar algunos productos por caros, las fábricas comenzarán a sentir la diferencia. Muchos usan el dólar como excusa para aprovecharse”, lamentó el trabajador, padre de dos hijos, “y otro en camino”, a quien el incremento anual de su salario se le evaporó por la inflación.
El apagón del consumo se suma a otras iniciativas que, desde los medios de comunicación, convocan a comparar precios, a denunciar a quienes los suban y a controlar que no falten en los anaqueles los productos incluidos en la lista de Precios Cuidados.
Esta lista responde a un acuerdo entre el gobierno de Cristina Fernández y las cadenas de abastecedores y comerciantes, para ofrecer a precios accesibles alimentos, bebidas, cosméticos, artículos de limpieza, de educación y de construcción.
La movilización contra los precios especulativos surgió tras la devaluación de la moneda argentina, el peso, que tan solo en enero fue superior a 34 por ciento respecto al dólar, en la mayor caída de su valor desde 2002, lo que desencadenó aumentos indiscriminados.
En 2013, el valor oficial del peso cayó 25 por ciento frente al dólar y el del paralelo en 47 por ciento, según datos de firmas consultoras.
«Es hora de que todos los sectores asuman la responsabilidad que les corresponde para que las cosas sigan funcionando», exhortó Fernández, al criticar a grupos de poder económico que estimularían ataques especulativos y la fuga de capitales.
Ernesto Mattos, economista del Centro de Investigación y Gestión de la Economía Solidaria , dijo a IPS que la depreciación del peso es una “excusa” para aumentar los precios, especular y deteriorar el valor de los salarios.
Aseguró, además, que entre junio y diciembre empresas comercializadoras de alimentos “ya habían aumentado 200 por ciento los precios”, incluso en muchos productos que no tienen insumos importados.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la inflación de 2013 fue de 10,9 por ciento, mientras que consultoras privadas la estiman en 28,3 por ciento.
“No solo está en juego la especulación y el salario de los trabajadores, sino un proyecto nacional y el tipo de país que se quiere”, planteó Mattos.
O un país al servicio de las grandes transnacionales u otro capaz de abastecer sus necesidades básicas y “de unir fuerzas” con el resto de la región “para avanzar en la inclusión social y achicar las brechas de desigualdad”, expuso.
El economista defendió la participación popular en el control de precios de supermercados, porque allí se construye el “padrón de consumo de los argentinos en las grandes urbes”, y la creación de “mecanismos de denuncia que permitan sancionar a empresas no solo en la etapa de comercialización sino de producción”.
Vallez llamó a que “el gobierno ponga más gente en la calle que controle los precios, y que nosotros como ciudadanos hagamos nuestra parte, no agachando la cabeza, denunciando y no comprando productos que estén sobrefacturados”.
El gobierno ha respondido con una artillería de medidas para contrarrestar los resultados de la devaluación y del descontento social por sus efectos sobre los precios.
Además de los Precios Cuidados, instrumentó nuevos programas sociales, como Progresar, que otorga una asignación mensual a jóvenes desempleados o con empleos precarios de entre 18 y 24 años para iniciar o completar sus estudios.[related_articles]
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Argentina es el país con menor pobreza de la región (4,3 por ciento) y el segundo detrás de Uruguay con menor nivel de indigencia (1,7 por ciento).
En diciembre, la Cepal ubicó además a este país como uno de los que más disminuyeron la desigualdad en la región en el cuatrienio 2008-2012.
Pero el deterioro del salario y del poder de compra podría revertir esos logros.
“La reducción de la desigualdad durante la última década tiene como principal fuente el aumento del componente de ingresos no laborales (como los subsidios y otras ayudas) en los hogares más pobres, pero no así el mejoramiento de los ingresos laborales en esos mismos estratos”, indicó Agustín Salvia, director del Programa Cambio Estructural del Instituto de Investigación «Gino Germani» de la Universidad de Buenos Aires.
La escalada inflacionaria tenderá a aumentar la pobreza y también la desigualdad, aseguró a IPS.
Eso “justamente por el empobrecimiento de los sectores asalariados y no asalariados menos protegidos por las regulaciones laborales”, dijo Salvia, también investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Pese a las medidas gubernamentales para neutralizar el impacto, no se podrá “impedir que haya un efecto regresivo para los trabajadores de los sectores informales” e incluso para los jubilados.
“El gobierno debe ocuparse fuertemente de que la inflación no genere una mayor dispersión de ingresos, profundizando las políticas existentes para estos sectores”, planteó a IPS la economista y politóloga Jimena Valdez.
A su juicio, “toda esta situación se agravaría ante una escalada en la inflación, por eso está entre los intereses primordiales del gobierno que eso no suceda”.
Para evitarlo, dijo Valdez, el gobierno puede convocar a un diálogo con empresarios y sindicatos, para discutir políticas laborales y aumentos salariales. También debería actualizar los montos asignados por los programas sociales de acuerdo a la inflación.
Salvia considera «muy importante concientizar y movilizar a la opinión pública y presionar a los formadores de precios para que no haya ningún desborde”.
Pero, recordó, el movimiento de los precios “será determinado, fundamentalmente, por factores como la masa monetaria, el nivel de demanda (a la baja), la devaluación y las expectativas inflacionarias”.
