SANTA MARTA, Colombia – La primera conferencia multilateral dedicada exclusivamente a planear la salida del petróleo, el gas y el carbón, celebrada en la ciudad colombiana de Santa Marta, partió con múltiples asambleas, presentaciones, reuniones y manifestaciones. Científicos, gobiernos, comunidades indígenas y organizaciones sociales de toda la región han elaborado un conjunto de propuestas concretas para lo que durante años ha parecido imposible.
No son parte todas de la misma propuesta, ni son anunciadas por las mismas personas. Son todas piezas de un mismo rompecabezas que todavía no tiene forma definitiva, pero cuyos bordes ya son visibles y serán material para el segmento de alto nivel, que reunirá a más de una cincuenta de representantes gubernamentales a darles una salida concreta a partir de este martes 28 de abril.
Estas son cinco de las ideas que han aparecido en la ciudad de la costa del Caribe colombiano, en la primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, que arrancó el viernes 24 y concluye este miércoles 29.
Zonas Libres de Combustibles Fósiles: proteger el territorio antes de que llegue la industria
La idea es simple en su formulación y compleja en su implementación: delimitar permanentemente territorios donde la extracción de petróleo, gas y carbón esté prohibida. No como moratoria temporal, sino como decisión irreversible anclada en derechos territoriales, conservación de ecosistemas y justicia climática.
La propuesta circuló en tres idiomas distintos durante la semana. Los científicos reunidos en Santa Marta para el primer panel internacional de ciencia para la transición energética la llamaron «Fossil-Free Zones» y la describieron como «áreas bioculturales designadas y protegidas permanentemente de la actividad relacionada con los combustibles fósiles», señalando que ofrecen beneficios colaterales para la biodiversidad y los pueblos indígenas «al tiempo que evitan daños irreversibles a los bosques y los ecosistemas marinos».
La sociedad civil latinoamericana, reunida para construir hojas de rutas concretas de salida de fósiles y de bosques, que entregará a Brasil para impulsar su compromiso de entregar hojas de rutas en la 31 Conferencia de las Partes (COP31) sobre cambio climático, que acogerá Turquía en noviembre.
Las denominó «Zonas de Vida», enfatizando que no se trata solo de excluir actividades, sino de reconocer y fortalecer territorios que ya sostienen formas de vida distintas al modelo extractivo. Y la Declaración de los Pueblos, adoptada el 26 de abril por más de 900 organizaciones, las incluyó como demanda explícita vinculada al consentimiento previo, libre e informado de las comunidades.
Lo que hace distintivo a esta propuesta es que ya existe en la práctica: hay territorios indígenas, parques nacionales y áreas protegidas que funcionan como zonas libres de facto. La propuesta no inventa una herramienta nueva, sino que la formaliza, la escala y la blinda jurídicamente. Los instrumentos disponibles serían cuatro: la vía social —autodeclaración comunitaria—, la vía administrativa —parques y áreas protegidas—, la vía legal —litigios climáticos— y la vía política —moratorias nacionales.
La urgencia no es abstracta. En América Latina, Ecuador prepara subastas de bloques que cubren más de un millón de hectáreas de selva virgen en territorios indígenas. Brasil –a través del grupo estatal Petrobras– destinará 3100 millones de dólares a explorar el Margen Ecuatorial, cerca de la desembocadura del Amazonas.
Ana Nango, representante de la nacionalidad indígena andwa en la Amazonia ecuatoriana, lo formuló sin tecnicismos: «Alzamos la voz para que nada de esto siga avanzando. Queremos detener la explotación en cada territorio. Si sigue así, va a afectar todos los territorios que están conectados entre sí».
Hojas de ruta nacionales con plazos diferenciados: salir del fósil según lo que cada país pueda hacer
Una de las críticas más frecuentes al debate climático es que las fechas globales ignoran realidades nacionales radicalmente distintas. No es lo mismo pedirle a Alemania que salga del carbón para 2030 que pedírselo a Colombia, cuyas exportaciones carboneras representan más de 7000 millones de dólares anuales y financian servicios públicos de municipios enteros.
La propuesta de hojas de ruta nacionales diferenciadas aborda esa tensión. El principio es sencillo: la responsabilidad es común pero diferenciada, y los plazos deben reflejar tanto la capacidad fiscal de cada país como su responsabilidad histórica en las emisiones acumuladas.
El Civil Society Equity Group Review analizó las temporalidades de salida de fósiles para países productores, con criterios como quienes requieren apoyo para transicionar y quienes deberían proveer de ese apoyo.
En América Latina, el escenario sería así: para el carbón, salida de Brasil y México hacia 2031, Colombia hacia 2032. Para el gas: Brasil primero, en 2031; seguido de México y Colombia en 2033; y Argentina y Bolivia en 2037. Para el petróleo, la gradualidad es mayor dado su peso en las finanzas públicas: Colombia hacia 2036; México y Argentina hacia 2037; y Venezuela hacia 2043. En todos los casos, la condición es que los países con menor capacidad recibirán financiamiento externo —no deuda, sino transferencias— para sostener la transición.
Alejandra López, de Transforma, el centro de pensamiento colombiano que coordina el proceso junto a CAN-LA, explica por qué la región necesita su propia hoja de ruta: «Las hojas de ruta globales son útiles e importantes, pero pueden perder en el camino parte de la complejidad y las particularidades de las regiones. Y la principal fuente de emisiones de nuestra región no es energía, es el sector de agricultura, bosques y cambio de uso de suelo».
Por eso el proceso latinoamericano abarca ambos mundos: transición energética y bosques en pie.
La hoja de ruta latinoamericana, construida en meses de trabajo colectivo entre organizaciones de Colombia, Brasil, Argentina, México, Perú, Chile, Bolivia y Centroamérica, se entregará a la presidencia de la COP en Bonn, en junio. A partir de ahí, realizarán incidencia con los gobiernos de cada país.
Los científicos respaldan la arquitectura diferenciada. «Las hojas de ruta deben basarse en la mejor ciencia disponible, demostrar que la eliminación gradual es necesaria y factible, y adaptarse a las realidades nacionales en cada paso», dijo Claudio Forner, de Climate Analytics. Y añadió una advertencia: «No puede haber una transición justa sin un plan de sustitución de ingresos en los países dependientes de los combustibles fósiles».
Diversificación económica planificada: responder la pregunta difícil
¿Qué pasa con los trabajadores carboneros del Cesar? ¿Con los municipios del Magdalena Medio que dependen de las regalías petroleras? ¿Con las finanzas públicas de Ecuador, donde el petróleo financia 30 % de los ingresos, o en Trinidad y Tobago, donde los fósiles representan 51 % de los ingresos?
Esa es la pregunta que los debates climáticos suelen esquivar. Y no es un dilema exclusivo de América Latina.
Stientje van Veldhoven, representante de los Países Bajos (país coanfitrión de esta Cumbre), sinceró la tensión que vive el propio Norte global: tras cerrar el yacimiento de gas más grande de Europa, la crisis energética los ha puesto ante la presión de reabrir y expandir.
«Asegurar luz y calor es importante», admitió, señalando que la alternativa a corto plazo es importar gas de regiones que usan fracking (fractura hidráulica). «Queremos reducir la demanda, pero esto muestra los dilemas que todos enfrentamos», añadió.
La diversificación económica planificada —entendida no como un proceso espontáneo de mercado sino como una política activa de Estado apoyada internacionalmente— apareció en casi todos los documentos producidos durante la semana.
El panel científico lo incluyó como una de sus recomendaciones. La hoja de ruta latinoamericana también, y la Declaración de los Pueblos la planteó como condición sin la cual la transición reproduce la misma lógica colonial que creó el problema: el Sur global como proveedor de materias primas, ahora verdes en lugar de fósiles.
Los datos de fondo ayudan a entender la magnitud del desafío. América Latina concentra 22 % de las reservas mundiales de petróleo y 3,53 % del gas natural.
Según la plataforma ‘Así va la energía‘, de la organización colombiana Transforma (datos hasta 2024 actualizados en septiembre de 2025), los subsidios fósiles de Colombia pasaron de 0,18 % a 1,93 % del producto interno bruto (PIB) entre 2020 y 2023, con un desembolso de 7442 millones de dólares en 2023, mientras que México —el mayor subsidiador de la región con 16,4 mil millones acumulados— logró reducirlos a 0,07 % del PIB en 2023.
La respuesta que propone el proceso latinoamericano tiene tres componentes.
Primero, reconversión laboral con derechos: no solo reskilling (recualificación) técnico, sino garantías sindicales, pensiones y protección social para trabajadores de industrias fósiles durante la transición.
Segundo, diversificación de ingresos fiscales a través de impuestos al carbono, impuestos a las ganancias extraordinarias de las empresas fósiles, y eliminación gradual de subsidios —empezando por los que benefician a industrias, no a hogares vulnerables.
Tercero, desarrollo de nuevas cadenas de valor vinculadas a la economía limpia: la región concentra 45,6 % de las reservas mundiales de litio y 29,6 % de cobre, pero exporta casi todo sin procesar. La propuesta es agregar valor localmente.
Andrea Cardoso, profesora de la Universidad del Magdalena que coordinó la preconferencia científica, lo demostró desde su propio territorio. En Santa Marta, en 2021, cerraron dos minas de carbón sin planificación previa.
«Nos dimos cuenta de la crisis económica que se produce sin una eliminación gradual planificada. Ahora las comunidades, los trabajadores del carbón, los estudiantes y los académicos están construyendo medios de vida alternativos que demuestran que otro mundo es posible». Y añadió: «Si Santa Marta puede hacerlo, la gente de todas partes puede hacerlo».
Metano primero: la palanca más rápida disponible
De todas las propuestas que circularon en Santa Marta, esta es la más accionable en el corto plazo y la que tiene el impacto climático más inmediato. Mientras la salida del petróleo o el carbón se mide en décadas, la reducción de metano puede mostrar resultados en años.
El metano es entre 80 y 86 veces más potente que el dioxido de cárbono (CO₂) como gas de efecto invernadero en un horizonte de 20 años.
Su tiempo de permanencia en la atmósfera es mucho más corto que el del dióxido de carbono, lo que significa que reducirlo ahora tiene un efecto inmediato en el calentamiento. Y una parte significativa de sus emisiones proviene de fugas en la infraestructura de extracción y transporte de combustibles fósiles —fugas que en muchos casos se pueden tapar con tecnología disponible hoy.
El brasileño Carlos Nobre, uno de los científicos más reconocidos de América Latina, fue categórico en la conferencia: «La mitigación del metano debe ser la primera parada obligatoria en este viaje. Si no se da prioridad ahora a este supercontaminante, la hoja de ruta para la transición fuera de los combustibles fósiles no nos llevará a ninguna parte a tiempo para evitar el colapso. Santa Marta es el momento de asegurarnos de que se dé el primer paso».
La propuesta tiene una dimensión adicional que la hace especialmente relevante para América Latina: el metano fósil está en el centro del debate sobre el gas como «combustible puente».
Si el gas natural tiene fugas significativas en su cadena de producción y transporte —lo que la evidencia científica indica cada vez más—, entonces su ventaja climática frente al carbón desaparece o se invierte.
Anaid Velasco, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), lo articuló así: «La reducción de las emisiones de metano del sector energético acelerará la eliminación de los combustibles fósiles. Su potencial de calentamiento global, sus impactos en la salud y el clima, y la disponibilidad de soluciones para reducirlo subrayan la urgente necesidad de incorporar este tema a la agenda pública».
El metano también conecta con la propuesta más amplia de las Zonas Libres de Combustibles Fósiles: detener la expansión de infraestructura de gas —gasoductos, plantas de regasificación, terminales de GNL— es la forma más directa de reducir emisiones futuras de metano. Y un nuevo reporte de Ember publicado este martes confirma que el sector eléctrico global ya está sustituyendo gas y carbón con renovables a velocidad creciente, lo que hace que la excusa del gas como puente sea cada vez menos sostenible.
Un tratado internacional vinculante: cerrar el vacío que deja el Acuerdo de París
El Acuerdo de París regula las emisiones, no la producción ni el uso de combustibles fósiles. No obliga –ni lo hace otro instrumento– a un país a dejar el petróleo o el gas bajo tierra.
La propuesta de un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles —complementario al Acuerdo de París, no sustituto— tiene como antecedente la Convención de Ottawa sobre minas antipersona: un proceso que comenzó con países dispuestos a negociar al margen del bloqueo de las grandes potencias, y que terminó convirtiéndose en norma global.
El modelo importa porque la conferencia de Santa Marta fue diseñada deliberadamente con esa lógica: una coalición de voluntarios que avanza sin esperar a quienes bloquean.
El 27 de abril, una coalición de 18 países participantes en la Iniciativa del Tratado de Combustibles Fósiles —más 10 Estados observadores incluyendo España, Ghana, Kenia y Jamaica— publicó una declaración conjunta exigiendo que la conferencia reconozca formalmente la necesidad de negociar ese instrumento.
La ministra de Ambiente de Colombia, Irene Vélez Torres, presidió la reunión: «Colombia es honrada de ser parte de este momento histórico, donde una coalición de países listos para actuar deja claro que la transición más allá de los combustibles fósiles es más urgente que nunca, y que los países del Sur Global no deben pagar el precio de una crisis que no causaron».
Maina Talia, ministra de Asuntos Internos y Cambio Climático de Tuvalu, fue más directa: «Tuvalu no está esperando que el resto del mundo actúe, estamos liderando el camino. Esta no es una posición negociadora. Es una cuestión de supervivencia». Tuvalu acogería la segunda conferencia de salida de los fósiles, en 2027.
Lo que el tratado propuesto contendría: obligaciones vinculantes sobre el lado de la oferta fósil —no solo emisiones—, mecanismos de financiamiento para la transición, un fondo global de transición justa, y un mecanismo de resolución de deuda soberana para los países más dependientes. También incluiría protecciones explícitas contra el sistema de arbitraje inversor-Estado, que ha permitido a empresas fósiles demandar a gobiernos por tomar medidas climáticas.
El cronograma que impulsan es: reconocimiento en Santa Marta 2026, mandato negociador en 2027 y tratado en vigor en 2028.
El rompecabezas incompleto
Lo que falta es la pieza que ninguna conferencia puede fabricar sola: la voluntad política de los países que más producen y que esta semana no estuvieron en la mesa. Estados Unidos, China, Rusia, India y Arabia Saudita concentran más de la mitad de la producción mundial de petróleo y gas, y están ausentes en Santa Marta.
Johan Rockström, al abrir el segmento científico, no ocultó la paradoja: «Nunca más dejaremos que los combustibles fósiles caigan de la agenda de la política climática global».
Los organizadores, sin embargo, intentan cambiar la métrica del éxito. Van Veldhoven fue clara al respecto: «No vamos a negociar un resultado». Para la representante neerlandesa, el peso de la conferencia radica en que la coalición presente representa el 30% del PIB global. Su objetivo no es convencer a los ausentes hoy, sino servir como un «acelerador de los procesos de la COP» para aquellos países que ya decidieron transicionar, volviéndose económicamente más resilientes.
Este artículo se elaboró con apoyo de Climate Tracker América Latina y Heinrich Böll Stiftung.
RV: EG
