Valdenor de Melo espera desde hace 27 años la tierra y la indemnización monetaria que le corresponden porque su antigua finca quedó bajo las aguas del embalse hidroeléctrico de Itaparica, en el río São Francisco, en la región del Nordeste de Brasil.
“Las recibiré, tengo fe”, aseguró a IPS, aunque teme que antes se jubile como agricultor. A los 60 años, al menos tiene una sólida casa de ladrillo, en la aldea rural de residencias parejas donde vive con parte de su familia.
La familia Melo es una de las 10.500 desplazadas, según datos oficiales, por las aguas represadas para generar electricidad a partir de 1988, con capacidad para 1.480 megavatios.
Pero la cifra real de desalojados es casi el doble. Son cerca de 80.000 personas, sostiene el antropólogo estadounidense Russell Parry Scott, en su libro “Negociaciones y Resistencias Persistentes”, basado en estudios del Núcleo de Familia, Género y Sexualidad de la Universidad Federal de Pernambuco, donde es profesor.
La longeva esperanza de Melo se basa en el proceso iniciado con la construcción de la represa de 828 kilómetros cuadrados, que sumergió cuatro ciudades y campos ribereños a lo largo de 150 kilómetros, en la frontera de los estados de Bahía y Pernambuco.
A diferencia de otras hidroeléctricas brasileñas, la de Itaparica generó una movilización organizada y exitosa de los campesinos afectados.
Sindicatos de 13 municipios vecinos se unieron en el Polo Sindical de los Trabajadores Rurales del Submedio São Francisco y promovieron una serie de protestas desde el inicio de la construcción, en 1979.
Las concentraciones reunieron hasta 5.000 manifestantes, ocuparon ciudades que serian inundadas, sedes de la empresa constructora, carreteras y plantas de la obra varias veces y en algunos casos por varios días, enfrentando dura represión policial.
Tras batallar siete años, la estatal Compañía Hidroeléctrica del São Francisco, abastecedora de la región nordestina y con 15 centrales, se rindió y firmó el “Acuerdo de 1986”, para reasentar las familias campesinas, indemnizarlas por bienes dañados y pagarles una suma mensual hasta su primera cosecha en la nueva tierra.[related_articles]
Se convino en que el reasentamiento de 6.187 familias rurales comprendería tierras de hasta seis hectáreas irrigadas y otra área más extensa de secano para cada familia.
El tamaño variaba según la fuerza de trabajo familiar y el valor de las mujeres cuenta 60 por ciento del asignado a los varones.
El Polo Sindical participó en la elaboración del plan de reasentamientos y siguió su presión sobre la empresa y el gobierno ante atrasos en el programa.
Favoreció el triunfo campesino el proceso de redemocratización política en Brasil, que puso fin en 1985 a la dictadura militar instalada 21 años antes y que empoderó los movimientos sociales.
La tenacidad de los campesinos se alimentó del escarmiento. Buscaban impedir la repetición de los atropellos de la década anterior, cuando miles de ciudadanos fueron expulsados de sus tierras y ciudades, con menguadas indemnizaciones, para dar lugar a otras centrales en la misma cuenca del São Francisco.
Las familias rurales que optaron por el reasentamiento, 85 por ciento de las desplazadas según Scott, fueron alojadas en 126 agrovillas dispersas por varios municipios, cada una con un promedio de unas 50 familias.
“Conseguimos asentar una parte, pero muchos se fueron, no creían en nuestro movimiento, prefirieron la indemnización” y se sumaron a las periferias pobres de las ciudades, lamentó a IPS el coordinador general del Polo Sindical, Adimilson Nunis.
Las agrovillas se construyeron con la infraestructura necesaria, escuelas, sedes administrativas, suministro de energía y agua, observó. Los poblados se ubicaron alrededor de los llamados perímetros de irrigación, donde cada familia ganó su tierra más productiva.
Pero la morosidad en la implantación de los 12 perímetros desgastó la conquista sindical. Las siembras irrigadas solo pudieron empezar en 1993, cuatro años después de lo previsto, y en solo tres perímetros. Otros seis estrenaron en los cinco años siguientes.
La familia Melo tuvo la mala suerte de ser reasentada en el Proyecto Jusante (aguas abajo), en el municipio de Gloria, uno de los tres aún “en construcción”.
La mayoría de sus vecinos desistieron. “En la agrovilla 5 solo quedó una familia, en la 9 otras tres”, en espera del área irrigada, detalló Maria de Fátima Melo, hija de Valdenor, que espera seguir la vocación agrícola paterna. Pero, por las dudas, se hizo funcionaria municipal como enfermera, contó a IPS.
Los nueve proyectos operativos desde los años 90 benefician con mayores ingresos y avances tecnológicos a 4.910 familias, según la estatal Compañía de Desarrollo de las Cuencas del São Francisco y Parnaíba, encargada de la gestión de los sistemas de irrigación y de la asistencia técnica.
Gloria se convirtió en un polo productor de sandías y para eso contribuyó el proyecto implantado en 1993, con 123 familias asentadas en tres agrovillas y un centro experimental, destacó a IPS el agricultor Dorgival Araujo Melo, concejal por el Partido Verde.
“La irrigación es la solución para el Nordeste, pero con tecnologías que ahorren agua”, para adecuarse al clima semiárido de la región, defendió. Su orgullo es haber logrado, en su perímetro, sustituir la despilfarradora irrigación de aspersión por el goteo, un sistema de tuberías con agujeros solo donde hay que mojar.
“La vida mejoró con la casa nueva, la escuela cercana y la tierra irrigada”, pero era mejor vivir sin vecinos pegados, con un patio “donde criar cabras y gallinas” y sembrar hortalizas, evaluó Ana de Souza Xavier, mientras que a su marido le disgusta el aislamiento rural.
La pareja, con tres hijos ya independientes y escolaridad superior, fue asentada en otra agrovilla cerca de Petrolandia, una ciudad construida para sustituir otra inundada por la represa.
Con tres hectáreas irrigadas y 22 de secano en producción hace 20 años, la familia prosperó cultivando coco. “Antes sufrimos con el fracaso de la siembra de frijoles y sandías”, recordó a IPS el marido, Owaldo Xavier.
La experiencia de Itaparica, con cerca de 20.000 hectáreas irrigadas en manos de agricultores familiares, promueve una opción de desarrollo agrícola distinta a la elegida por la compañía eléctrica. Esta prioriza la gran producción incluso para exportación, exigiendo grandes inversiones y tecnologías inaccesibles a los pequeños agricultores.
Pero es difícil que Itaparica inspire soluciones similares para conflictos generados por otros megaproyectos actuales, como la polémica hidroeléctrica de Belo Monte, en la Amazonia.
Los costos de su programa de reasentamiento rural sumaban, en 2010, el equivalente a 85 por ciento del total invertido para construir la central y alcanzarán 100 por ciento en 2014, señaló un informe del Tribunal de Cuentas de la Unión, órgano que inspecciona la gestión financiera del Estado.
Asentar cada familia de Itaparica costó cuatro veces más que en otros proyectos públicos de irrigación, acotó.
