Organizaciones que luchan contra el sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) advierten que las nuevas leyes propuestas en Ucrania en medio de la crisis política podrían ser “catastróficas” para su labor.
En el paquete de proyectos de ley presentado la semana pasada –calificado de “carta de opresión” por activistas por los derechos humanos– se destaca una legislación que obligaría a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que reciben fondos del exterior a registrarse como “agentes extranjeros”, bajo amenaza de sufrir multas o su clausura.
Este proyecto de ley, casi una copia de uno aprobado recientemente en Rusia, no solo estigmatiza a esos grupos de la sociedad civil sino que también les obliga a pagar impuestos por los fondos que reciben.
Para las organizaciones que están en la primera fila de la lucha contra el VIH (virus de inmunodeficiencia humana, causante del sida), esto podría ser calamitoso.
La crisis en Ucrania comenzó en noviembre del año pasado, cuando el gobierno de Viktor Yanukovich rechazó un acuerdo de asociación a largo plazo con la Unión Europea, tras varios años de negociaciones con el bloque, apostando en cambio a un acercamiento con Rusia.
Esto generó protestas de miles de ucranianos proeuropeístas, que se agravaron frente a la fuerte represión de las autoridades. A su vez, una serie de nuevas leyes que limitan el derecho a manifestarse generaron aun más malestar popular.
Pavel Skala, gerente de políticas de la Alianza Internacional contra el VIH/Sida, la mayor organización en Ucrania que lucha contra la enfermedad, dijo a IPS que las nuevas disposiciones serían “catastróficas para las ONG”.
En particular, “dificultarán las cosas para las que trabajan contra enfermos de VIH/Sida y les proveen servicios. La epidemia en Ucrania solo se agravará”, alertó.
Por muchos años, Ucrania ha sido uno de los países donde la epidemia se ha propagado más rápidamente, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y en la actualidad presenta la mayor prevalencia de infecciones en Europa.
Sucesivos gobiernos ucranianos fueron criticados por su enfoque contra la enfermedad. Grupos locales e internacionales señalan que las políticas contra el sida en este país carecen de financiamiento, y denuncian que la corrupción y la incompetencia están causando una escasez de medicamentos antirretrovirales.
Según el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre VIH y Sida (Onusida), menos de 40 por ciento de la población infectada en Ucrania recibe antirretrovirales. En comparación, la prevalencia en países de África subsahariana es de alrededor de 80 por ciento.[related_articles]
Aunque históricamente la epidemia se ha propagado especialmente por el consumo de drogas intravenosas (se estima que hay unos 290.000 adictos), las autoridades se han mostrado renuentes a adoptar prácticas para la reducción de daños que han demostrado ser eficaces en la lucha con el VIH/Sida en Occidente.
Cuando en 2004 se descubrió que el gobierno ucraniano había pagado más de 25 veces el valor del mercado por fármacos antirretrovirales, el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria comenzó a canalizar gran parte de sus recursos a las ONG.
Esas organizaciones se enfocaron en programas de prevención, con especial atención a drogadictos y a trabajadoras y trabajadores sexuales.
Los servicios parecen haber logrado cierto éxito. En 2012, disminuyó por primera vez la tasa de nuevas infecciones. Esto se debió a la propagada implementación de programas de reducción de daños.
Pero la provisión de estos servicios se encuentra ahora en jaque. Según las actuales disposiciones, el Fondo Mundial puede canalizar fondos libres de impuestos, pero hay dudas sobre si esto continuará así en caso de que se apruebe la ley para los “agentes extranjeros”.
La Alianza Internacional contra el VIH/Sida implementa el mayor programa de prevención del virus en la región de Europa oriental y Asia central, ayudando a 170.000 adictos a las drogas de más de 300 ciudades a través de sus propios servicios y de los de más de 170 organizaciones afiliadas en todo el país.
La Alianza está registrada como organización sin fines de lucro y, por tanto, el dinero que recibe del Fondo Mundial debe quedar exonerado de impuestos. Pero muchas de sus organizaciones afiliadas, que a su vez reciben parte del dinero, se verán obligadas a registrarse como “agentes extranjeros”.
La Alianza dijo a IPS que, según las leyes propuestas, no podrá canalizar el dinero que recibe del Fondo Mundial, y que los impuestos le obligarán a clausurar sus actividades.
El coordinador de Onusida en Ucrania, Jacek Tyszko, dijo a IPS: “Estamos muy preocupados (por el proyecto). Es potencialmente muy negativo para la situación en el país, pues gran parte de la respuesta al VIH/Sida está a cargo de la sociedad civil”.
“El problema es que… el dinero del Fondo Mundial debe estar libre de impuestos, pero la ley no es clara, y por tanto eso está en duda. Hemos hablado con gente del Ministerio de Salud y hay todo tipo de opiniones”, añadió.
Desde septiembre del año pasado, la Alianza Internacional contra el VIH/Sida libra una batalla contra las autoridades impositivas y de aduanas ucranianas, que procuran gravar la importación de jeringas.
La organización arguye que estas deben estar exoneradas debido a que están amparadas como parte del financiamiento del Fondo Mundial y en el marco de actividades de servicios de salud.
Mientras la disputa continúa, millones de jeringas permanecen incautadas y almacenadas en una instalación especial, a expensas de la Alianza.
“Ya hubo problemas con las autoridades impositivas por gravámenes a la importación de jeringas, y parece que las autoridades ucranianas no están dispuestas a hacer excepciones. Ahora tenemos miedo de que haya más problemas” con el dinero aportado por el Fondo Mundial, dijo Tyszko.
Pero incluso si las ONG se las arreglaran para continuar con sus actividades sin dinero del exterior, la nueva ley podría obstaculizar su trabajo, alertó Skala.
“Las organizaciones serán etiquetadas de agentes extranjeros, vistas como espías, y la legislación le dará a las autoridades la oportunidad de supervisar a esos grupos cuando quieran y tratar de cambiar lo que hacen”, sostuvo.
“Los trabajadores sociales serán tomados como objetivo de las autoridades, habrá un atmósfera hostil para su trabajo y los que integran esas organizaciones tendrán miedo. Todo será más duro para ellos”, añadió.
Y eso parece ya estar ocurriendo. Fuentes de la Alianza dijeron a IPS que algunos miembros de sus organizaciones afiliadas ya estaban preocupados, luego de que agentes de seguridad del Estado los interrogaran sobre el origen de su financiamiento.
