Desde que llegó al poder a fines de 2012, el presidente de China, Xi Jinping, logró consolidar rápidamente su control sobre los tres pilares del sistema político chino: la burocracia estatal, el Partido Comunista y las Fuerzas Armadas.
Como respuesta, muchos de sus países vecinos dieron una cauta bienvenida a un liderazgo con más confianza y estabilidad en Beijing, con la esperanza de que el nuevo mandatario hiciera gala de una mayor flexibilidad en relación a los temas regionales pendientes.
Tras años en que se intensificaron las disputas territoriales entre China y varios estados en el sur y el este del llamado mar de China, aumentaron los temores de un enfrentamiento accidental en alta mar o de una confrontación militar directa en una de las vías de navegación más cruciales del mundo.
En este contexto, la designación a comienzos de 2013 del ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi, un veterano diplomático con considerable experiencia en temas de Asia, se interpretó como una medida positiva para amortiguar las disputas territoriales con países vecinos, especialmente Japón, Vietnam y Filipinas.
Muchos analistas vieron este recambio diplomático como un reflejo del compromiso de las nuevas autoridades de impedir un mayor deterioro de sus vínculos regionales, pero mientras Xi Jinping ha apuntalado las maniobras territoriales del país en el océano Pacífico occidental.
A mediados de año, Xi consolidó varias agencias de seguridad marítima bajo la Administración Nacional de Océanos, lo que garantiza un respaldo más eficaz y vigoroso de los reclamos territoriales del país.
Según expertos, esto permitió a China intensificar sus patrullajes por el mar de China del sur y asegurarse el dominio sobre zonas ocupadas.
Xi fue incluso más lejos, al racionalizar la burocracia de la política exterior china, con la creación en noviembre del Comité de Seguridad del Estado. Este es un organismo integrado de toma de decisiones, que permite al presidente manejar más directamente los asuntos de seguridad nacional y política exterior.
Antes, los líderes chinos tenían que coordinar las decisiones de política exterior mediante un complejo entramado de organismos, específicamente los Pequeños Grupos de Liderazgo sobre Relaciones Exteriores y Seguridad Nacional y la Comisión Central de las Fuerzas Armadas.
A fines de noviembre, China impuso unilateralmente una Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ por su sigla en inglés), que cubre zonas marítimas que reclaman tanto Corea del Sur (el arrecife de Suyan o Leodo) como Japón (las islas Senkaku o Diaoyu) en el mar de China del este.
Para demostrar su compromiso de implementar la nueva medida, China anunció que “adoptará medidas defensivas de emergencia para responder a aviones que no cooperen con la identificación o se nieguen a seguir instrucciones”.[related_articles]
Preocupados por esta decisión de Beijing, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur desafiaron a fines del mismo noviembre a la anunciada ADIZ, con el envío de aviones militares al área, que ignoraron a las autoridades chinas.
A esto siguió una visita del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la región, donde mantuvo conversaciones directas con diferentes líderes en Tokio, Beijing y Seúl, con la esperanza de aplacar las tensiones.
“El anuncio reciente y repentino de China sobre la creación de una nueva Zona de Defensa de Identificación Aérea ha causado, por decir lo obvio, aprensión significativa en la región”, se lamentó Biden durante su visita a Beijing, donde mantuvo tensas conversaciones con Xi.
Mientras, el anuncio del Ministerio de Defensa de China de que establecería otras ADIZ “en un plazo adecuado, tras completar los preparativos” preocupó a las naciones del sudeste asiático, que temen la imposición de una medida similar sobre las disputadas aguas del mar de China del sur.
“Existe la amenaza de que China vaya a controlar el espacio aéreo (en el mar de China del este)… Transformará toda la zona aérea en espacio aéreo interno de China”, dijo el secretario de Relaciones Exteriores de Filipinas, Albert del Rosario, al criticar abiertamente el anuncio de Beijing.
“Eso es una infracción y compromete la seguridad de la aviación civil… (y) la seguridad nacional de los estados afectados”, agregó.
Pero China se negó a anular su ADIZ y envió sus propios aviones de combate al área para hacer cumplir sus normas.
China sostiene que su ADIZ es coherente con las prácticas internacionales establecidas, porque, recordó, países como Estados Unidos, Japón, India, Pakistán, Noruega y Gran Bretaña, mantienen sus propias zonas de identificación aérea.
De hecho, Washington aconsejó a la aviación civil que respete la Zona de Defensa china.
Mientras, Japón y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) han trabajado en una declaración conjunta para expresar su preocupación común sobre la “amenaza” potencial a la aviación civil internacional y la exigencia de libertad para sobrevolar la región.
Distintos informes sugieren que el borrador de declaración reafirma las posiciones comunes de ambas partes sobre la “libertad de navegación” en aguas internacionales y la “seguridad marítima”.
Para muchos observadores, las críticas ampliamente compartidas contra estas últimas medidas de China contrastan diametralmente con la tremenda influencia que se granjeó Beijing en el ámbito regional cuando Xi ofreció acuerdos multimillonarios en materia de comercio e infraestructura para facilitar la integración económica en la región.
La esperanza era que China evitara más tensiones territoriales, mientras busca proyectarse como la nueva potencia dominante en Asia oriental.
“¿Acaso el gobierno anterior (de Hu Jintao) fue diferente del actual? Nosotros esperábamos que el actual fuera mucho más constructivo, y (todavía) esperamos que la situación mejore”, dijo el ministro Del Rosario. Filipinas, expresó, desea que China deje de avanzar territorialmente.
Otros se muestran menos optimistas, señalando la voluntad de los líderes chinos de ajustarse a la creciente y popular ola nacionalista interna, que pauta el nuevo posicionamiento territorial de Beijing.
Las autoridades chinas deben lidiar con una difícil transición económica, mientras intentan establecer un modelo más sostenible, guiado por el consumo interno, mercados de capitales liberalizados y manufacturas de alta gama.
Se prevé que el proceso de transición económica enfrentará la férrea resistencia de los beneficiarios del anterior modelo de crecimiento, intensivo en materia laboral y orientado a las exportaciones. Mientras, los intentos de establecer una economía de mercado más competitiva pueden desatar un periodo de inestabilidad en el futuro.
Hasta ahora, parece que el protagonismo dado por los nuevos líderes chinos a la cuestión territorial, a sabiendas de que es importante para la mayoría de su población, es parte de un esfuerzo calculado por potenciar su legitimidad política, cuando se tiene por delante la implementación de una transición económica peligrosa.
