Las calles de la capital de Egipto se transformaron en la primera línea de una guerra ideológica por el futuro del país, cuyo desenlace es aún incierto.
Al menos 50 personas murieron y otras 286 resultaron heridas desde el domingo 6, cuando se conmemoraba el cuadragésimo aniversario de la guerra de Yom Kipur contra Israel.
A la emblemática plaza Tahrir, en el centro de El Cairo, confluyeron tanto simpatizantes del derrocado presidente Mohammad Morsi, de la Hermandad Musulmana, como partidarios del actual régimen militar portando imágenes de Abdel Fatah al Sisi, el nuevo hombre fuerte del país.[pullquote]3[/pullquote]
Este lunes 7 se produjeron dos atentados contra instalaciones de las Fuerzas Armadas. También hubo enfrentamientos en otras ciudades del país.
El Ministerio del Interior informó el arresto de 423 simpatizantes de Morsi. Se trata del mayor número de detenidos desde el 14 de agosto, cuando las Fuerzas Armadas reprimieron una sentada en El Cairo a favor del presidente derrocado. En ese incidente murieron cientos de personas.
Egipto se encuentra en una etapa clave del debate sobre una Constitución que satisfaga tanto los intereses de los sectores laicos como de los islámicos, y que a la vez sea aprobada por los militares.
Hossam Bahgat, director de la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales, sostuvo que, en esta polarización social, no existe un ambiente propicio “para elaborar una Constitución a través de un proceso democrático, inclusivo y representativo”.
“Vemos más similitudes que diferencias entre el proceso constituyente liderado por la Hermandad Musulmana y el actual”, dijo a IPS.
El 8 de julio, cinco días después del derrocamiento de Morsi, el presidente interino Adly Mansour emitió un decreto creando una comisión de 50 miembros encargada de reformar la Constitución.[related_articles]
La carta magna vigente hasta entonces había sido redactada por una Asamblea Constituyente dominada por la Hermandad Musulmana y otros movimientos islámicos, y aprobada por un referéndum en diciembre de 2012.
Ahora, el único partido salafista en la comisión, Al Nour, defiende los artículos de inspiración islámica, en particular aquellos que subrayan la identidad musulmana del Estado.
“Lo que la Asamblea Constituyente procuró hacer el año pasado fue preservar todos los privilegios que gozaban los militares y a la vez hacer algunas concesiones a los islamistas conservadores, socavando la Suprema Corte Constitucional, que mostraba hostilidad al gobierno de la Hermandad”, explicó Bahgat.
Ahora, representantes del ejército presionan por la inclusión de un artículo estableciendo que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas sea el organismo responsable de designar al ministro de Defensa, siempre que esto no interfiera en los planes del presidente.
Bahgat dijo que el actual proceso constituyente es tan exclusivista como el del año pasado, “e incluso tiene menos credenciales democráticas, porque la actual comisión fue designada por un presidente que a su vez fue nombrado por el ministro de Defensa”.
“Estamos viendo la misma dinámica. Todos saben que los militares conseguirán lo que quieren, el sistema judicial recibirá un tratamiento preferencial y la mayoría de las disposiciones islamistas serán eliminadas”, señaló.
Pero Bahgat no cree que la nueva Constitución dure más que la de 2012. No se puede aprobar una carta magna permanente a través de un proceso que excluya a la gran parte de la población que apoya a Morsi, sostuvo.
“La actual crisis es política, no constitucional, y la solución también será política”, añadió.
Por su parte, Ahmed Badie, portavoz del Partido Salafista Al Watan, fundado este año, dijo a IPS que “la nueva Constitución será hostil al Islam”, porque el objetivo principal de los miembros de la comisión “es vengarse” de los musulmanes.
“Van a trastocar la identidad del Estado”, alertó.
Badie se mostró confiado en que los egipcios rechazarán la nueva “Constitución secular y antiislámica”.
También pronosticó que se incrementarán las movilizaciones en contra del golpe de Estado. Al final, confió, “la legitimidad prevalecerá”. “Lo que se construyó sobre la falsedad es falso”, afirmó.
Explicó además que menos de cinco por ciento de las cláusulas en la ley fundamental de 2012 requieren una enmienda, “pero la comisión, formada en las sombras, quiere destruir nuestra Constitución solo porque fue redactada por islamistas”.
“¿Cómo podemos comparar esta Constitución, elaborada bajo un golpe militar, con la anterior, aprobada bajo un gobierno democrático. Es vergonzoso”, añadió Badie.
Para el representante de la izquierda en la comisión constituyente, Hussein Abdel-Razek, muchas cosas deben ser reformadas en el texto. Según él, este permite el surgimiento de un Estado autoritario y prioriza los intereses del partido de gobierno por sobre los de la democracia.
“La diferencia entre las dos constituciones es clara. Ellos (los islamistas) estaban creando una religiosa, mientras que nosotros redactamos una para un Estado civil, democrático y basado en la ciudadanía y en el equilibrio de poderes”, dijo a IPS.
Se espera que Mansour reciba el texto reformado por la comisión en menos de un mes. A partir de entonces, tendrá otros 30 días para someterlo a referéndum.
Algunos sostienen que esta vez el proceso es más transparente y riguroso. Gran parte de la Constitución de 2012 se definió a través de acuerdos a puertas cerradas y con menos discusiones públicas.
Saad al Din al Hilali, profesor de jurisprudencia en la Universidad de Al Azhar al Sharif, una de las más antiguas de El Cairo, fundada en el año 970, subrayó que la carta magna de 2012 contenía muchas cláusulas que le permitían a la Hermandad retener el poder por décadas.
“La Constitución que se prepara ahora tendrá mucha aceptación, a pesar de las movilizaciones de grupos islámicos y de la Hermandad Musulmana para hacer que el público la rechace en el referéndum”, dijo a IPS.
“La madurez de los egipcios y el gran rechazo a la Hermandad, que quedó en evidencia (en las protestas realizadas) el 30 de junio, impiden que (los islamistas) pongan en marcha su plan. Por tanto, la Constitución será aprobada legalmente por el pueblo”, añadió.
El experto aclaró que la comisión constituyente no iba a rechazar todo el texto de 2012, ya que incluía algunas cláusulas básicas sobre salud y educación, pero sí eliminaría aquellas que violaran libertades civiles.
