La defensa de los inmigrantes “no me la puede cortar nadie, porque nadie puede estar encima de mi conciencia”, enfatizó el sacerdote católico Alejandro Solalinde, uno de los más denodados protectores de las personas indocumentadas que atraviesan México en ruta hacia Estados Unidos.
Solalinde fue contunde ante la consulta de IPS sobre cómo actuará ante los cambios dispuestos por la jerarquía de la Iglesia Católica mexicana para dirigir esa actividad.
“No hubo apoyo a nuestra labor. Hay un desmantelamiento de la estructura pastoral, todo va a ser dirigido desde arriba, desde los obispos”, lamentó Solalinde, fundador del albergue “Hermanos en el camino”, situado en la ciudad de Ixtepec, en el sureño estado de Oaxaca, y que atiende mensualmente a cientos de inmigrantes, en su mayoría centroamericanos.
El sacerdote activista reconoce que “faltaba mucho el involucramiento de los obispos, pero el gran riesgo es que se desconozca el trabajo pastoral”.
Los cambios fueron anunciaron en el XIII Taller Nacional de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana (DPMH), que finalizó este jueves 29 en la norteña ciudad de Monterrey.
En esta reunión, que comenzó el lunes 26, se indicó que la dirección del trabajo pastoral quedará a cargo de los obispos desde cada diócesis, responsabilidad que anteriormente recaía en un coordinador en el terreno.
[related_articles]En México operan 32 diócesis que, entre otros asuntos, atienden principalmente a las familias de los emigrantes y a quienes retornan de Estados Unidos.
Además funcionan 54 refugios para indocumentados extranjeros situados en los puntos por los que discurre el tránsito migratorio, a través muchas veces de trenes de carga.
Uno de esos lugares es administrado por organizaciones laicas de la sociedad civil y los 53 restantes por la DPMH, una de las siete que pertenecen a la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, dependiente de la Conferencia del Episcopado Mexicano.
La Dimensión trabaja con 108 obras pastorales, de las cuales 32 le pertenecen. Del total, 63 incluyen albergues, comedores y seis centros de derechos humanos.
Las obras pastorales son grupos compuestos por laicos, sacerdotes y religiosos no consagrados, apoyados por voluntarios, que ejecutan un proyecto de atención y acompañamiento a favor de las personas migrantes, sus familias y comunidades. Con las variantes introducidas, esa organización será más engorrosa, pues queda sujeta a la opinión de cada diócesis.
Con o sin respaldo “vamos a seguir adelante”, aseguró lacónicamente a IPS fray Tomás González, director del albergue “La 72”, localizado en la ciudad de Tenosique, en el sudoriental estado de Tabasco, una de las rutas más críticas del paso de los extranjeros sin papeles.
González y su equipo han sufrido amenazas de muerte por la protección que dan a los inmigrantes, por lo cual recibieron en 2011 medidas cautelares de la estatal pero autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Unos 170.000 centroamericanos se internan cada año por la frontera sur mexicana para cruzar el país e ingresar a Estados Unidos por el límite fronterizo del norte, según organizaciones pro derechos de los inmigrantes y expertos.
Esa ruta de 5.000 kilómetros de largo está sembrada de abusos, secuestros, extorsiones y otras agresiones perpetradas por organizaciones criminales con la connivencia de policías y funcionarios migratorios, denuncian activistas y migrantes en tránsito.
Hasta julio, las autoridades migratorias mexicanas deportaron a 21.127 hondureños, 18.799 guatemaltecos y 9.089 salvadoreños.
“Es un absurdo, porque los defensores no lo hacen por hobby. Hay defensores, porque hay carencias. Si no, ¿quién va a proteger los derechos (de los inmigrantes)?”, criticó ante IPS la jefa del área de Sociología Política y Económica del estatal Instituto de Investigaciones José María Luís Mora, Leticia Calderón.
En los albergues, los viajeros indocumentados encuentran comida, cama, ropa limpia, aseo, atención médica y asesoría sobre las medidas a tomar para disminuir su vulnerabilidad.
Esos sitios de acogida sobreviven mayoritariamente por donaciones de ropa, víveres y medicamentos.
Los activistas consideran que la Iglesia Católica puede fortalecer sus medidas en pro de los inmigrantes, al tiempo que ven con preocupación ciertas señales, como el traslado en 2012 del refugio “San Juan Diego” del municipio de Lechería al de Huehuetoca, ambos en el central estado de México y colindantes con la capital, por protestas de la población local, así como el asedio contra el comedor “San José” en el último distrito.
Esos sitios son parte de la Diócesis de Tultitlán, a la cual pertenece el presbítero Juan Justino García, secretario ejecutivo de la DPMH.
En su informe de actividades del periodo 2006-2012 “La comunión en la misión: inclusión de los excluidos en el escenario actual de violencia en el país”, la Dimensión resalta “la falta de sensibilización en muchas parroquias, las cuales no conocen nuestra labor pastoral y la llegan a considerar un mero activismo social, poco relacionado con la evangelización”.
Ese reporte enumera que sólo algunas obras pastorales elaboran planes adecuados y realistas sobre las actividades prioritarias y los necesidades materiales, no cuentan con personal suficiente y acceden a recursos de manera inconsistente, solo algunas obras mostraron informes periódicos de actividades, principalmente sobre las personas que atienden, los servicios que prestan y lo que requieren, así como carencias en la obtención, registro y seguridad de la información.
“La comunicación entre las obras pastorales no es consistente, la mayoría no tiene conocimiento sobre la ubicación o las actividades que realizan las demás. El crecimiento de las obras no es similar ni sistemático. También podríamos involucrar más a otras pastorales de las parroquias y a otras diócesis”, cita el documento, cuyos planteamientos serían el origen de los cambios anunciados.
En ese contexto, el acoso contra los defensores de los inmigrantes no ha cesado ni las cuitas de los indocumentados. Este año, las organizaciones enlistan al menos siete incidentes como atentados y allanamientos policiacos contra albergues en varios lugares de este país latinoamericano.
El domingo 25, un tren de carga, abordado usualmente por indocumentados, descarriló en Tabasco y dejó 11 inmigrantes muertos y al menos 18 heridos. Ese ferrocarril ha sufrido al menos cuatro percances a lo largo de su ruta desde 2012.
“Ha habido involucramiento de los laicos y de las mujeres. Ahora no va a ser tan fácil la participación de los laicos. La vida surge de abajo hacia arriba, las cosas se ven muy diferentes desde arriba y se resuelven abajo. La Iglesia tiene miedo al cambio”, resumió Solalinde.
Este sacerdote viajará en octubre a Europa, donde entregará en el Vaticano una carta de familiares de desaparecidos en México para que el papa Francisco les ayude a hallar a sus parientes y otra de “gente de iglesia” para que haya cambios trascendentales en sus estructuras.
