En la última década, varios países de América Latina y el Caribe registraron un crecimiento económico y crearon políticas fiscales para redistribuir la riqueza y reducir la pobreza y la desigualdad, así como para mejorar la cobertura y la calidad de la salud, la educación y los servicios sociales.
Sin embargo, en la región existe una brecha significativa en materia de salud y derechos reproductivos, en especial en lo que respecta a algunos de los objetivos clave del Programa de Acción, (surgido de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, realizada en El Cairo en 1994).
Si tomamos uno de los indicadores básicos de salud reproductiva como la mortalidad materna, su disminución no alcanza para garantizar el cumplimiento en 2015 de una de las metas de los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio.
La mortalidad materna de la región promedia los 80 fallecimientos cada 100.000 nacidos vivos, según estimaciones de 2011 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Banco Mundial.
Además, hay desigualdades significativas entre los países.
Por ejemplo, la mortalidad materna en Uruguay fue de 29 cada 100.000 nacido vivos en 2010, mientras que en Guatemala fue de 120. Haití es el país en peor situación con 350 muertes.
[related_articles]Una proporción significativa de los fallecimientos se deben a abortos practicados en condiciones inseguras, una importante causa de preocupación en la región.
Se estima que en 2008, el número de abortos fue de 31 cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años. Además, 12 por ciento de las 1.100 fallecidas perdieron la vida por interrumpir el embarazo en condiciones inseguras, según la OMS.
El aborto solo es legal en seis países, que juntos concentran menos de cinco por ciento de las mujeres de entre 15 y 44 años, según datos del Instituto Guttmacher, de 2012.
Además de las diferencias en materia de mortalidad materna y posibilidades de abortar en condiciones seguras de un país a otro, también hay desigualdades internas.
Por ejemplo, la fertilidad se redujo de forma considerable en Bolivia (DHA, 2008), pero en los sectores sin educación fue de 6,1 comparado con el 1,9 en sectores escolarizados; y la diferencia entre ciudades y zonas rurales fue de 2,8 a 4,9, respectivamente. En Panamá, la mortalidad materna es cinco veces mayor entre las mujeres indígenas.
Y lo más trágico es que América Latina y el Caribe ocupa el segundo lugar en cantidad de embarazos adolescentes a escala mundial, aproximadamente unos 70 nacidos vivos cada 1.000 niñas de entre 15 y 19 años.
Alrededor de 38 por ciento de las mujeres se embarazan antes de los 20 años y casi 20 por ciento de los nacidos vivos tienen madres adolescentes.
La conclusión es clara: el acceso universal a servicios de salud reproductiva está lejos de ser una realidad en la región.
Teniendo en cuenta los siete componentes del Programa de Acción de El Cairo, los países de la región lograron una mayor prevalencia de anticonceptivos que África y Asia.
Por ejemplo, en 2012, la prevalencia de anticonceptivos entre las mujeres casadas en África fue de 26 por ciento, mientras que en Asia de 47 por ciento, sin contar a China. Pero en América Latina y el Caribe fue de 67 por ciento, según datos del Population Reference Bureau.
Como dije antes, los países de América Latina y el Caribe disminuyeron la mortalidad materna regional a 80 cada 100.000 nacidos vivos, una mejora llamativa, en especial si se compara con África subsahariana, donde hubo 500 muertes, o Asia meridional, donde fueron 220 las que perdieron la vida, según datos de Unicef de 2010.
Pero en otras categorías del Programa de Acción de El Cairo, como en la expresión y la protección de los derechos sexuales y reproductivos, que incluye el acceso a abortos seguros y la atención posterior a la intervención quirúrgica, así como en cuestiones de identidad de género u orientación sexual, todavía queda mucho por hacer.
Las razones de los avances en América Latina y el Caribe ya se mencionaron: el desarrollo general, la alta tasa de escolaridad y el acceso a anticonceptivos, que significaron una ayuda considerable.
Pero no nos olvidemos de que la falta de avances en salud sexual y reproductiva y, en particular, en materia de abortos seguros se debe a que una gran cantidad de países de la región expresaron sus reservas formales a muchos de los elementos del Programa de Acción.
Las reticencias tienen que ver con el propio aborto, con la creencia nacional y/o leyes sobre la necesidad de proteger la vida desde el momento de la concepción y con preocupaciones por configuraciones familiares distintas al matrimonio entre un hombre y una mujer.
Pero si bien varios países de otras regiones expresaron reservas similares, en especial muchos estados islámicos y católicos, solo un país africano y uno asiático (Yibutí y Filipinas) presentaron reservas formales a esos efectos.
Estas reservas siguieron obstaculizando el avance en ciertas áreas y son responsables de la situación que se observa en la actualidad.
Purnima Mane, doctora, presidenta y directora ejecutiva del Pathfinder International, líder mundial en salud sexual y reproductiva.
