Matheus Mendes Costa, un universitario de 21 años, pasó 13 horas detenido en una celda de no más de tres metros cuadrados, en una comisaría de esta ciudad brasileña. Fue arrestado bajo la acusación de agresión a policías y destrucción de instalaciones públicas.
El estudiante de economía fue detenido la madrugada del martes 18, durante una de las numerosas manifestaciones que paralizaron cientos de ciudades de Brasil, dentro de las protestas detonadas por el rechazo al aumento del precio del pasaje del transporte público en algunas urbes y que después pasaron a exigir derechos sociales y políticos.
Costa fue apresado cuando participaba pacíficamente, aseguró, al lado de su padre en la manifestación que aquella noche tomó las calles de Río de Janeiro.
La dura y nada selectica represión policial es vista por los analistas como uno de los elementos que más contribuyeron a avivar la ola de protestas que sacuden a Brasil.
La propia presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, pidió contención a las fuerzas del orden en su discurso al país la noche del viernes 21, subrayó que la población tiene el derecho a la protesta y aseguró que los desordenes y los destrozos los provoca una minoría de infiltrados.
Además, este lunes 24 la mandataria izquierdista convocó a Pase Libre, la organización que comenzó las protestas, y horas después a los gobernadores de los 27 estados del país y los alcaldes de las mayores ciudades. En las dos citas, el cambio de la actuación policial integra la agenda.
“Estaba con la mochila de la facultad y no imaginé que podría sucederme nada. La policía me agarró por la mochila y me arrancó el cartel que enarbolaba”, describió el joven a IPS.
El universitario fue trasladado a un destacamento del Batallón de Choque de la Policía Militar en un grupo de 10 personas, la mayoría estudiantes y un hombre sin hogar.
“Ninguno teníamos perfil de vándalo. Un policía trató de aterrorizarnos diciendo que iba a lanzar una bomba lacrimógena contra nosotros. Los policías que me pegaron carecían de identificación”, relató.
Para ser liberados, Costa y los otros jóvenes tuvieron que pagar fianzas que oscilaron entre el equivalente a 300 y 1.300 dólares. El estudiante dijo que no se observó criterio alguno en las cantidades establecidas.
“Éramos 10 en una celda pequeña y no todos pudieron avisar a sus familiares. Los policías nos sometieron a diferentes escarnios. Hasta el mendigo, para que lo liberasen debió de pagar una fianza, la mayor de todas, y tuvimos que hacer una colecta para ayudarle”, recordó.
Analistas políticos y activistas de derechos humanos coinciden en indicar que en las manifestaciones hubo represión policial indiscriminada junto con desordenes y vandalismo perpetrado mayoritariamente por grupos infiltrados, responsables del saqueo de dependencias públicas y de comercios, que eclipsaron el objetivo pacífico de las convocatorias.
La Orden de Abogados de Brasil (OAB) indicó que tan solo en Río de Janeiro fueron detenidos en forma arbitraria hasta el viernes 21 cerca de 60 manifestantes que quedaron atrapados en medio de batallas entre fuerzas policiales y grupos vandálicos.
“Me angustié porque la policía no hizo su trabajo de detener a los violentos, sino que decidió dedicarse a pegar y detener a los inocentes con falsas acusaciones. Tuve que pagar la fianza sin dejarme demostrar que no hice nada agresivo”, criticó Costa, que debe afrontar un juicio por participación en banda para delinquir.
A Jorge Luiz de Jesus, de 18 años, le fue peor. Pasó una semana preso y estuvo parte del tiempo en la rigurosa cárcel de Bangu, donde tuvo que compartir la celda con narcotraficantes, asaltantes y violadores. Después fue transferido a otra prisión, mezclado con otros 100 encarcelados.
Su arresto se agravó porque la policía le acusó de llevar una mochila con una granada.
“Expliqué que aquella mochila no era mía y entonces el policía me roció aerosol en la cara y me dijo ‘ahora es tuya’. Me forjaron la acusación”, denunció Jesus a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del estado de Río de Janeiro.
Esa comisión está recogiendo decenas de casos de detención arbitraria durante las manifestaciones en la ciudad.
El Ministerio Público (fiscalía) del estado inició una investigación sobre los denunciados abusos policiales y militares, principalmente por el Batallón de Choque.
Para evitar que los manifestantes sean confundidos con gente violenta y detenidos por vandalismo la división de la OAB en Río de Janeiro movilizó a 70 abogados que recorren las calles, comisarías y hospitales de la ciudad para prestar asistencia legal.
El presidente de la Orden en Río de Janeiro, Felipe Santa Cruz, destacó a IPS la presencia de grupos fascistas infiltrados en las protestas y criticó la falta de preparación de las fuerzas de seguridad en proteger a los manifestantes de grupos que van a las marchas para generar violencia.
“La policía no tiene una historia represiva, pero está militarizada y su conducta es de enfrentamiento. Eso facilitó la actuación de grupos neonazis infiltrados, que atacaron con sus barras de hierro desde el comienzo de las manifestaciones. La policía debe garantizar el derecho a la protesta, pero terminó por atacar a los manifestantes”, dijo.
La falta de preparación de las fuerzas de seguridad es foco de numerosas críticas. El padre del joven Costa, un activista por los derechos humanos que preside la no gubernamental Río Paz, calificó la desordenada actuación policial como “un atentado contra la democracia”.
“La policía carece de preparación para actuar con la población en condiciones normales y, mucho menos, en situaciones de grandes protestas. El movimiento fue espontáneo, ganó al pueblo y la gente salió a la calle por las razones más nobles”, analizó Antônio Carlos Costa.
Las demandas se centran en pedir la reforma de Brasil, dijo el activista, para quien el movimiento popular se caracteriza por su carácter reformista y no pretender subvertir el orden, sino generar “una limpieza moral” de la mayor democracia latinoamericana.
Antônio Carlos Costa consideró que, por ello, es un error que el poder público perciba y presente sus acciones como agresivas y de carácter terrorista.
Lo que llevó a la población a las calles, analizó el presidente de Río Paz, fue una revuelta contra los multimillonarios gastos en la construcción y remodelación de los estadios de fútbol para acoger la Copa Mundial de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado), en 2014, con su preámbulo del actual torneo de selecciones de confederaciones.
La Copa FIFA Confederaciones Brasil 2013 comenzó el día 15, en paralelo al inicio de las protestas, y concluirá el día 30. Entre el 23 y el 28 de julio, Río de Janeiro acogerá también la católica Jornada Mundial de la Juventud, en la que participará el papa Francisco, y en 2016 será sede de los Juegos Olímpicos.
“Las autoridades subestimaron la toma de conciencia de la población”, afirmó el activista Costa.
“Hubo mucha voluntad política y mucho gasto de dinero público para hacer las construcciones que pidió la FIFA, mientras que hay deudas sin pagar en nuestras escuelas y hospitales. Y la calle gritó y hay que escuchar ese grito”, indicó.
