La reforma del sistema de justicia de Argentina, propuesta por el gobierno de Cristina Fernández, concluyó la madrugada de este jueves 30 su trámite de aprobación parlamentaria, mientras se acumulan en tribunales los recursos para intentar anularla por esa vía.
Fernández lanzó en abril el proyecto de transformación contenido en seis leyes, con el argumento de “modernizar y transparentar el poder más importante del país, donde se decide sobre la vida, la libertad y el patrimonio de los 40 millones de argentinos”.
Las diversas expresiones partidarias de la oposición rechazaron esos proyectos, aduciendo que el Poder Ejecutivo buscaba el control del Judicial, en tanto varias organizaciones de la sociedad civil se sumaron a la propuesta, cuestionaron con éxito algunos puntos, aportaron al debate y sugirieron cambios, algunos de los cuales fueron tomados en cuenta.
De las seis normas aprobadas, una de las más criticadas fue la que propuso regular las medidas cautelares, una herramienta para prevenir daños irreparables a las personas u objetos del proceso en conexión con una petición o causa pendiente. Esta iniciativa, que busca evitar que se use para frenar por tiempo indeterminado la vigencia de leyes que afectan grandes corporaciones, sufrió cambios a partir de aportes de la sociedad civil.
Las críticas señalaban que, al fijar plazos a esos recursos, se vulneraban derechos humanos, laborales y ambientales. Frente a esos argumentos, el oficialismo aceptó cambiar en parte la letra del proyecto para preservar esas garantías. La oposición igualmente mantuvo su rechazo.
Otro proyecto de ley que desató presentaciones de inconstitucionalidad ante la justicia, es el que modifica el modo de designación de los miembros del Consejo de la Magistratura, encargado de seleccionar a los jueces.
[pullquote]3[/pullquote]La norma establece que los consejeros abogados, jueces y académicos sean elegidos por voto popular, y no por las asociaciones que los representan, como ocurre en el sistema en vigencia.
La Corte Suprema de Justicia prometió celeridad para atender los planteos contra esta ley. La urgencia obedece a que este es un año electoral. En junio se celebrarán elecciones internas a fin de competir para las legislativas nacionales de octubre. Si hay que elegir consejeros, los partidos políticos deben presentar candidatos el mes próximo.
También se aprobó la creación de cámaras de casación, como las existentes en el fuero penal, para el civil y comercial, el contencioso administrativo y el laboral, con el fin de que lleguen menos casos hasta la Corte Suprema.
Otras normas sancionadas son la que obliga a funcionarios judiciales a hacer públicas sus declaraciones juradas de bienes e ingresos y la que impone publicar los fallos.
Apenas comenzó la madrugada de este jueves 30, finalmente, se votó la norma que establece concursos para ingresar a trabajar en casi todos los estamentos del Poder Judicial, desechando las recomendaciones como hasta el presente. A pedido de la Corte Suprema, se modificó el texto original para permitir a los jueces y camaristas elegir directamente a sus secretarios privados y relatores (redactor de sentencias).
[related_articles]“El balance es positivo. Al menos es un debate que está empezando. Pero no se puede hablar de democratización si no hay jurados”, dijo a IPS el abogado Guillermo Nicora, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).
Nicora sostuvo que las reformas aprobadas, incluso con los cambios, no contribuirán a una profunda democratización, que se lograría si la ciudadanía tuviera mayor acceso a la justicia, incluso si participa en su administración a través de los jurados.
“Las reformas reales, que serían el juicio por jurados, la instauración de procesos orales para hacerlos más transparentes, para que se decida de cara a la gente, todo eso sigue pendiente”, advirtió.
“Mantener expedientes escritos y (en procesos) lentos es una mecánica que solo sirve para dar de comer a jueces y abogados, pero aleja a la justicia de la gente”, opinó el especialista del Inecip, una organización no gubernamental que trabaja en pos de la reforma judicial en toda América Latina y el Caribe.
Para Nicora, “si hay jurados, no importa tanto quién interviene en la selección de jueces porque ya no serán quienes decidan”, remarcó.
La participación de jurados está prevista en la Constitución puesta en vigor en 1994, pero nunca se aplicó. Desde su escaño de legisladora entre 1995 y 2007, la actual presidenta Fernández presentó proyectos para que se activara este mandato, pero no prosperaron.
Hace pocos días, cuando la reforma estaba en pleno debate, Fernández adelantó que, en una próxima propuesta de cambios para el Poder Judicial, volverá a la carga con los juicios por jurados, que ya se instalaron en algunas provincias.
Nicora rescató lo bueno de haber empezado a discutir estos temas. “Se debió trabajar con más calma y profundidad, pero al menos el ciudadano entendió que el Poder Judicial no es un castillo inexpugnable. Es decir, no fue un buen comienzo, pero vamos para adelante”, resumió.
En cambio, la abogada Sandra Elena, directora del Programa de Justicia del no gubernamental Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), quedó más desconforme.
“Mi evaluación es muy negativa en general. La justicia debe reformarse, pero no así. No se apuntó a lo central, que es la falta de acceso, la necesidad de hacer más ágiles los procesos. Esos temas no fueron atacados por ningún proyecto”, dijo a IPS.
El Cippec fue una de las entidades que durante los ríspidos debates legislativos participó de la cuestionada difusión de la imagen de legisladores, que supuestamente no habían definido su voto, para exhortarlos a no votar la reforma.
“Había propuestas para mejorar el servicio de justicia, para que los procesos sean más rápidos, con juzgados de menor cuantía, con menores oportunidades para la dilación, con jueces que rindan cuentas, que trabajen en sus oficinas”, explicó.
La reforma que se aprobó, sobre todo la regulación de las cautelares y la elección de consejeros, “va a contramano de la demanda de mejorar el acceso”, criticó.
A medida que las seis leyes se fueron promulgando, representantes de la oposición, de asociaciones de abogados y particulares presentaron recursos de amparo, medidas cautelares o planteos de inconstitucionalidad en su contra.
La norma que mayores rechazos tiene es la de la votación de consejeros. No obstante, los partidos de la oposición se preparan para un escenario adverso y, a la espera de algún fallo, tejen alianzas para promover a sus propios candidatos.
La nueva ley indica que para proponer postulantes al consejo se debe contar con la misma denominación en 18 de los 24 distritos electorales. Esa medida fuerza a los partidos a acordar listas unificadas de candidatos.
