El esfuerzo de una década en Estados Unidos para etiquetar los alimentos con ingredientes genéticamente modificados recibió un impulso significativo esta semana con el ingreso en las dos cámaras del Congreso legislativo de sendos proyectos de ley.
Es la primera vez que una iniciativa de este tipo se presenta en el Senado en más de 10 años, periodo en el cual el uso de organismos genéticamente modificados se amplió en forma exponencial.
En caso de ser aprobados, Estados Unidos se unirá a los 64 países que ya cuentan en el mundo con normas y leyes similares.
"Los estadounidenses tienen derecho a saber qué contienen los alimentos que ingieren para tomar mejores decisiones para sus familias", dijo, tras la presentación de los dos proyectos el miércoles 24, la senadora Bárbara Boxer, del gobernante Partido Demócrata, una de sus defensoras clave.
Boxer fue también la autora de una propuesta de similares características en 2000. Entonces, el proyecto de ley fue una iniciativa personal y no tuvo más apoyo. Pero la iniciativa actual ya cuenta con el respaldo de nueve senadores y 21 representantes, entre los que hay dos del opositor Partido Republicano.
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"Este proyecto cuenta con el apoyo de una amplia coalición de grupos de consumidores, empresarios, agricultores, pescadores y padres que coinciden en que los consumidores se merecen más, no menos, información sobre los alimentos que compran", subrayó.
De hecho, parece que la opinión pública está abrumadoramente a favor del nuevo proyecto, que obligará a la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) a solicitar a los fabricantes de comestibles que etiqueten sus productos en caso de tener organismos transgénicos.
La FDA, dependiente del Departamento (ministerio) de Salud, es el principal organismo regulador de los alimentos.
Según numerosas encuestas realizadas en los últimos años, más de 90 por ciento de los consultados en este país están a favor de que la FDA exija el etiquetado de alimentos con ingredientes transgénicos.
Pero durante años, la propia FDA rechazó solicitudes similares, pese a tener la autoridad legal para ordenar un cambio de esas características. Al contrario, la política actual sigue siendo la de que los transgénicos no eran "materialmente" diferentes a los alimentos sin manipulación genética.
El fundamento detrás de esa postura es que los consumidores no pueden sentir físicamente la diferencia entre alimentos transgénicos y no modificados genéticamente.
"Lamentablemente, la política anticuada de la FDA no acompasa los cambios tecnológicos del siglo XXI que permiten que haya una vasta variedad de cambios genéticos y moleculares en los alimentos que no pueden ser detectados por los sentidos humanos", reza una declaración de la senadora Boxer y del representante Peter DeFazio, quien presentó el proyecto de ley en la Cámara de Representantes.
Esa prueba no es consistente con las 3.000 sustancias que la propia FDA ya obliga a etiquetar.
"La cuestión es que desde hace demasiado tiempo, la FDA se dedica a la política y no a la ciencia", dijo a IPS el director de asuntos gubernamentales del Centro para la Seguridad Alimentaria, Colin ONeil.
"Maíz que produce su propio insecticida, un pez que crece el doble de rápido que lo normal o una manzana que no se pone marrón en 30 días, sabemos que son cambios materiales y que son alimentos novedosos", observó.
Opción, no ciencia
Desde hace unos 15 años, los consumidores estadounidenses comen cada vez más transgénicos, casi siempre sin etiquetar. Varios estudios estiman que casi dos tercios de los alimentos procesados que se venden actualmente en Estados Unidos contienen granos con modificaciones genéticas, en especial maíz y soja.
Su uso comenzó en Estados Unidos, pero desde entonces se propagó a todo el mundo, y ahora los cultivos transgénicos ocupan más de 10 por ciento de las tierras agrícolas. En 2010, más de 80 por ciento de la soja era transgénica.
En los últimos años aumentó mucho la preocupación de la ciudadanía por este asunto. Sin embargo, el debate sobre la manipulación genética suele quedar empantanado en discusiones sobre lo que la ciencia concluyó, o no, al respecto.
Debido, en parte, a la necesidad de estudios de largo plazo y a la relativa novedad de la generalización de su uso, los resultados de las investigaciones apoyan tanto a los partidarios como a los opositores de la manipulación genética.
De cualquier manera, los nuevos proyectos de leyes eluden completamente el debate científico para concentrarse solo en cuestiones de información pública y de libertad de elección de los consumidores.
"El gobierno no etiqueta a los alimentos peligrosos, los retira del mercado", puntualizó ONeil. Es decir que "los alimentos no tienen por qué ser peligrosos para ser etiquetados", explicó.
"Cuando la FDA requirió que los alimentos irradiados fueran etiquetados, por ejemplo, su argumento no giraba en torno a los cambios materiales de los alimentos, sino simplemente a si los consumidores sentían que el hecho de desconocerlo los estaba engañando", arguyó.
Sobre el nuevo proyecto, ONeil comentó: "Es un avance muy significativo" para el movimiento a favor del etiquetado.
"La industria infundió mucho miedo cuando la senadora Boxer presentó por primera vez (en 2000) su proyecto de ley, pero el diálogo cambió drásticamente desde entonces", observó.
"Ya no se trata de si habrá etiquetas, sino de cuándo se exigirán", concluyó.
Mar de fondo
Además del apoyo público, el nuevo proyecto de ley cuenta con el respaldo creciente de empresas y gobiernos estaduales. Solo este año, unos 50 proyectos de ley en 26 estados apuntaron a etiquetar los productos transgénicos.
Más de 100 compañías ya dieron su respaldo público al nuevo proyecto de ley federal. Otras tomaron medidas unilaterales, por ejemplo, la cadena Whole Foods prometió a principios de este mes etiquetar todos los alimentos transgénicos que ofrece para 2018.
Sindicatos de agricultores apoyan la iniciativa debido a los obstáculos que surgieron para la exportación a raíz de que Estados Unidos está rezagado en la materia.
De hecho, de aprobarse los proyectos, simplemente obligará a los productores a hacer para los consumidores estadounidenses lo mismo que hacen para muchos mercados de exportación.
