El anuncio de adhesión de Honduras a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) despierta expectativas y dudas, sobre todo por la velocidad de un proceso que, en otros países de la región, demoró varios años. La EITI es una coalición de gobiernos, empresas, sociedad civil, inversionistas y organizaciones multilaterales que promueven la gobernabilidad en países ricos en recursos naturales mediante la publicación y verificación de los pagos realizados por las empresas y de los ingresos fiscales procedentes del petróleo, el gas y los minerales.
Honduras no tiene aún el estatus de país candidato alcanzado por Guatemala y Trinidad y Tobago en 2011, y mucho menos el de cumplimiento que obtuvo Perú en 2012 tras un proceso que comenzó en 2004.
Esos son los únicos estados de América Latina y el Caribe parte de esta iniciativa que abarca a 35 países, la mitad de ellos africanos.
Honduras tampoco figura en el sitio web de la EITI como país aspirante. Pero su gobierno anunció que pretende completar la fase inicial de adhesión en un año y medio.
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"Nadie puede ir en contra de la transparencia, pero nos sorprende cómo se ha dado esta adhesión, sin consultas a los sectores involucrados, como las comunidades donde se encuentra la minería", dijo a Tierramérica el activista Pedro Landa, de la Coalición Nacional de Redes Ambientales de Honduras.
Landa anunció para las próximas semanas "una posición pública, porque la transparencia y la rendición de cuentas son necesarias, y sentimos que hasta ahora ese proceso de la EITI no ha sido suficientemente transparente".
Cuando el Congreso legislativo aprobó la nueva ley de minería, en enero, se incluyó a último momento un artículo genérico sobre la EITI, que "fue sorpresivo, pues nadie sabía que el país estaba intentando entrar a esta iniciativa", dijo Landa.
La Coalición, con más de 40 grupos ecologistas comunales, tuvo gran protagonismo en el debate de la ley, cuyo texto fue sometido a consultas con diversos sectores durante más de un año.
Cuando entre en vigor, la norma pondrá fin a una suspensión de seis años a los permisos de explotación minera, vigente desde que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales 11 artículos de una ley anterior.
Según dijo a Tierramérica el diputado Donaldo Reyes Avelar, del gobernante Partido Nacional, la novedad de la legislación en ciernes radica en que las comunidades tendrán participación directa en la decisión sobre instalar o no una explotación minera. Además, aumenta el canon que deberán pagar las empresas de uno a dos por ciento de lo producido.
Pero la Coalición se retiró en la etapa final de consultas porque en el texto "no hay claridad sobre la participación de las comunidades en la decisión de aprobar o no la instalación de una minera, y los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas no están definidos", aseveró Landa.
De hecho, unas 400 personas emprendieron este mes una marcha a pie de 10 días desde la localidad norteña de La Barca hasta la sede del Congreso en Tegucigalpa para protestar contra la norma.
Francisca Valle, oriunda del occidental departamento de Santa Bárbara y una de las integrantes de la caminata "Dignidad y soberanía paso a paso", reclamó "mayor transparencia en cuanto a los alcances de la nueva ley, donde no nos tomaron en cuenta".
Junto a ella marchaban representantes de pueblos indígenas, de mujeres y de organizaciones religiosas.
"En estos días de caminata, pernoctando en centros comunales, hemos percibido un calor popular increíble, pues el gobierno con quien socializó (consultó) la ley fue con sus activistas en patronatos que controla; pero la gente de base, el pueblo, está indignado, no lo tomaron en cuenta", dijo a Tierramérica el sacerdote jesuita Ismael Moreno.
Los manifestantes reclamaron un plazo de 90 días para aplicar reformas al texto legal con amplia participación social, y que el presidente Porfirio Lobo vetara el proyecto aprobado. Pero en el parlamento "nos dijeron que llegamos tarde", agregó Moreno.
Se espera que el mandatario sancione la ley en las próximas semanas.
"Lo que sucede es que ni el gobierno ni los congresistas están leyendo el país, y cuando una empresa minera vaya a instalarse, por ejemplo en Santa Bárbara, donde la gente está indignada, esa ley en vez de ser solución será fuente de conflicto y de violencia", advirtió.
Además, al llegar a Tegucigalpa, los manifestantes se enteraron de que el gobierno planificaba su adhesión a la EITI.
Omar Rivera, director ejecutivo del Grupo Sociedad Civil, que nuclea a varias organizaciones no gubernamentales, sí ha seguido de cerca el proceso de la EITI.
El gran desafío es robustecer las instituciones a cargo de controlar la actividad minera, tanto en sus aspectos tributarios, como en su impacto ambiental y en la potencial transgresión de derechos de los pueblos donde se exploten los yacimientos, advirtió Rivera.
"En la actualidad, las instituciones estatales y municipales a cargo de velar por el cumplimiento de la legislación relacionada a la industria minera son insignificantes, con un pobre nivel técnico y sin poder político", dijo Rivera a Tierramérica.
En el gobierno, las expectativas ante la EITI son otras.
Roberto Herrera Cáceres, alto representante y coordinador nacional para la EITI, dijo a Tierramérica que se busca hacer más transparentes las reglas de exploración y explotación de las industrias extractivas, y para ello se cuenta con asesoría del Banco Mundial.
La vicepresidenta María Antonieta Guillén apuntó que el gobierno ha seguido todos los requisitos para ingresar a esta iniciativa, incluyendo la conformación de un consejo consultivo con participación de sectores académicos, empresariales y de la sociedad civil.
El objetivo es que se conozca cuánto se paga de impuestos y en qué se invierten esos recursos. "Queremos sentar bases de una verdadera transparencia en este rubro", dijo la vicepresidenta a medios locales de prensa.
* Este artículo fue publicado originalmente el 16 de marzo por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
