El acuerdo alcanzado entre Argentina e Irán para avanzar en el esclarecimiento del atentado contra la mutual judía AMIA, perpetrado en 1994 en esta ciudad, pondrá a prueba la solidez de una investigación judicial estancada por la falta de cooperación de Teherán.
El Memorando de Entendimiento suscrito entre los dos países, que la semana próxima discutirá la Cámara de Diputados tras ser aprobado este jueves 21 por escaso margen en el Senado, prevé que los ciudadanos iraníes sospechosos de participar en el ataque puedan ser interrogados en su país por la justicia federal argentina.
En caso de concretarse el convenio, no será la primera vez que jueces argentinos se trasladen a otro país para indagar a acusados que no pueden ser extraditados. Pero esta causa, que instruye el juez Rodolfo Canicoba Corral, es la que está requiriendo mayores garantías para evitar que, lo que busca ser un atajo contra la impunidad, se transforme en un callejón sin salida.
El acuerdo a ratificar por el parlamento argentino prevé además la creación de una llamada Comisión de la Verdad, para lo cual se convocará a juristas internacionales, que se pronunciarán sobre la legitimidad del proceso judicial, aunque sus conclusiones no serán vinculantes.
Las investigaciones realizadas hasta ahora por la justicia argentina apuntan a que el atentado contra la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), que destruyó su sede, mató a 85 personas e hirió a más de 300, habría sido planificado por funcionarios y diplomáticos de Teherán, y ejecutado por un miembro del grupo chiíta libanés Hezbolá (Partido de Dios), que habría actuado con financiación iraní.
[related_articles]
La Asamblea General de Interpol (Policía Internacional) aprobó en noviembre de 2007, con calificación de "índice rojo", el pedido de captura internacional elevado por Argentina contra los iraníes Ali Fallahijan, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Mohsen Rabbani y Ahmad Reza Asghari. También estaba incluido el ciudadano libanés Imad Fayez Mughniyah, quien fue asesinado en 2008 en Siria.
Vahidi es en la actualidad el ministro de Defensa de Irán y Rezai es candidato a la Presidencia para las elecciones de junio.
Irán se ha negado persistentemente a extraditar a los acusados. Tampoco aceptó una anterior propuesta argentina de realizar un juicio en un tercer país, como ocurrió con los libios acusados de derribar en 1988 un avión de pasajeros de la hoy desaparecida aerolínea estadounidense Pan Am sobre la localidad de Lockerbie, Escocia, quienes enfrentaron un tribunal en Holanda.
Frente a la falta de colaboración de Irán, denunciada reiteradamente por Argentina en sucesivas asambleas generales de la Organización de las Naciones Unidas, el gobierno centroizquierdista de Cristina Fernández selló este acuerdo bilateral.
Fernández, quien trasladó la iniciativa al Congreso Nacional legislativo el 8 de este mes, dijo que el memorando es "un paso muy importante para destrabar una causa que estaba absolutamente inmovilizada, sin posibilidad alguna de interrogar a quienes la justicia argentina ha inculpado".
El acuerdo es rechazado por la mayoría de los partidos de oposición y por algunas organizaciones de la colectividad judía de Argentina, que temen una trampa de parte de Irán que haga retroceder lo poco que se avanzó en la justicia, mientras que familiares de las víctimas y Amnistía Internacional respaldaron este camino seguido ahora por Buenos Aires.
Amnistía, la organización humanitaria con sede en Londres, indicó en un comunicado emitido este jueves 21 que el memorando es "una oportunidad para alcanzar justicia y reparación para las víctimas del atentado de la AMIA". "Tanto Irán como Argentina deben garantizar que las reglas de procedimiento de la Comisión de la Verdad sean públicas y cumplan con los estándares internacionales", advirtió.
El capítulo más discutido por la oposición al acuerdo es el que crea una Comisión de la Verdad integrada por cinco juristas, que no podrán ser de los países parte del acuerdo, cuyo pronunciamiento no será vinculante, pero que someterá a examen las evidencias que hay en el proceso contra los imputados.
"Hay antecedentes de jueces argentinos que viajaron al exterior para tomar indagatorias, pero este no es un caso más, porque aquí habrá una comisión que va a opinar acerca de si las pruebas que tiene la justicia argentina son o no relevantes", dijo a IPS el abogado y académico Guillermo Jorge, profesor de la privada Universidad de San Andrés.
"Argentina está jugando una carta frente a la nada. No conozco una alternativa para que esta causa avance", sostuvo Jorge, director en esa universidad del centro de Transparencia y Control de la Corrupción en el que se estudian y elaboran propuestas de asistencia jurídica internacional para el esclarecimiento de crímenes que involucran a más de un país.
El experto recordó el caso por el atentado que mató en 1974 en Buenos Aires al exjefe del ejército chileno Carlos Prats y a su esposa, Sofía Cuthbert. La jueza María Servini, a cargo de esa investigación, viajó al exterior para reunir pruebas e indagar a los sospechosos de ser los responsables del crimen.
La acción de Servini en Chile y en Estados Unidos contribuyó a comprobar que el ataque fue ordenado por oficiales de la policía secreta de la dictadura chilena de Augusto Pinochet (1973-1990) y ejecutado por el agente estadounidense Michael Townley, según él mismo confesó bajo condición de testigo protegido en su país.
Últimamente, el juez Ariel Lijo viajó a Alemania para reunir pruebas en una causa contra empresarios de la firma transnacional Siemens, acusados de pagar sobornos a funcionarios argentinos para la aprobación en 1998 de un contrato millonario de confección de documentos de identidad.
En base a la información obtenida en una causa mayor que la justicia alemana realizó sobre la empresa en diversos países por el mismo delito, Lijo pidió la captura de un grupo de directivos de la firma. Alemania negó la extradición, pero el juez se dispone a viajar para tomar allí las indagatorias.
Según la evaluación de Jorge, la controversia en el caso del atentado a la AMIA surge porque, mientras que para la justicia argentina las evidencias acumuladas en el proceso son suficientes para indagar a los sospechosos, para Irán son débiles e insuficientes.
El gobierno de Irán sostiene que la evidencia se basa en informes de inteligencia provenientes de otros países y en testimonios de presuntos arrepentidos. De ahí el rechazo a los pedidos de extradición. No obstante, aceptó el memorando que introduce un nuevo actor en la controversia, que es la Comisión de la Verdad.
"Aun cuando el juez argentino pueda ignorar sus conclusiones, la comisión de expertos puede opinar que las pruebas son suficientes y sólidas, y eso tendrá un peso político. Luego, el tribunal correspondiente evaluará las declaraciones y podrá definir si los procesa o no. Sería un avance procesal", analizó.
Pero otro escenario posible, dijo, es que la comisión rechace las pruebas. "Hay juristas que detestan evidencias basadas en informes de inteligencia que responden a intereses políticos", advirtió Jorge. En este punto, Argentina tiene un antecedente que no juega a su favor, recordó.
En 2003, uno de los sospechosos iraníes, Hadi Soleimanpour, fue detenido en la Universidad de Durham, en el nordeste de Inglaterra, para su eventual extradición a Argentina, debido a una orden de captura en su contra dictada por Interpol. El detenido había sido embajador de su país en Buenos Aires cuando se perpetró el atentado a la AMIA.
Pero luego de analizar los elementos de la causa argentina, Soleimanpour fue liberado por la justicia británica por falta, según el juez actuante, de evidencia clara sobre su implicación en el atentado. Este es un elemento de la causa que es reivindicado por Irán como presunta muestra de que el proceso está viciado.
Interpol cesó la búsqueda del diplomático tras su breve detención en Londres.
Sin embargo, Argentina argumenta que desde aquel momento hubo avances en la prueba recolectada. Además, entonces el juez a cargo era Juan José Galeano, quien fue luego destituido de su puesto por graves irregularidades cometidas en la investigación de la conexión local del ataque.
