LONDRES – La guerra civil en Sudán sigue su curso. Han pasado casi tres años y medio desde que las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y las milicias de las rebeldes Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) iniciaron su lucha por la supremacía, y ambas fuerzas, junto con sus aliados, siguen masacrando a la población civil con total impunidad.
Como deja claro un informe reciente de la ONU, esta matanza es posible gracias a numerosas potencias extranjeras que siguen suministrando armas, personal y apoyo logístico.
Han convertido un conflicto civil en su guerra por poder, y sus propios intereses están alimentando la matanza.
Guerra con drones
La situación está relativamente tranquila en la capital, Jartum, donde se levantó recientemente el toque de queda tras su reconquista por parte de las SAF el año pasado, pero las FAR siguen controlando zonas importantes, y los combates se concentran en las regiones de Darfur y Kordofán, al oeste, y en el estado del Nilo Azul, al sureste.
Ambas partes utilizan ahora de forma generalizada drones para matar a civiles. En febrero, un presunto ataque con drones de las RSF -la sigla en inglés por las que se conoce también a las milicias rebeldes- contra un convoy de ayuda humanitaria en Kordofán del Sur mató a tres trabajadores humanitarios e hirió a otros cuatro.
En mayo, un presunto ataque con drones de las SAF contra un mercado abarrotado en Ghubaysh, una localidad controlada por las FAR en Kordofán Occidental, mató a 28 personas mientras compraban alimentos. En agosto, otro probable ataque de las SAF contra una sesión judicial en una aldea controlada por la RSF mató a 35 personas.
Las RSF están atacando El Obeid, una ciudad de alrededor de medio millón de habitantes situada en Kordofán del Norte.
Los drones de las FAR han alcanzado hospitales y escuelas. La población teme que se repita lo ocurrido cuando las FAR tomaron la ciudad de El Fasher el pasado mes de octubre.
La Misión de Investigación de las Naciones Unidas concluyó que la masacre subsiguiente, en la que las FAR mataron al menos a 60 000 personas, presentaba los «rasgos característicos de un genocidio», con asesinatos por motivos étnicos y violencia sexual generalizada.
Emergencia humanitaria y de espacio cívico
La guerra ha provocado la mayor crisis humanitaria del mundo. Más de 11 millones de personas se han visto desplazadas por la fuerza dentro de Sudán o hacia países vecinos, y alrededor de 20 millones sufren inseguridad alimentaria aguda.
Existe una gran necesidad de la ayuda que ofrece la sociedad civil, pero a las organizaciones humanitarias les resulta difícil prestar asistencia debido a los riesgos de seguridad y a las restricciones de acceso y movimiento.
El gobierno sudanés también está socavando la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para operar. En febrero, las autoridades revocaron las licencias de cuatro organizaciones cuya misión era proporcionar ayuda, asistir a las víctimas y promover la paz.
Los periodistas, especialmente las mujeres, son objeto de ataques, lo que dificulta aún más dar a conocer la verdad sobre lo que está ocurriendo sobre el terreno.
En enero, el Sindicato de Periodistas de Sudán registró que 14 periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación habían sido asesinados en 2025. En diciembre de 2025, se informó de que 40 % de las mujeres periodistas habían sufrido agresiones sexuales, violencia física, acoso o amenazas.
Potencias extranjeras detrás de la guerra
El pueblo sudanés no puede esperar mucha ayuda de un Consejo de Seguridad de la ONU estancado.
En agosto, el gobierno de Estados Unidos propuso una resolución para ampliar el embargo de armas que actualmente se aplica a Darfur a todo el país, incluyendo explícitamente los drones.
El gobierno sudanés condenó la propuesta y Rusia la rechazó, lo que, dado su derecho de veto como miembro permanente, significa que la resolución no seguirá adelante a menos que se suavice considerablemente.
Rusia vendió inicialmente armas tanto a las FAR como a las SAF, pero más recientemente se ha posicionado a favor de las SAF, convirtiéndose en un importante proveedor de armamento a cambio de oro y de una posible base naval en el mar Rojo.
A ella se suman varios otros Estados con intereses directos en el conflicto. La Misión de Investigación de la ONU ha puesto de manifiesto cómo las SAF están utilizando drones suministrados desde el extranjero, mientras que redes transnacionales mantienen abastecidas a las FAR.
Además de Rusia, entre los Estados que suministran armas u otro tipo de apoyo militar a las SAF, o que lo han hecho en algún momento desde que comenzó la guerra, se encuentran Egipto, Eritrea, Irán, Libia, Qatar, Arabia Saudí, Somalia, Turquía y Ucrania.
Entre los que han respaldado a las FAR de diversas formas se encuentran la República Centroafricana, Chad, Etiopía, Kenia, Sudán del Sur, Uganda y, el caso más notorio, los Emiratos Árabes Unidos (EAU). También se han utilizado armas procedentes de países como Canadá, China, Israel y el Reino Unido.
En la mayoría de los casos, los Estados niegan su implicación.
Existen numerosas pruebas de que los EAU suministran ampliamente mercenarios y armas a las RSF a través de rutas de tránsito africanas, a cambio de oro y con la esperanza de afianzarse en la región.
Los EAU financiaron a mercenarios colombianos que desempeñaron un papel activo junto a las RSF en la masacre de El Fasher.
Recientemente se ha revelado que personas y entidades vinculadas al líder de la RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti, han adquirido propiedades por valor de más de 24 millones de dólares en Dubái, la ciudad-émirato de los EAU, probablemente pagadas con oro de contrabando.
La dependencia de los EAU de que los Estados fronterizos con Sudán permitan el paso de sus convoyes conlleva el riesgo de que el conflicto se extienda, como se vio en los presuntos ataques aéreos de las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) contra un convoy militar en Chad en agosto.
Presión para que se rindan cuentas
Una nueva iniciativa para exigir responsabilidades a figuras extranjeras ofrece cierta esperanza de justicia.
En junio, el Centro Raoul Wallenberg para los Derechos Humanos y un grupo de organizaciones de la sociedad civil presentaron un escrito ante la Corte Penal Internacional (CPI), solicitándole que investigara a varios funcionarios extranjeros por complicidad en crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra en Sudán.
El escrito aportaba pruebas de la implicación de los Gobiernos de Egipto, Irán, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.
La CPI tiene en curso también una investigación sobre la situación en Darfur, escenario de un genocidio entre 2003 y 2005.
Ha confirmado que los crímenes contra los derechos humanos cometidos durante la guerra actual entran dentro de su jurisdicción como parte de esta investigación, y en junio anunció que disponía de «pruebas concretas» que vinculaban a los líderes de las RSF con las atrocidades cometidas en El Fasher.
Es fundamental que los responsables de los crímenes contra los derechos humanos rindan cuentas ante la justicia, y esto debe incluir a los dirigentes de los países que libran una guerra por poder.
Para que haya paz y justicia, hay que poner fin a la impunidad de las potencias extranjeras que están alimentando la guerra.
Andrew Firmin es redactor jefe de Civicus, codirector y redactor de Civicus Lens y coautor del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
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