Los consumidores de marihuana se hallan atrapados en una maraña legal plagada de contradicciones en México, donde el código penal permite el uso del cannabis pero persigue su producción, distribución y venta.
"Basta de criminalizar inocentes. Se permite el consumo de marihuana, pero no se dice dónde adquirirla. Y quien la produce o transporta es un criminal", señaló a IPS el académico Enrique Carpizo, de la Facultad de Derecho de la pública Universidad Nacional Autónoma de México.
La legislación mexicana permite la tenencia de cinco gramos de esa hierba para consumo personal.
La marihuana es la droga ilegal más consumida en este país latinoamericano con casi 117 millones de habitantes, seguida por la cocaína y las sustancias inhalables, establecen datos de la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, elaborada por la Secretaría (ministerio) de Salud.
Esa medición encontró una prevalencia anual de 1,8 por ciento en el consumo de todas las sustancias, de las cuales la hierba, popularmente llamada "mota" en México, representa 1,2 por ciento, y la cocaína 0,5 por ciento.
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El documento refiere que el grupo de edad más afectado por el consumo de marihuana está en quienes tienen entre 15 y 19 años, con 57 por ciento del total. También resalta que su uso llega a comenzar antes de los 11 años.
La misma encuesta muestra que México no presenta un problema agudo de consumo de psicotrópicos, aunque ellos tengan atrapado el país en una situación de violencia, porque su territorio es punto neurálgico de su producción y tráfico hacia Estados Unidos, el mayor mercado mundial de drogas ilícitas.
"Tenemos que proteger a los jóvenes y los adolescentes" en materia de consumo, planteó a IPS la directora general del Instituto Nacional de Psiquiatría, María Medina-Mora.
En su investigación "Epidemiología de las adicciones con énfasis en la marihuana", la experta corroboró el aumento de la disponibilidad de cannabis entre 2008 y 2011 y la duplicación de su uso de 1988 a 2011. Pero no halló evidencia de que su consumo sea un trampolín para el consumo de las llamadas drogas "duras", como la cocaína.
La Ciudad de México, cuya población supera los 20 millones de personas al sumar el área metropolitana, es una muestra representativa de los problemas legales que enfrentan los consumidores de cannabis.
La Ley General de Salud de del Distrito Federal, asiento de la capital del país, obliga a sus autoridades a combatir el comercio minorista de drogas y la Primera Encuesta de Usuarios de Drogas Ilegales en la Ciudad de México de 2012 mostró que casi 67 por ciento de los entrevistados fue extorsionado por autoridades para no ser denunciados.
En el plano nacional, la guerra contra los cárteles de las drogas, principalmente de cocaína, traumatizó a la sociedad mexicana y marcó al gobierno del conservador Felipe Calderón (2006-2012), con un saldo de 100.000 personas muertas, 25.000 desaparecidas y 240.000 desplazadas de sus hogares.
Su sucesor, Enrique Peña Nieto, del tradicional Partido Revolucionario Institucional, no ha concretado cómo será su estrategia contra las mafias del narcotráfico desde que asumió el cargo el 1 de diciembre. Pero sí dio señales claras de su rechazo a la legalización de la producción, distribución y venta incluso minorista del cannabis.
El 11 de este mes, México fue el único país latinoamericano que no aprobó la concesión a Bolivia de la no proscripción del mascado de hoja de coca, una práctica ancestral en ese país. Esa dispensa facilitó su reincorporación a la Convención Única sobre Estupefacientes, que desde 1961 veta su manufactura y tráfico ilícito.
Pero el gobierno mexicano tendrá que afrontar nuevas realidades de despenalización de la marihuana entre sus vecinos. En Estados Unidos, los estados de Colorado y de Washington pasaron a permitir su producción, traslado y venta, mientras Guatemala planea el comercio controlado de cigarrillos de la hierba en determinadas zonas del país.
"México se ha mantenido al margen de ese debate por razones ideológicas. Pero ahora debe discutir la regulación, debe tomar una decisión informada que respete los derechos humanos y la salud", sostuvo Carpizo.
Este país es signatario de otros dos acuerdos internacionales, además de la de estupefacientes: la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas, de 1971, y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas y Sustancias Psicotrópicas, de 1988. Los tres tratados establecen barreras a desmantelar la estrategia prohibicionista.
En Estados Unidos, unos 30 millones de sus 312 millones de habitantes consumen anualmente unas 3.700 toneladas de marihuana, cuyo valor en el mercado minorista va de los 15.000 millones a los 30.000 millones de dólares.
Así lo establece el informe "Si los vecinos legalizan", elaborado por Alejandro Hope y Eduardo Clark, del no gubernamental Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
El estudio detalla que, de ese consumo, entre 40 y 67 por ciento proviene de México, productor de esta droga y de anfetaminas, además de ser el tránsito de cocaína, procedente mayormente de Colombia.
Las mafias del narcotráfico obtienen unos 2.000 millones de dólares anuales por la comercialización de cannabis, producida en el occidente y sur del país, mientras que la cocaína les reporta 2.419 millones, indica el Imco.
"La regulación del consumo de marihuana podría bajar los precios y eso nos lleva a cómo podríamos regular una política vía impuestos. ¿Cómo ha manejado el problema el sector salud? ¿Qué ventajas tendría definir el fenómeno como un problema de salud?", se preguntó Medina- Mora.
La encuesta sobre el consumo recomienda que "los datos muestran la necesidad de reforzar las acciones desarrolladas para reducir la demanda de drogas". "Si bien el consumo en general se ha estabilizado, es importante ampliar la política de prevención y tratamiento y dirigir más acciones hacia la población adulta joven", apunta.
"La ley intenta hacer una distinción entre consumidores y narcomenudistas que posiblemente esté destinada al fracaso, sin percibir que la policía lo viene haciendo hace tiempo de manera práctica y lucrativa: consumidores son los que pagan y narcomenudistas son los que se niegan a ser extorsionados", escribió el columunista Gustavo Fondevila, en el diario Reforma.
