La serie de asaltos a comercios que se sucedieron en ciudades de Argentina en las últimas horas evocó el estallido social y los saqueos de diciembre de 2001, cuando colapsó el sistema económico y financiero. Pero analistas advierten que el actual escenario es muy distinto.
A fines de 2001, la recesión económica ya cumplía tres años, el desempleo superaba 24 por ciento de los activos y más de 50 por ciento de la población vivía en la pobreza. Las protestas que estallaron entonces, reprimidas a palo y balas con un saldo de 40 muertes, provocaron la fuga del presidente Fernando de la Rúa dos años antes de terminar su mandato de cuatro.
En la actualidad, el país viene de una década de consistente crecimiento económico a un ritmo anual de ocho por ciento, salvo en 2009 debido a la naciente crisis global, y el enlentecimiento de este año. La desocupación permanece en 7,6 por ciento y la pobreza, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, es la más baja de la región al afectar solo a 5,7 por ciento de los 40 millones de habitantes.
Por eso causaron sorpresa los saqueos a seis supermercados por personas con las caras cubiertas, ocurridos el jueves 20 en la ciudad de San Carlos de Bariloche, principal atractivo del turismo internacional de invierno en Argentina, en la sudoccidental provincia de Río Negro.
Ante el reclamo de las autoridades locales, el gobierno nacional de la centroizquierdista Cristina Fernández envió 400 efectivos de Gendarmería, policía militarizada.
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Horas después y este viernes 21, los desmanes se repitieron en otras ciudades, pero con mayor dramatismo. En la nororiental Rosario, una de las urbes más importantes de Argentina, se registraron al menos 25 asaltos, destrozos y hasta incendios en tiendas, donde murieron dos personas: una mujer a causa de la herida provocada por la rotura de una vidriera y un hombre por un impacto de bala.
La policía detuvo en esta urbe a unas 130 personas y la intendenta, Mónica Fein, solicitó al gobierno nacional también el envío de tropas de Gendarmería.
En Campana y su vecina Zarate, en la oriental provincia de Buenos Aires, la violencia y los robos derivaron en la detención de 117 personas. Más tarde, los ataques a comercios se sucedieron en zonas metropolitanas de la capital argentina, como Virreyes, San Fernando o Lomas de Zamora.
Sin acercarse a los medios audiovisuales para hacer reclamos o denuncias, como ocurrió en 2001, los atacantes irrumpían en los comercios y salían cargados de alimentos, ropa, computadoras, televisores y otros electrodomésticos. Algunos portaban palos y piedras para romper vidrios, persianas, anaqueles y mobiliario.
Imágenes de emisoras de televisión y en redes sociales muestran en muchos saqueos a mujeres, hombres, jóvenes y adolescentes llevando cajas con electrodomésticos, carros cargados de prendas de vestir y otros artículos.
Un vídeo tomado en la localidad de Grand Bourg, un distrito urbano en la zona metropolitana norte de Buenos Aires, muestra a hombres salir corriendo de un supermercado cargados con mercadería que suben a vehículos particulares sin que nadie los detenga.
Consultada por IPS, la socióloga Norma Giarraca, del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la estatal Universidad de Buenos Aires, reafirmó que "las condiciones socio-económicas actuales no tienen nada que ver con las de 2001".
Giarraca, autora del libro "Tiempos de rebelión: ¡¡Qué se vayan todos!!" en el que analiza el movimiento social surgido al calor del colapso económico, social y político de ese año, aseguró que "la situación no es para nada la misma".
"Se puede cuestionar que con un crecimiento económico que llegó a ocho por ciento anual no se hizo la distribución del ingreso que se podía hacer, pero sí hubo distribución y no se está decreciendo", diferenció.
Motivos ocultos
El gobierno de Fernández, a través de su jefe de Gabinete ministerial, Juan Manuel Abal Medina, responsabilizó de los saqueos a sectores sindicales opositores que realizaron el miércoles 19 una manifestación contra el impuesto a las ganancias que grava los salarios más altos.
En tanto, autoridades provinciales y municipales coincidieron en que los disturbios, que mantienen a las fuerzas de seguridad en alerta, no son expresión de una protesta o un reclamo, sino delincuencia simple, instigada por otros intereses que no identifican.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, declaró que "llevarse un (televisor con pantalla de) plasma no es (tener) hambre, es un hecho vandálico. Esos individuos con la cara tapada irrumpen en los supermercados para robar", acusó.
Por su parte, el intendente Sergio Massa, de la localidad de Tigre, donde se produjeron robos, saqueos y destrozos en diversos comercios y supermercados, indicó que son simplemente "ladrones" cuya osadía es "inexplicable sin agitadores detrás".
La socióloga Giarraca sostuvo que la protesta sindical del miércoles "fue para que se retire el impuesto a las ganancias, pero no era el reclamo de 2001 por el no-salario de millones de desocupados".
Restadas esas condiciones para explicar esta nueva ola de saqueos, la experta indicó que "solo quedan motivaciones políticas".
"Los dirigentes partidarios y sindicalistas opositores buscan desestabilizar al gobierno" de Fernández, denunció.
También llamó la atención sobre la gran cantidad de adolescentes y jóvenes que protagonizaron estos episodios de violencia, lanzando piedras contra la policía que resistía detrás de escudos protectores y respondía con balas de goma. "No nos olvidemos que en Argentina hay cerca de 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan y que son carne de cañón para estar al servicio de grupos políticos o de delincuentes", advirtió.
Al respecto, el obispo católico de Bariloche, Fernando Maletti, señaló que aún hay argentinos "en situación de emergencia" y agregó que, a su juicio, los jóvenes de su ciudad fueron "instigados" a cometer saqueos en supermercados y comercios minoristas.
Maletti celebró "las cosas buenas que se están haciendo", pero pidió profundizar el proceso de contención social y de falta de horizonte, "particularmente de los miles de jóvenes que están a la deriva y no tienen proyecto".
Por su parte, Néstor Pitrola, dirigente del izquierdista Partido Obrero, crítico del gobierno nacional, hizo otra lectura de los sucesos. Dijo a IPS que el alza en el precio de los alimentos "está afectando seriamente a los sectores más empobrecidos".
"Nosotros no apoyamos la estrategia de los grupos que se organizan para ir a los supermercados a reclamar alimentos y mucho menos avalamos los saqueos, pero sí reclamamos al gobierno por una inflación que ya es de 30 por ciento anual", fustigó, en referencia al indicador que manejan entidades privadas en discrepancia con los datos oficiales que rondan entre ocho y nueve por ciento.
Respecto de 2001, Pitrola admitió que "los escenarios nunca son idénticos", pero advirtió que "el gobierno está acumulando circunstancias explosivas" y que "no hay que extrañarse si tenemos más de este tipo de estallidos sociales".
Consultado acerca de supuestos instigadores, el dirigente dijo que no se sorprendería de que hubiera "punteros" (militantes que operan como referentes locales) del propio Partido Justicialista "que estén aprovechando el cuadro de marginalidad social" para agitar este descontento.
La presidenta Fernández pertenece al Partido Justicialista (peronista), pero en el marco de la corriente centroizquierdista Frente para la Victoria, combatida por sectores derechistas internos o que se declaran independientes.
A pesar de haber sido reelegida a fines de 2011 con 54 por ciento de los votos, la mandataria enfrenta una tenaz oposición de fuerzas partidarias de distintos signos ideológicos y de parte del sindicalismo dividido en dos centrales, que en los últimos meses se expresaron en actos, cacerolazos y huelgas.
