Cada fin de mes, Wilson Sandi prepara con la destreza de un ingeniero ambiental un plan de trabajo para que indígenas achuar, como él, registren las huellas de 40 años de explotación de hidrocarburos en la región amazónica peruana de Loreto.
Sandi es el coordinador de los monitores del Programa de Vigilancia Territorial Ambiental creado por Federación de Comunidades Nativas del río Corrientes (Feconaco), que concentra su labor alrededor en los lotes petroleros 1AB y 8, operados por la compañía de capitales argentinos Pluspetrol Norte.
Con equipos GPS, fotos y videos, los monitores registran los pasivos ambientales que permanecen desde hace varios años, así como las nuevas fugas de petróleo en cochas, quebradas, ríos y suelos de los que dependen las comunidades indígenas.
Desde que Feconaco empezó a implementar este programa en 2006, se documentaron 120 derrames. Junto a otras dos organizaciones indígenas del vasto territorio de Loreto, en el extremo nororiental, han logrado ubicar pasivos ambientales que ni siquiera el Estado no había incluido en su registro oficial.
Si se suman los monitores de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep) y la Federación de las Comunidades Nativas del Alto Tigre (Feconat), unos 40 de estos inspectores recorren de arriba abajo las cuencas de los tres ríos.
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Son los ojos entrenados de las comunidades que acumulan evidencias técnicas para respaldar los reclamos de los dirigentes indígenas al Estado y a la empresa, en medio de un clima de desconfianza.
"Este es el mejor mecanismo que hemos tomado como organizaciones", dijo a Tierramérica el quechua David Chino, vicepresidente de Fediquep.
Una cuarta organización, la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat), replicará en breve la experiencia en la cuenca del río Marañón para llenar el enorme vacío que deja allí el Estado.
En cuatro décadas de explotación petrolera en Loreto, Perú no ha logrado elaborar un registro actualizado de los pasivos ambientales de esa actividad, ni en todo el territorio nacional ni en la Amazonia.
Unos 9.000 pozos abandonados se identificaron principalmente en la zona norte del país. De ellos, más de 6.000 fueron mal cerrados y representan algún tipo de impacto ambiental. De la lista total, apenas se registraron 300 de la selva, informó a Tierramérica el ingeniero Jorge Villar, del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).
El Estado casi no logró ubicar los pozos mal abandonados en la selva. Por eso "nosotros estamos haciendo lo que hace tiempo las autoridades debieron enfrentar", dijo Sandi a Tierramérica.
Con este esfuerzo, los líderes consiguieron la atención del Estado y que un grupo parlamentario visitara esas zonas a mediados de este año y elaborara un informe alertando de la situación.
También lograron que las autoridades fiscalizadoras iniciaran procesos administrativos para investigar en el terreno y elaborar un mapeo ambiental de esas cuencas de Loreto. El objetivo es que se actualice el registro de pasivos y los nuevos daños.
Cuando Pluspetrol Norte comenzó a operar en la zona, "no se identificaron todos los daños" que habían dejado las operaciones de la trasnacional estadounidense Occidental Petroleum en el lote 1AB, señaló a Tierramérica el antropólogo Peter Rodríguez, asesor de Fediquep.
Por eso no se pudo exigir a Pluspetrol que asumiera la remediación de esos daños que heredó y tampoco la implementación de un control adecuado de sus actividades.
De momento, sigue congelada la elaboración de un inventario de pasivos ambientales porque Osinergmin y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) no resuelven quién debe asumir la tarea, ordenada por ley.
Para sacudir ese limbo burocrático, "nosotros trabajamos" por nuestras comunidades, dijo Sandi.
"Antes la empresa decía: 'esa foto puede ser de Ecuador, ¿de dónde será?'. Pero ahora todas las fotos y los videos están registrados por coordenadas. No mentimos", agregó.
Como parte de las acciones indígenas, Pluspetrol Norte firmó en octubre de 2006 el Acta de Dorissa con Feconaco y el gobierno regional de Loreto para realizar trabajos de remediación y de desarrollo. Entre los compromisos que asumió la empresa está el financiamiento del programa de vigilancia de monitores indígenas.
Además, la empresa está obligada a entregar información para que los monitores realicen su trabajo.
Las organizaciones indígenas mantienen un entrenamiento constante de sus monitores en asuntos de ingeniería ambiental, hidrocarburos, normas y manejo de equipos, entre otras materias.
Y hoy las organizaciones indígenas tienen el banco de datos de daños ambientales más completo. Solo Feconaco cuenta con 22.500 archivos digitales.
La tarea es ardua. Durante 15 días de cada mes, estos inspectores recorren kilómetros en la espesura de la selva en jornadas que pueden durar más de ocho horas diarias. Inicialmente era un trabajo voluntario, pero los que actúan en la cuenca del río Corrientes reciben un pago simbólico de casi 300 dólares.
Todos los monitores son elegidos por su comunidad, y en la mayoría de los casos tienen estudios secundarios completos, y sus edades oscilan entre 18 y 60 años.
En cualquier caso, la consigna es que no abandonen el trabajo, que les permite acumular conocimiento. Esto es importante, porque algunos monitores jóvenes fueron seducidos por Pluspetrol para sumarse a sus equipos de monitoreo, o tentados por nuevos empleos en la ciudad, señaló Rodríguez.
Ahora, las organizaciones impulsan el reconocimiento oficial de este programa por parte del gobierno regional de Loreto y la aprobación de un proyecto de ley de monitoreo y vigilancia ambiental indígena.
El contexto político es interesante. La primera consulta previa que realizará Perú, en aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, será en Loreto.
Los dirigentes nativos ven aquí una oportunidad para exigir al gobierno que dé respuesta al deterioro ambiental acumulado por décadas.
* Este artículo fue publicado originalmente el 8 de diciembre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
