«Ya no necesitamos que otros hablen por nosotros. Ahora tenemos voz propia», dijo con entusiasmo el indígena Armando Kispe, de la comunidad kolla Queta, desde su puesto de trabajo en la radio Pachakuti, instalada en la altura de la puna de la noroccidental provincia argentina de Jujuy.
Pachakuti es la primera emisora indígena reconocida en el marco de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, promulgada hace tres años y que favorece la democratización del espectro radioeléctrico al establecer una cuota máxima de licencias por propietario y abrir espacios a la sociedad civil.
Esto fue aplaudido por el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, quien en su reciente visita a Buenos Aires remarcó que esta ley "es un modelo para el continente y otras regiones del mundo".
No obstante, la nueva norma es rechazada por la oposición política conservadora y tradicionales empresas periodísticas, como Clarín, que monopoliza la televisión para abonados en Buenos Aires y su zona metropolitana. La justicia dio plazo hasta el 7 de diciembre para presentar su plan de desinversión.
La nueva norma, considerando a la comunicación como un servicio público, dispone el reparto de las licencias en tres partes iguales para prestadores estatales, privados y gestores sin fines de lucro.
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"En particular, se destaca la incorporación de nuevos actores (
) como los pueblos originarios y las universidades nacionales" y otras entidades educativas, se indica en el articulado. (http://www.afsca.gob.ar/ley-de-servicios-de-comunicacion-audiovisual- 26-522/)
En estos casos sin fines de lucro, la ley no exige un concurso, sino que otorga las licencias mediante un trámite que consiste básicamente en pedir autorización para hacer uso de la frecuencia.
Kispe ya tenía alguna experiencia en radio, pero tomó el curso que brindó en 2011 el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) en Abra Pampa, en la puna de Jujuy, y ahora es uno de los 12 operadores y locutores de radio Pachakuti.
"Estamos 16 horas al aire, con programas de noticias de las comunidades, de educación, de historia de los pueblos originarios y también de música, la mayoría andina, aunque también de otros géneros que gustan a la gente", contó a IPS.
"Tener un medio propio significa que ya no necesitamos que otros hablen por nosotros. En otros medios éramos censurados. Ahora tenemos voz propia. Podemos luchar por nuestros territorios y por el medio ambiente", resumió Kispe.
Educando nuevas voces
Cecilia Aguilar, profesora del ISER, comentó a IPS cómo fue la experiencia de brindar el Seminario de Introducción a la Comunicación Radiofónica en Abra Pampa y en otros pueblos originarios. "Hicimos hincapié en la importancia de organizar y gestionar la radio desde su identidad, formas de hablar y riqueza cultural", explicó.
El mismo seminario se realizó este año en El Huecú, una localidad de apenas un millar de habitantes de la sudoccidental provincia de Neuquén, ubicada a 1.200 metros sobre el nivel del mar y distante 600 kilómetros de la capital de ese distrito. En El Huecú encontraron un elenco heterogéneo de representantes de la comunidad mapuche mañke interesados en capacitarse para participar en la radio que les autorizaron a gestionar por la nueva ley, señaló Aguilar.
El coordinador de los cursos desde Buenos Aires, Sebastián Peiretti, director de Enseñanza del ISER, informó a IPS que esta actividad se enmarca en un acuerdo de capacitación que surgió como consecuencia de la nueva ley.
El convenio es con la nueva Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), creada con la norma para regular la actividad, promover la desconcentración y llevar las diversas voces a los medios. La dirección del nuevo ente esta a cargo de Martín Sabbatella, líder del partido izquierdista Nuevo Encuentro.
Peiretti remarcó que el objetivo de capacitar a pueblos originarios es que "ellos definan su proyecto comunicacional para trabajar con las frecuencias que obtuvieron y darles herramientas para armar sus propios programas y contenidos".
Además de los talleres a pueblos originarios, indicó, el ISER también dio cursos "en todo el interior profundo" de Argentina en estos tres años de vigencia de la ley para habilitar a locutores y operadores que no contaban con la matrícula correspondiente.
"Era injusto y desigual que muchas personas que hacía tiempo que trabajaban en radio carecieran de esa habilitación, así que les acercamos una mínima capacitación y se las entregamos", añadió.
La resistencia empresarial
Sabbatella entiende que la nueva ley, que reemplazó a una norma de la última dictadura (1976-1983), "garantiza mayor diversidad y pluralidad, reivindica el derecho a la información y profundiza la democracia".
Esa afirmación fue el centro de su alocución en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros convocada para explicar pormenores de la puesta en vigor total de la norma en medio del creciente enfrentamiento del grupo Clarín con el gobierno centroizquierdista de Cristina Fernández.
Desde la sanción de la norma surgieron 365 nuevas emisoras de radio y más de 40 nuevas productoras de contenidos que son pequeñas y medianas empresas independientes y que están realizando proyectos de ficción para televisión, mencionó Sabbatella.
"Para garantizar el derecho a la información y a la libertad de expresión hay que enfrentar las tendencias monopólicas, las posiciones dominantes y la concentración de medios, por eso la ley fija topes", precisó.
Detalló que actualmente hay alrededor de 5.000 licencias de radio y televisión, 4.500 de las cuales están en manos de 2.500 titulares que no se exceden. Las otras 500 están bajo control de una veintena de grupos empresariales que sí desbordan lo autorizado.
Uno de esos consorcios es Clarín. "Es el que está más excedido", afirmó.
Precisamente, la ley no entró aún en vigor en su totalidad por la acción judicial presentada por Clarín para evitar desprenderse de una buena parte de las más de 240 licencias de radio y televisión que posee a lo largo y ancho del país.
Es que la ley, un añejo reclamo de diversas organizaciones de la sociedad civil y aprobada por amplia mayoría en el parlamento, estableció entre otras cosas que un mismo grupo o persona puede operar en el país como máximo 24 licencias de televisión por cable y 10 de señal abierta y de radios de amplitud modulad y de frecuencia modulada.
Las sucesivas medidas cautelares aceptadas por jueces de primera instancia a solicitud del grupo empresarial, que tiene al diario homónimo como su abanderado, permitieron alargar los plazos de adecuación a la ley, que considera violatoria de su derecho a la libre expresión.
Pero la Corte Suprema de Justicia dictaminó que el 7 de diciembre vencerá el plazo definitivo para que las empresas presenten los planes de desinversión, dejando de lado estos subterfugios legales. El fallo indica, además, que no se advierte ningún elemento en la ley que afecte la libertad de expresión.
Sabbatella aseguró que Clarín es el único de los grupos que acumula un gran número de licencias que no ha manifestado voluntad de adecuarse a la ley antes del plazo fijado por la Corte.
Si incumple, el gobierno "no va a expropiar, ni a estatizar ni a confiscar", pero llamará a concurso para renovar esas licencias, garantizando la continuidad del servicio y las fuentes de trabajo, advirtió el titular de Afsca.
