El Estado mexicano recibió una tunda por parte del Comité de la Cedaw, al no informar claramente sobre sus acciones contra la discriminación de género.
Al comparecer ante el Comité de Expertos de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw, en inglés), la delegación del Estado mexicano fue duramente cuestionada por las constantes violaciones a los derechos humanos de las mujeres en el país.
México presentó su informe periódico durante la 52 sesión del Comité de la Cedaw, que comenzó en Nueva York el día 9 y concluye el día 27 y que ha tenido entre sus actividades el evaluar el cumplimiento por el país de la Convención aprobada en 1979 y ratificada por México en 1981.
Integrantes del Comité demandaron respuestas específicas a la representación oficial mexicana sobre sus acciones para prevenir y castigar la trata de personas y la violencia de género, abatir la impunidad, y garantizar el derecho al aborto legal, entre otros temas.
La croata Dubravka imonović criticó a los representantes del Estado por solo enumerar leyes aprobadas a favor de las mujeres.
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«¿Cuál es la reducción de la violencia contra las mujeres para pensar que se ha garantizado que vivan seguras? ¿Cuál es el objetivo trazado? ¿Cuántos asesinatos menos hay? ¿Cuántas desapariciones menos hay para decir que se ha logrado el objetivo?», requirió.
La francesa Nicole Ameline arremetió contra la jefa alterna de la delegación mexicana, la directora del Inmujeres, Rocío García.
«¿No es acaso justo hacer de la violencia contra las mujeres una causa de prioridad nacional? Usted ha reconocido la violencia e impunidad que viven las mujeres y que llega a niveles insostenibles. ¿Tienen en cuenta esta urgencia? ¿Tienen como prioridad acelerar la coordinación?», planteó Ameline.
Otra experta, la española Soledad Murillo, manifestó su indignación por la impunidad en las violaciones sexuales contra 26 mujeres en San Salvador Atenco, en mayo de 2006.
«¿Cómo es posible que cuando las mujeres fueron violadas en el traslado realizado por la policía, aún no haya un solo detenido?», inquirió previo a que la delegación mexicana informara al Comité que ya había dos personas arrestadas por los hechos.
El anuncio fue calificado por organizaciones de derechos humanos como una «simulación» del Estado mexicano, y criticaron que no se avisara de esas aprehensiones a las sobrevivientes de tortura sexual y a sus familias.
Murillo cuestionó la incongruencia del Estado al tener una Fiscalía para investigar la trata de personas, pero sin facultades contra el crimen organizado. Pidió que se le explicara cómo a un tratante se le aplican solo cinco años de prisión y a una mujer por abortar 35 años de cárcel.
Entre las respuestas ambiguas de la delegación oficial, la responsable de la Comisión Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres, Dylcia García, dijo que hay «acciones de impacto» para enfrentar la violencia contra las mexicanas, y se limitó a presumir los bancos de datos de mujeres desaparecidas y la aplicación de protocolos y alertas contra ese delito. El presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Ricardo Bucio, y el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de Seguridad Pública federal, Facundo Rosas, solo enlistaron leyes, programas, cursos de capacitación y hasta informes de trabajo de sus dependencias.
Panorama desolador
En un hecho histórico, 113 organizaciones civiles presentaron 18 informes «sombra» o alternos al reporte oficial entregado por México ante la Cedaw, para demostrar el incumplimiento de 20 recomendaciones emitidas por el Comité desde 2006.
Los grupos ciudadanos acusaron el aumento de la discriminación y violencia contra las mujeres debido al combate de la delincuencia organizada y la militarización.
Criticaron que en las cuatro ocasiones que se solicitó la Alerta de Violencia de Género, el gobierno federal se negó a otorgarla. Sobre el feminicidio, el asesinato de la mujer por su condición de género, advirtieron que entre 2007 y 2009 se incrementó 68 por ciento en todo el país y continúa impune.
En derechos reproductivos, calificaron como «alarmantes» los altos índices de muerte materna, en especial entre las indígenas que no tienen fácil acceso a los centros de salud.
Respecto al aborto, las activistas observaron que aunque la interrupción del embarazo por violación es legal, su acceso es casi nulo sobre todo en 17 estados que reformaron sus constituciones para «proteger la vida desde la concepción-fecundación».
A García, la directora de Inmujeres, no le quedó más que reconocer que en México privan la desigualdad y la discriminación de género.
Pero la funcionaria se defendió: «Nunca habíamos avanzado tanto en derechos humanos de las mujeres gracias a la alianza con los tres poderes, los tres niveles de gobierno, y el apoyo de la mayoría de la sociedad civil».
La Cedaw, instituida por la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es uno de los mecanismos jurídicos internacionales más importantes en la lucha contra la discriminación de género, por lo que ha sido denominada como la «Carta» de los derechos de las humanas.
La Cedaw detalla en qué consiste la discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los Estados miembros se comprometen a consumarla a través de medidas a nivel interno para eliminar las violaciones a los derechos humanos de las mujeres.
Aída González, abogada mexicana exintegrante del Comité, señaló que la aplicación de la Convención está sujeta al análisis internacional y, por tanto, no le corresponde sólo al Estado miembro decidir si ha cumplido o no con esas obligaciones.
El Comité está integrado por 23 personas elegidas escalonadamente por la Conferencia de Estados miembros para un periodo de dos años. Actualmente lo integran 22 expertas y un experto, de Finlandia.
González precisó que no se trata de representantes de los gobiernos, sino de personas expertas y conocedoras de la Convención, en particular sobre las condiciones de las mujeres, que actúan a título personal e independiente.
Una función primordial del Comité es supervisar la aplicación de la Cedaw y los progresos de los estados en su cumplimiento.
Con ese fin, los Estados deben presentar a la ONU informes periódicos sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de cualquier otra índole que hubieran adoptado para hacer efectivas las disposiciones de la Convención y sobre los progresos que hubieran alcanzado para tal fin.
Tales logros son examinados por el Comité de la Cedaw, que en todos los casos, incluido el mexicano, dan a conocer posteriormente nuevas recomendaciones para el Estado para avanzar en el fin de la discriminación de las mujeres.
Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil pueden realizar informes «sombra» para contrapuntear el reporte de cada Estado, como ha sucedido en el caso mexicano.
* Este artículo fue publicado originalmente por la agencia mexicana de noticias de Comunicación e Información de la Mujer AC, Cimac.
