SUDÁFRICA: Derecho consuetudinario amenaza a mujeres rurales

La Ley de Tribunales Tradicionales, actualmente en discusión en el parlamento de Sudáfrica y que se espera sea aprobada a fines de este año, podría socavar los derechos básicos de uno de los sectores más vulnerables de la población: los 12 millones de mujeres que viven en comunidades rurales aisladas.

La Ley de Tribunales Tradicionales propuesta en Sudáfrica afectaría en especial a las mujeres del ámbito rural. Crédito: Kristin Palitza/IPS.
La Ley de Tribunales Tradicionales propuesta en Sudáfrica afectaría en especial a las mujeres del ámbito rural. Crédito: Kristin Palitza/IPS.
El proyecto busca "brindar a la mayoría de los sudafricanos un mejor acceso a la justicia", reconociendo a las autoridades y las leyes tradicionales.

Los líderes tradicionales en áreas aisladas recibirán poder unilateral para hacer cumplir el derecho consuetudinario.

El proyecto ya había provocado críticas en 2008, cuando fue propuesto en la Asamblea Nacional. Ahora, ante la posibilidad de que se apruebe, grupos por los derechos civiles insisten en que el texto debe ser declarado inconstitucional.

El proyecto de ley permitirá a líderes tradicionales juzgar en casos civiles, incluyendo disputas por incumplimiento de contratos, daños a la propiedad, robos e injurias.
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Pero el texto podría "colocar todo el poder en manos de un solo individuo, en la mayoría de los casos un hombre, y convertirlo a la vez en juez, jurado y ejecutor", alertó Jennifer Williams, directora del Centro Legal de Mujeres, con sede en Ciudad del Cabo.

El juez tradicional no solo tendría el poder de interpretar las costumbres de una comunidad en particular, sino que también podría impedir a los acusados contar con un abogado, incluso en casos penales. Además, el proyecto no permite derivar un caso a la justicia ordinaria.

"El proyecto simplemente no incluye ningún control sobre el poder de los líderes tradicionales, ni los hace responsables", advirtió Williams.

Las mujeres se verían especialmente afectadas. La activista Siyasanga Mazinyo, del Movimiento del Pueblo Rural, dijo el 2 de este mes al periódico The New Age que el proyecto viola los derechos de las mujeres.

"En el pasado, se realizaban procesos en esos tribunales tradicionales cerca de los kraal (cerramientos ganaderos) y, según nuestras tradiciones, las mujeres no se pueden sentar cerca de un kraal", indicó.

Muchas de esas tradiciones todavía están vigentes, subrayó Williams.

"Las tradiciones tribales no permiten que las mujeres asistan a las audiencias si están menstruando, ni una viuda puede acudir a los tribunales tradicionales si está de luto", agregó.

"En los hechos, esto significa que un hombre deberá representarla durante la audiencia, y ella no tendrá ninguna posibilidad de incidir. Sabrá lo que le depara solo una vez que el juez haya tomado su decisión", indicó.

Para Williams, el proyecto de ley está "claramente arraigado en un sistema patriarcal".

"Aunque intenta emplear un lenguaje igualitario, permitiendo que hombres representen a mujeres y que mujeres representen a hombres en los tribunales, señala que esto solo será permitido según la costumbre existente", explicó.

Y "exactamente aquí reside el problema: las costumbres en la mayoría de los lugares impiden que las mujeres se hagan presentes en los tribunales, y ciertamente no permiten que representen a hombres", añadió.

Uno de los principales desafíos de Sudáfrica es armonizar sus costumbres con sus leyes modernas y, según la activista, el proyecto no lo logra.

"Nos hará retroceder a una situación en la que los hombres harán e interpretarán las costumbres en los tribunales… Las mujeres, las niñas y los niños serán sometidos a la jurisdicción de estos tribunales sin posibilidad de elegir. Esto, en los hechos, creará ciudadanos de segunda clase", alertó Williams.

La Comisión Sudafricana para la Igualdad de Género, órgano oficial independiente dedicado a promover y proteger la paridad entre hombres y mujeres, rechazó el proyecto.

"Numerosas disposiciones en el texto son inconstitucionales, y hemos expresado nuestros temores relativos a la representación de las mujeres y su participación en los tribunales tradicionales, así como sobre el impacto que tendría esto en sus derechos constitucionales", dijo la presidenta interina de la Comisión, Janice Hicks.

La realidad de las mujeres rurales en Sudáfrica es dura, como lo ilustra el caso una joven* del grupo étnico xhosa que solicitó asistencia al Centro Legal de Mujeres.

Cuando tenía 14 años, fue entregada en matrimonio a un hombre mayor que ya tenía concubina y que trabajaba en Johannesburgo.

La joven fue obligada a vivir con los padres de su esposo en una zona rural aislada, donde debía dedicarse a las tareas domésticas. Se sentía infeliz por esa situación y por no poder estudiar, por lo que decidió huir al hogar de su propia familia, a más de 500 kilómetros de distancia.

Indignado, su esposo denunció lo ocurrido ante la justicia ordinaria y exigió el regreso de su esposa, arguyendo que ya había pagado la dote. Entonces intervino el Centro Legal de Mujeres y la demanda fue desechada. Incluso, la corte ordenó que el demandante pagara los costos legales de la acusada.

Sin embargo, si el caso hubiera sido presentado ante un tribunal tradicional, las cosas habrían terminado de forma muy diferente.

"En primer lugar, según el derecho consuetudinario xhosa, cuando una mujer se separa de su esposo y regresa con su padre, el cónyuge tiene la obligación de irla a buscar", explicó Williams.

"Padre y esposo, entonces, negociarán los términos del regreso de la mujer, sin consultarla", añadió.

El derecho consuetudinario avala el matrimonio de una niña de 14 años, pero la ley civil lo considera inválido.

La duda que persiste es cómo se podrán reconciliar ambos enfoques. Los políticos deberán encontrar una respuesta antes de que el proyecto se convierta en ley a fines de este año.

La Comisión Sudafricana para la Igualdad de Género se reunió con la ministra de Mujeres, Infancia y Personas con Discapacidades, Lulu Xingwana, para expresar su preocupación por el proyecto.

La funcionaria "señaló que la ley propuesta no tenía lugar en una Sudáfrica democrática, y públicamente pidió que se retirara", informó Hicks.

* Su identidad es preservada para proteger su seguridad.

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