La organización humanitaria Amnistía Internacional presentó este miércoles 9 ante la justicia argentina documentos para demostrar que los tribunales de España frenan las demandas por crímenes perpetrados en ese país durante la guerra civil y por la posterior dictadura de Francisco Franco.
El reporte fue presentado por el presidente de la sección española de Amnistía, Esteban Beltrán, ante el tribunal federal de Argentina que investiga esos delitos a partir de denuncias de familiares de víctimas, presentadas desde abril de 2010 en aplicación del principio de justicia universal.
Beltrán explicó a IPS que "en España se están cerrando todas las puertas para que las víctimas tengan justicia, verdad y reparación en casos como desapariciones forzadas, torturas sistemáticas y ejecuciones extrajudiciales".
"Vinimos a decirle a la justicia argentina que siga investigando y le entregamos documentos que demuestran que en España no se está haciendo ese trabajo sino que se archivan las causas sistemáticamente sin mover ni un solo papel", añadió.
Organizaciones de derechos humanos entregaron en 2006 a la Audiencia Nacional de España pruebas sobre al menos 114.000 desapariciones forzadas de personas y unos 30.000 casos de menores apropiados durante la Guerra Civil Española, de 1936 a 1939, y en el posterior régimen dictatorial instaurado por Franco hasta 1975.
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Por esa investigación, fue suspendido de sus funciones el entonces juez Baltasar Garzón, quien en base también al principio de justicia universal había indagado en los crímenes de las dictaduras de los años 70 y 80 del Cono Sur de América cuando aún en esta región estaban en vigor leyes que frenaban los juicios.
Acusado de prevaricato por interpretar erróneamente y "a sabiendas" la Ley de Amnistía de 1977, Garzón fue sometido a proceso y absuelto este año en ese caso. Pero en cambio resultó condenado e inhabilitado por 11 años por implementar escuchas ilegales en un proceso de corrupción. De esa manera fue impedido de avanzar en la investigación en su país.
El informe presentado por Beltrán a la jueza argentina María Servini analiza 21 de las 47 causas que la Audiencia Nacional derivó a juzgados territoriales, y concluye que la mayoría de los procesos "fueron archivados sin ningún tipo de diligencia".
Solo en dos casos se procedió a adoptar medidas para recuperar restos humanos de fosas comunes, identificarlos y entregarlos a los familiares, aclara. Pero luego de ese procedimiento, los trámites también se frenaron. El objetivo de la presentación de Amnistía Internacional, organización no gubernamental con sede en Londres, fue "poner en evidencia el desamparo judicial en el que se encuentran las víctimas", ya que "España sigue sin investigar tales crímenes", reza el texto.
El escrito titulado "Casos cerrados, heridas abiertas", comienza por señalar que "los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos durante la guerra civil y el franquismo siguen siendo denegados en España".
Ello contradice abiertamente la respuesta que dio el gobierno español a la justicia argentina en junio de 2011, cuando informó a Servini que, según la Fiscalía General del Estado de ese país, se habían abierto procesos judiciales sobre esos hechos.
"La investigación judicial de Amnistía permite llegar a una conclusión muy distinta", afirma el reporte, y subraya la reticencia de los juzgados territoriales que archivan los casos. Además cita nuevas violaciones de derechos en las que incurren.
"Hay una violación evidente del derecho de justicia", por la no investigación de las denuncias, la falta de respeto al derecho de los familiares a saber la verdad, y la denegación del derecho a ser reparados, se sostiene en la presentación.
Los juzgados se abstuvieron, añade, de notificar a las víctimas sobre su competencia en los casos que los implicaban. Tampoco les comunicaron la decisión de archivar las causas sin hacer casi ningún trámite en relación al expediente.
El informe también cuestiona los argumentos jurídicos en los que se basan.
A pesar de que se trata de delitos de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles según el derecho internacional, los juzgados españoles consideran ya fuera de plazo o reivindican la Ley de Amnistía, que no se aplica a estos crímenes, o justifican el archivo en la muerte de todos los presuntos responsables.
"Amnistía Internacional considera que España está incumpliendo sus obligaciones internacionales", concluye la presentación. Frente a eso, alienta a la justicia argentina a seguir avanzando en el proceso.
La causa judicial en Argentina comenzó en diciembre de 2011 a raíz de la presentación de Inés García Holgado y Darío Rivas, familiares directos de víctimas del franquismo. A ellos se sumaron luego otros descendientes.
El abogado de origen argentino Carlos Slepoy, radicado en España y quien representa a varios querellantes, dijo a IPS que ya son 20 los casos que nutren la causa y que podrían ser "hasta cientos" a medida que se van presentando las denuncias.
Slepoy sostuvo que también hay víctimas directas de la etapa final del régimen, detenidos por ser militantes de partidos políticos o sindicalistas, que vinieron a Buenos Aires para declarar ante la justicia y trajeron poderes sobre otros casos.
A su vez, la jueza Servini tiene previsto viajar en junio a Madrid para tomar declaración en la embajada argentina a todos aquellos familiares o víctimas directas de estos delitos que quieran hacer su presentación.
