El Fondo para la Integración de Inmigrantes en España quedó sin recursos, pese a que de él depende la financiación de los planes para la inserción social, laboral y educativa del colectivo, en una medida muy criticada por organizaciones sociales y la oposición política.
El fondo fue instituido en 2004 para apoyar la acogida, integración y refuerzo educativo de los inmigrantes y financia programas de formación, fomento del empleo y mediación intercultural, ejecutados por organizaciones no gubernamentales (ONG), comunidades autónomas y ayuntamientos.
Pero el Ministerio de Empleo y Seguridad Social suspendió la dotación de recursos para el fondo en los presupuestos generales de 2012, aprobados el 30 de marzo por el derechista gobierno de Mariano Rajoy. La partida de gastos se redujo en el equivalente a 35,9 mil millones de dólares, un recorte de más de 17 por ciento respecto a 2011.
"Los ayuntamientos y las comunidades autónomas usaban ese dinero para contratar personal que atendía a los inmigrantes, como trabajadores sociales y abogados expertos en temas de extranjería", dijo a IPS la presidenta de la ONG Andalucía Acoge, Mamen Castellano.
Ya en 2011 "el fondo se redujo drásticamente", recordó, con lo que "el personal dedicado a ayudar a los inmigrantes a nivel local cayó al mínimo".
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En 2010 el fondo recibió el equivalente a 261 millones de dólares y al año siguiente el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero (abril 2004-diciembre 2011) lo limitó ya al equivalente a 88 millones de dólares, debido a la agudización de la crisis.
"La supresión del fondo de apoyo supone uno de los golpes más duros que se podía dar a las políticas públicas de integración llevadas a cabo en los últimos años", sostuvo la Federación Estatal de la no gubernamental SOS Racismo en un comunicado.
SOS Racismo pronostica que la desaparición de esta partida paralizará "cientos de planes de integración de municipios y comunidades autónomas" y contraviene los acuerdos con la Unión Europea (UE) como la Agenda Europea para la Integración, fijada en julio de 2011.
Según esta ONG, "las crisis económicas tienen unos ciclos diferentes a los que se precisan para evaluar el grado de integración de una población inmigrante, que en los últimos años ha visto frustradas sus expectativas laborales y familiares".
Las asociaciones de ayuda a los inmigrantes y otras ONG relacionadas dijeron que verán perjudicadas sus propias actividades de asistencia por el vaciamiento del fondo, al menos por este año.
"Vemos con preocupación la suspensión porque vamos a ver cómo desaparecen algunas partidas destinadas a proyectos de integración", en los municipios y las autonomías, lamentó Castellano.
Asociaciones de inmigrantes también consideraron que sin las acciones de integración y cohesión social que permitía el fondo, aumenta el riesgo de marginalidad y exclusión de los inmigrantes.
El portavoz adjunto del partido Ezquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Amorós, calificó la suspensión del fondo como un "ataque a la convivencia".
Amorós recalcó que "en tiempos de crisis la inversión en cohesión social es más necesaria que nunca" y alertó sobre las consecuencias para Cataluña de la suspensión del fondo, ya que era una de las pocas transferencias del Estado central en que esa comunidad era principal beneficiaria, por el peso demográfico allí de la inmigración.
España es uno de los países de la UE que más sufre los embates de la crisis económica y financiera, transformada en un drama social que resumen los más de cinco millones de desempleados, 23 por ciento de la población activa y casi 50 por ciento de los jóvenes.
En este país de 47,5 millones de habitantes, los extranjeros residentes sumaban 4,5 millones al concluir 2011, un 48,7 por ciento procedentes de países ajenos a la UE, en un año en que la crisis provocó un cambio de tendencia tras la gran ola inmigratoria vivida desde fines del siglo XX.
Por primera vez en más de una década fueron más los extranjeros que salieron del país que los que llegaron y, además, el país tuvo un saldo migratorio negativo, al sumar más los emigrantes españoles que los inmigrantes arribados.
"Nos da mucho miedo la filosofía de que como estamos mal, no ayudamos a los demás", declaró Castellano en referencia a los drásticos recortes decididos también en la cooperación internacional, que pueden generar un "repunte de la inmigración" desde países receptores de esa asistencia.
El presupuesto para la cooperación internacional al desarrollo también sufrió un hachazo de 65,4 por ciento respecto a 2011, para caer a 893 millones de dólares, un nivel similar al de 2005.
"Es un golpe brutal" que "pone en serio peligro lo conseguido durante décadas de trabajo especializado en los países empobrecidos", expresó la Coordinadora de ONG para el Desarrollo en un comunicado.
La Coordinadora planteó que "en un momento como el actual los presupuestos deberían haber enfrentado con firmeza la desigualdad tanto a nivel nacional como internacional".
La supresión del fondo para inmigrantes y la drástica rebaja de la partida para cooperación internacional se inscriben en el mayor ajuste del gasto hecho en España desde la instauración de la democracia en 1977, destinado a reducir este año el déficit fiscal de 8,5 por ciento a 5,3 por ciento, como exige la UE para no intervenir al país.
Al recorte en el presupuesto se sumará, además, otro de 13,2 mil millones de dólares en sanidad y educación, anunciado el lunes 9, una medida que a juicio del opositor Partido Socialista Obrero Español y otras fuerzas de izquierda traspasa "la línea roja" de los pilares intocables de la sociedad del bienestar construida por la democracia.
"Estamos ante una necesidad objetiva, que es tener un Estado austero", declaró el martes 10 el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Otros damnificados directos de los recortes son los 115 expresos cubanos y sus familiares, llegados al país desde 2010, dentro de un acuerdo entre Madrid y La Habana.
Ellos se enfrentan a la "suspensión por sorpresa" desde este mes de las ayudas económicas que recibían del gobierno y que "ya se venían recortando desde hace un año", destacó a IPS el disidente y asilado cubano José Luís Rodríguez Chaves.
"Entre los familiares hay niños, mujeres embarazadas, ancianos, y nos han dejado totalmente en la calle", lamentó el activista, en el país desde abril de 2011. El convenio bilateral les garantizaba una ayuda de 18 meses con derecho a prórroga. (IPS/FIN/ib/eg/eu ip if pr dv mi hd /12)
