El Comité de Refugiados Peruanos en Chile denunció al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y solicitó medidas cautelares contra las expulsiones masivas de inmigrantes.
«Chile expulsa grandes cantidades de extranjeros sistemáticamente, pero desde diciembre a la fecha, una o dos veces al mes, se realizan operativos de expulsión de grupos de 20, 30 o 40 personas», afirmó a IPS el presidente del Comité de Refugiados Peruanos, Rodolfo Noriega.
«Eso constituye una transgresión a la Convención Interamericana de Derechos Humanos», destacó.
La denuncia, presentada el 30 de marzo, señala que las expulsiones masivas de peruanos se realizan «no importando circunstancias particulares, ni vínculos familiares, recursos administrativos o judiciales que se pudieran haber interpuesto. Todo ello, previas detenciones e incomunicaciones ilegales, presiones indebidas, amenazas y engaños».
El recurso solicita una medida cautelar a favor de tres trabajadores de la construcción que fueron citados por la Policía Internacional para su expulsión del país.
[related_articles]
Noriega enfatizó que se está violando el artículo 22, sobre derecho de circulación y residencia, de la Convención Interamericana, conocida como Pacto de San José. Su numeral 9 establece que «es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros».
También se estarían vulnerando los derechos garantizados en tratados internacionales, ratificados por Chile, «como el derecho a la vida y la integridad personal».
La abogada Consuelo Labra, del Observatorio Ciudadano, patrocinante en la causa ante la CIDH, precisó a IPS que el Ministerio del Interior tiene desde hace un año «una política más despectiva y de persecución de quienes se encuentran en tramitación de su residencia, o que no cuentan con ella».
El jefe de la Sección Jurídica del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, Rodolfo Quintano, afirmó a IPS que la denuncia del Comité «no es efectiva, por cuanto todas las medidas de expulsión de extranjeros dictadas por las autoridades chilenas son de carácter estrictamente individual».
[pullquote]1[/pullquote]Quintano recordó que la Organización Mundial para las Migraciones establece como expulsiones colectivas las «dictadas en contra de grupos de extranjeros, por motivos genéricos, tales como nacionalidad, etnia, religión, situación migratoria, etcétera, sin entrar al estudio en particular de cada caso».
«En Chile, todas las medidas de expulsión son dictadas por autoridad competente, dentro de la esfera de sus atribuciones, conforme a las causales establecidas en la Ley de Extranjería y en atención a antecedentes de hecho concretos de cada extranjero que ha cometido una infracción sancionada con esta medida», aseveró.
Los actos administrativos que disponen las expulsiones, añadió, «son de carácter individual» y no se extienden al grupo familiar.
Según Quintano, a cada extranjero en proceso de expulsión se le entrega un documento con las razones para el procedimiento, las normas en que se fundamenta y los recursos a que tiene derecho.
Quintano reconoció que la policía traslada a los afectados a su país de origen, en un procedimiento que puede realizarse en grupos cuando es por tierra, porque el destino es un país limítrofe. Pero eso «en ningún caso puede confundirse con una expulsión colectiva de extranjeros», subrayó.
La denuncia ante la CIDH está en etapa de análisis y Noriega tiene plazo hasta el 14 de abril para entregar antecedentes adicionales solicitados por la Comisión. Después, el organismo pedirá un informe al Estado chileno para luego convocar a un diálogo entre las partes.
Solo después, la CIDH, un organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos, fallará sobre las medidas cautelares demandadas.
Detrás de esta crisis humanitaria está el hecho de que Chile carece de una política migratoria explícita. La Ley de Extranjería vigente es, en realidad, un decreto ley aprobado en 1975 por la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).
La norma atiende principalmente lo relativo al otorgamiento de visas y fija criterios sobre el ingreso y/o expulsión de extranjeros.
Con base en ella, Noriega denunció que, por ejemplo, desde diciembre de 2011 la Policía Internacional prohíbe el ingreso al país de ciudadanos haitianos.
El Departamento de Extranjería «optó por dejar como facultad exclusiva de la policía la decisión de quién entrará al país como turista», criticó.
Noriega citó como caso emblemático el de un haitiano con un hijo chileno a quien le han negado dos veces el ingreso al país, lo que le ha impedido incluso inscribir a su hijo en el Registro Civil.
La abogada Labra denunció que «Chile públicamente ha dado todo su apoyo a Haití, tiene personal en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, y los ciudadanos de ese país no requieren visa para ingresar a Chile».
Pero, en la práctica, «los aviones provenientes de Haití hoy en día están siendo devueltos con toda la gente», aseguró. No se dan argumentos sobre la negativa al ingreso y los tribunales rechazan los recursos, bajo el argumento de que la policía tiene facultad discrecional en el tema.
Chile ha pasado de ser un país de emigrantes a uno de inmigrantes, a partir del retorno a la democracia en 1990.
Al concluir 2009, residían en el país legalmente 352.344 extranjeros, 2,08 por ciento de la población total, según el Departamento de Extranjería y Migraciones.
A ellos hay que sumar los inmigrantes en situación irregular, de los que no hay estimados en las organizaciones dedicadas al tema. Pero en 2007, cuando se produjo la última amnistía migratoria, en tan solo un trimestre hubo casi 51.000 solicitudes de regularización, la mayoría de peruanos, seguidos por bolivianos y ecuatorianos.
La inmigración regular procede en 73 por ciento de América Latina, y de este grupo 61 por ciento viene de naciones fronterizas. Los últimos datos oficiales disponibles indican que los peruanos representan 37,1 por ciento de ese grupo, los argentinos 17,2 por ciento y los bolivianos 6,8 por ciento.
La socióloga Carolina Stefoni, experta en migraciones, explicó a IPS que desde 1995 se evidenció un cambio en la percepción de los chilenos respecto a los inmigrantes, en coincidencia con el arribo masivo de latinoamericanos al país.
En Chile la imagen del inmigrante «es más bien negativa, y este se transforma en un sujeto de discriminación a todo nivel», que en muchos casos cae «en el ámbito de la xenofobia».
