El gobierno argentino de Cristina Fernández dio un paso sustancial al anunciar un proyecto de expropiación para recobrar el control estatal de la firma petrolera YPF. Pero ahora el desafío es recuperar el tiempo perdido de gestión privada en el que cayeron la producción y las exploraciones.
La presidenta Fernández intervino el directorio de YPF y envió este mismo lunes 16 al Senado un proyecto de ley que prevé la expropiación de 51 por ciento de las acciones de la empresa, controlada por la compañía española Repsol.
Se trata de una propuesta que cambia radicalmente el escenario energético. YPF, fundada por el Estado en 1922, es la principal productora de hidrocarburos del país y había sido privatizada en dos etapas, una primera en 1993 y otra en 1999, ambas por los sucesivos gobiernos de Carlos Menem (1989-1999).
Desde entonces el Estado conserva menos de uno por ciento de las acciones de la otrora Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
La decisión se apoyó básicamente en la notable caída de la producción. Argentina debió importar combustible por más de 9.300 millones de dólares en 2011, luego de unas dos décadas de autoabastecerse.
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El gobierno centroizquierdista de Fernández estaba en desacuerdo con la política de Repsol, que prioriza la distribución de dividendos en lugar de reinvertir en pozos de exploración y explotación en territorio argentino y destina las utilidades a fondear inversiones en lugares como Alaska, el Golfo de México, el mar Caribe o el norte de África.
"En caso de proseguir esta política de vaciamiento", de retroceso en la producción y falta de exploración, "por el nivel de actividad económica que tenemos en Argentina, nos tornaríamos en un país inviable", sostuvo Fernández en el acto de presentación del proyecto. Pero lo sería "no por falta de recursos, sino por políticas empresariales", explicó.
Diversos legisladores de la oposición comenzaron a manifestar su apoyo a la decisión presidencial, más allá de su desacuerdo con aspectos del proyecto y de las críticas a la política oficial energética.
También hubo manifestantes que acudieron a celebrar la propuesta de "recuperación de la soberanía energética" en la Plaza de Mayo, el histórico paseo público ubicado frente a la Casa Rosada, sede de la Presidencia.
Félix Herrero, vicepresidente del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (Moreno), expresó a IPS su "total acuerdo" con el proyecto que declara "de interés público" el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos a fin de "garantizar el desarrollo económico con equidad social".
Tras varios meses de controversia con Repsol, la presidenta propuso al Congreso legislativo este proyecto que establece además que, del total a expropiar, 49 por ciento será distribuido entre una decena de provincias productoras de hidrocarburos que en las últimas semanas habían revocado concesiones a YPF por falta de inversiones.
Fernández no se refirió al destino que tendrá 25 por ciento de YPF que está bajo control de la empresa privada argentina Grupo Petersen desde 2007 y, en cambio, sí aclaró que no se prevé ofertar por el 17,09 por ciento de las acciones adquiridas a través del mercado bursátil.
"Este es el comienzo de un proceso de nacionalización que debe llegar a 100 por ciento", se entusiasmó Herrero, quien fue director de diversas empresas públicas energéticas. El grupo Moreno siempre fue crítico de la gestión privada de YPF y proclama la necesidad de que el Estado recupere su control.
Para Herrero, si el Estado vuelve a controlar la empresa mediante la adquisición de 51 por ciento de las acciones tendrá una ganancia anual de alrededor de 2.000 millones de dólares que podría reinvertir en la firma a fin de ir recuperando las reservas, hasta llegar a comprar el 100 por ciento.
No obstante, otros economistas tienen menos certezas respecto del financiamiento que obtendrá el Estado argentino para adquirir la empresa primero y para invertir después lo que se requiere para aumentar el horizonte de reservas y para explorar en busca de hidrocarburos no convencionales, como los que se encuentran en rocas de esquisto.
Expertos en este sector energético señalan que para explotar el yacimiento Vaca Muerta, que se extiende por más de 30.000 kilómetros cuadrados bajo territorio de las sureñas provincias de Neuquén y Río Negro y la occidental Mendoza, hacen falta varias veces el monto requerido para adquirir 51 por ciento de las acciones hoy en manos de Repsol.
El economista Mariano Lamothe, de la consultora de empresas Abeceb, dijo a IPS que por ahora el anuncio de la presidenta constituye solo un proyecto de "cambio de manos". "Hay que ver qué planes tiene el Estado, cómo hará para poner a producir a la empresa y de dónde va a obtener el financiamiento", advirtió.
Según Lamothe, el gobierno dejó pasar mucho tiempo sin tomar decisiones respecto de una política energética que no incentivaba la inversión. "Se permitió que se giraran la mayor parte de las utilidades al exterior y ahora hay un atraso de ocho años en inversiones", cuestionó.
Agregó que será necesario que la futura empresa (de control estatal) avance hacia un modelo de asociación con privados a fin de obtener financiamiento y proyectar las inversiones que hacen falta. Pero consideró apresurado celebrar el paso dado por el gobierno.
Durante la presentación de la iniciativa, Fernández dijo que la empresa seguirá siendo una sociedad anónima con participación privada. "Esto no es un modelo de estatización; que quede claro. Es una recuperación de la soberanía y el control de un instrumento fundamental", remarcó.
Sostuvo que Argentina "no está inventando nada" con este proyecto y repasó la lista de países, industrializados y en desarrollo, en los que el Estado mantiene el control del sector de hidrocarburos. En este contexto, mencionó a Brasil, donde, dijo, el sector público cuenta con 51 por ciento de la empresa Petrobras.
En este punto, Herrero consideró que la presidenta "se equivocó" en ese dato. Si bien por una norma constitucional el Estado nacional brasileño no puede tener más de 51 por ciento, el resto de la firma está en manos de estados federales, del estatal Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, de fondos mutuales de trabajadores y de privados.
"El sector privado solo tiene certificados de inversión, pero no derecho a voto en las asambleas y el directorio está compuesto solo por representantes del Estado", aseveró.
También recordó que la nueva empresa Presal en Brasil, creada para explotar los inmensos yacimientos de hidrocarburos hallados océano Atlántico adentro bajo una capa de sal, "es 100 por ciento estatal".
Tras reiterados amagues de estatización y de discusiones con representantes de Repsol y del gobierno de España, la presidenta Fernández convocó de sorpresa al acto de este lunes en el que presentó el proyecto de 19 artículos y copiosos fundamentos.
Además dispuso por decreto la intervención de la compañía nombrando a un equipo encabezado por el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, junto al secretario de Política Económica y viceministro de Economía, Axel Kicillof.
Rodeada de funcionarios, gobernadores, empresarios, sindicalistas y militantes partidarios, la presidenta dejó que una locutora leyera el texto del proyecto y luego explicó las razones que llevaron a tomar la decisión.
Fernández señaló que en 2011 Argentina había vuelto a ser un país importador neto de gas y petróleo y que el total comprado había superado los 9.300 millones de dólares, casi el mismo monto del total del superávit de la balanza comercial del país.
Luego denunció una caída de las reservas comprobadas de petróleo de 50 por ciento desde 2001, pese a que la empresa no dio pérdidas debido a la falta de reinversiones.
Resaltó que la empresa más que duplicó las ventas desde 1999, con utilidades netas de 16.450 millones de dólares desde entonces a la fecha, y que los dividendos distribuidos ascendieron a 13.246 millones de dólares.
La mandataria aclaró que "el problema no es con las empresas extranjeras ni con su rentabilidad sino con la falta de inversión", y puso como ejemplo los vínculos de cooperación que mantiene su gobierno con empresas automotrices extranjeras.
Tanto la italiana Fiat como la estadounidense General Motors reciben préstamos "blandos" del Estado argentino para incrementar la producción local y mantener las fuentes de trabajo, detalló.
La presidenta Fernández indicó que el proyecto de nacionalizar de YPF constituye "una política de Estado" y pidió a los legisladores su apoyo más allá de afiliaciones partidarias.
