La muerte de más de 300 reclusos en un incendio, que pudo ser provocado, en el penal de Comayagua evidencia el fracaso de las autoridades civiles y policiales de Honduras en materia de seguridad penitenciaria.
Este es el tercer desastre carcelario de Honduras en los últimos nueve años. Por los dos anteriores, el Estado fue denunciado ante organismos internacionales de derechos humanos.
Cientos de familias de presos se agrupaban en los alrededores de la cárcel de Comayagua, en el centro-oeste de Honduras y a 90 kilómetros de la capital, en busca de información de sus parientes, mientras las autoridades forenses colocaban en enormes bolsas blancas de plástico los cadáveres que superan los 300.
Los cuerpos deben ser trasladados a Tegucigalpa y puestos en furgones refrigerados para su posterior identificación, ya que no existe capacidad en la morgue para albergarlos. Un equipo de 20 forenses y 10 fiscales ha sido asignado a estas tareas.
Según testigos, el fuego comenzó a la hora 23:50 local del martes 14 (05:50 GMT) en el módulo número seis de los 10 que conforman el centro penal, considerado una granja modelo pues sus reclusos desarrollan una producción agrícola que se vende en el mercado local y permite mejorar una alimentación basada como en las demás prisiones en arroz y fríjoles.
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Inicialmente se sostuvo que la causa pudo haber sido un cortocircuito, pero el portavoz policial Héctor Iván Mejía sostuvo que "existen versiones acerca de que el incendio fue provocado, y tenemos ya un testigo".
"No quiero entrar en detalles, pero aparentemente fue una persona que se encontraba en el interior, ya tenemos el nombre, pero vamos a concluir las investigaciones para dar la versión final", agregó.
La prisión tiene capacidad para 500 personas, pero albergaba a 850 en instalaciones deficientes, con techos de chapas de latón que incluso algunos reclusos rompieron para escapar de las lenguas de fuego.
Francisco Aguilar, uno de los sobrevivientes, relató a medios locales que "solo vimos salir un humo negro de la bartolina (pabellón) seis, entonces abrimos el techo y rompimos los candados para poder salir. Estamos vivos de milagro, ya que dormíamos cuando empezó todo".
Las imágenes televisadas mostraban la angustia de las familias de las víctimas y un conato de histeria colectiva cuando intentaron ingresar por la fuerza al recinto penal.
El bombero Carlos Orellana, apostado en la zona de la tragedia, dijo a IPS por teléfono que "no se puede describir lo que hay ahí adentro. Muchos cuerpos quedaron calcinados en sus camas, otros murieron por asfixia y algunos amontonados cerca de los baños, intentado protegerse".
En un mensaje transmitido por cadena nacional de radio y televisión, el presidente Porfirio Lobo dijo que se vivía "un día de profundo dolor" y ordenó la suspensión inmediata de las autoridades de la cárcel y del coordinador de centros penales de Honduras, el comisionado policial Danilo Orellana.
Lobo añadió que estaba reunido con el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para tomar "otras acciones", prometió una investigación exhaustiva e independiente y añadió que arribaría en horas un equipo de médicos forenses de Chile para auxiliar a sus pares hondureños en la identificación de los cadáveres.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, el chileno José Miguel Insulza, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, que envíe a Honduras una delegación para investigar los sucesos.
"Este tipo de tragedias habían sido advertidas, pero nadie quiso escuchar", dijo a IPS el comisionado nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio. "Estamos en el sitio de los hechos desde que trascendió el incendio y daremos nuestro reporte final en su momento", agregó.
"Aquí se evidencia una vez más que el Estado no solo carece de una política de seguridad penitenciaria, sino que también la policía es incapaz de manejar las cárceles", pues no tiene "personal adecuado, ya que su formación es policíaca-militar y no con los principios de naturaleza civil que deben imperar en el sistema penal", comentó Custodio.
La reconocida activista Bertha Oliva, coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, hizo notar que "es una casualidad que los incendios en las cárceles se dan en la noche, cuando los privados de libertad están bajo llave y los custodios que deben abrir son los primeros en escapar".
Honduras tiene 24 prisiones, con una capacidad total para 8.250 personas. Pero en 2011 había en ellas casi 13.000 reclusos, según datos del comisionado de Derechos Humanos. La sobrepoblación es una de las persistentes deficiencias de las condiciones de reclusión en buena parte de América Latina.
La tragedia de Comayagua es la más grave ocurrida en este país, pero no la única.
En abril de 2003, murieron 69 personas en una masacre en la cárcel del municipio El Porvenir, en la norteña ciudad portuaria de La Ceiba. Este caso fue documentado por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras, que lo denunció internacionalmente.
Nueve personas fueron condenadas en 2008 por esos crímenes, aunque las responsabilidades últimas no han sido todavía establecidas.
En mayo de 2004, perecieron 107 reclusos en un incendio en la prisión de la norteña ciudad de San Pedro Sula, similar al acontecido el martes 14 en Comayagua. El 28 de este mes, Honduras deberá comparecer por ese caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica.
El caso fue elevado a la jurisdicción de la Corte en marzo de 2011 por la CIDH, después de que el Estado hondureño incumpliera sus recomendaciones, formuladas en diciembre de 2010.
Los hechos de San Pedro Sula "son en definitiva una consecuencia de las deficiencias estructurales del propio sistema penitenciario hondureño, las cuales han sido ampliamente documentadas por mecanismos de Naciones Unidas, como el Subcomité contra la Tortura y el Grupo de Trabajo para las Detenciones Arbitrarias", afirmó entonces la CIDH.
El último drama carcelario se produce cuando el gobierno se apresta a nombrar una comisión interventora de la policía, con personalidades nacionales y extranjeras, para que efectúe una depuración total de esa fuerza, acusada de vínculos con el crimen organizado, y de tomar parte en asesinatos, secuestros, extorsiones y extravío de armas, entre otros delitos.
