Por primera vez en más de 200 años, la limpieza de la cuenca del río Matanza-Riachuelo, la más tóxica de Argentina, comienza a mostrar logros, si bien son más superficiales que de fondo.
El río de olor nauseabundo recorre 64 kilómetros, buena parte en el noreste de la provincia de Buenos Aires, donde se llama Matanza, y cambia su nombre a Riachuelo cuando se convierte en el límite sur de la capital federal con el territorio bonaerense hasta desaguar en el estuario platense.
Su cuenca abarca 2.240 kilómetros, que incluyen 232 arroyos. En ella viven unos cinco millones de personas, 55 por ciento sin cloacas y 35 por ciento sin agua potable, según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Se estima además que unas 12.000 industrias de hidrocarburos, químicas, de curtidurías, frigoríficas y metalúrgicas vierten en sus aguas residuos de metales pesados como mercurio, plomo, cromo, entre otros venenos.
[related_articles]
"Desde fines de 2010 se avanzó en la limpieza de los márgenes, en la remoción de buques hundidos y en la reubicación de vecinos de la ribera contaminada", destacó a Tierramérica el activista Andrés Nápoli, de FARN.
De hecho, ya se ven despejados los caminos de sirga, márgenes de 35 metros en cada ribera que habían sido ocupados por industrias, casas precarias y puestos de ferias y mercados. En enero fueron desalojados 10.000 comerciantes informales de la zona.
En esas riberas, recuperadas como espacios públicos, se erradicaron una treintena de basurales de un total de 117, se plantaron árboles y se está abriendo una calle para el tránsito por una zona hasta hace poco impenetrable.
Pero es muy lenta la identificación e inspección de empresas que contaminan. Hay demoras en la presentación de planes de reconversión que cada firma debe hacer, pese a que se les ofrecen créditos accesibles para ello.
De las 12.000 empresas contaminantes que se estima existen, 400 presentaron planes de reconversión y 360 fueron cerradas por no hacerlo, según el presidente ejecutivo de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), Oscar Deina.
El funcionario aseguró en un programa de televisión que el compromiso es "no cambiar salud por trabajo", un dilema que se presentaba hasta ahora a las autoridades, que evitaban clausurar empresas para no causar despidos e impactos en el empleo.
Tampoco hubo progresos en la atención de la salud de la población afectada, subrayó Nápoli.
Datos oficiales indican que unas 400.000 personas necesitan atención médica por vivir en el área más gravemente contaminada y no pueden esperar a que termine la limpieza del río, advirtió el activista.
La FARN coordina el Espacio Matanza Riachuelo, que agrupa a entidades ambientales y de vecinos dedicadas a fiscalizar el cumplimiento del plan de limpieza que ordenó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo histórico, emitido en julio de 2006.
A raíz de una denuncia de 114 residentes, el máximo tribunal argentino convocó audiencias con funcionarios, empresarios y otros actores y luego emplazó al Estado a presentar un plan para la limpieza definitiva de la cuenca.
Ese plan fue puesto en marcha por la Acumar, creada a tal efecto y en la que están representadas las tres jurisdicciones concernidas, el gobierno nacional, el de la provincia de Buenos Aires y el de la capital argentina.
Para financiar su costo, estimado en 2009 en casi 1.500 millones de dólares, el Banco Mundial otorgó ese año un préstamos de 840 millones de dólares para obras de suministro de agua, cloacas, plantas de tratamiento y estaciones de bombeo, reconversión de industrias, ordenamiento territorial y fortalecimiento de la autoridad de control.
Pero las obras cloacales y de saneamiento aún no comenzaron, ni hay desembolsos "por cuestiones burocráticas", denunció Nápoli.
Ambientalistas y vecinos coinciden en que la limpieza del río, un asunto casi sin responsables hace poco más de una década, progresó con la creación y consolidación de la Acumar.
Pero se avanzó más gracias al fallo de la Corte Suprema, que puso plazos. El máximo tribunal encargó la ejecución de su sentencia al juez federal Luis Armella.
"Es un juez laborioso e insistente, que en lugar de multar a los que no cumplen, va al terreno, convoca reuniones y busca soluciones", elogió Alberti.
Sin embargo, "hubo mejoras en el espejo de agua, pero el lecho sigue igual de contaminado", recordó.
El dirigente vecinal señala que los habitantes de la zona son "rehenes de disputas políticas" entre las autoridades que confluyen en la Acumar y que no tienen el mismo color partidario. Eso demora obras cruciales como las nuevas viviendas.
Veinte por ciento de las 1.500 familias que viven en los márgenes del Riachuelo ya fueron trasladadas, según Nápoli. Asentamientos completos se mudaron a barrios nuevos levantados en el distrito bonaerense de Lanús.
Pero Greenpeace Argentina, también integrante del Espacio Matanza Riachuelo, sostiene otra perspectiva.
Según la organización ecologista, aun si se lograra que todas las empresas cumplieran las normas sobre proporción de vertidos tóxicos al río, éste seguiría envenenado, porque los topes contemplados por la ley no se adecuan a la topografía y características del Riachuelo.
Por tratarse de un río de llanura, casi un lago por la quietud de sus aguas, no puede recibir el mismo volumen de fluidos tóxicos que un curso de mayor caudal o de pendiente montañosa, explicó la activista Consuelo Bilbao, de Greenpeace.
Se necesita llegar a "cero vertidos", alegó. Greenpeace está trabajando con Acumar en la adopción de pautas progresivas, que sean cada vez menos permisivas.
De momento, el objetivo es que al menos se cumpla la ley.
* La autora es corresponsal de IPS. Este artículo fue publicado originalmente el 4 de febrero por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
