Por la ola de ataques en su contra, las fundadoras de la organización humanitaria Nuestras Hijas de Regreso a Casa decidieron dejar México y operar limitadamente desde el exilio.
Tras más de una década de lucha y ante la inacción del Estado mexicano para proteger a las defensoras de derechos humanos, la organización pionera en investigar el feminicidio en la fronteriza y norteña Ciudad Juárez dejará de operar en el país, para continuar sus labores desde el exterior.
«Sí, me voy, pero voy a seguir en la lucha donde quiera que yo esté. No me voy a quedar callada porque el gobierno tiene una deuda con mis hijos a quienes les quitó a su madre», advierte Norma Andrade, una de las fundadoras de la organización y quien en menos de tres meses ha sufrido dos atentados.
Andrade y su familia recalcan que ante la impunidad que padecen por la ola de ataques y amenazas, recrudecida en su contra desde 2008, abandonan el país.
Andrade, junto con su hija Malú García Andrade y Marisela Ortiz, fundó Nuestras Hijas de Regreso a Casa, en 2001. Las tres han sido intimidadas, perseguidas y amenazadas de muerte, al igual que sus familias.
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Ortiz abandonó el país en febrero de 2011 y García Andrade salió de Juárez en marzo del mismo año, pero tuvo que regresar a la ciudad fronteriza con Estados Unidos en diciembre pasado, luego del primer ataque contra su madre.
Con el exilio anunciado de madre e hija la organización ha quedado sumamente mermada.
Desmanteladas
«La organización quedará desmantelada. De hecho ya estamos desarticuladas», lamenta Andrade. Relata que a partir de 2008, con las primeras amenazas contra su hija y Ortiz, decidieron trabajar menos en gestiones jurídicas y legales para acelerar los procesos de las víctimas y concentrarse en la gestión social.
«Desde 2008 empezamos a trabajar más en lo social, y lo jurídico lo hacíamos de bajo perfil; ya no tenemos oficinas. Marisela, desde donde se encuentra, se encarga de algunas actividades», detalla la activista.
Añade que además «en Juárez tenemos enlaces para implementar el Proyecto la Esperanza, que consiste en talleres para madres de mujeres desaparecidas o asesinadas».
Desde su creación, la organización ha recibido al menos 30 amenazas y hostigamientos, y sus oficinas fueron allanadas por desconocidos que sustrajeron documentos y computadoras con información sobre su trabajo, pero nada se investigó.
Por eso, desde 2008 decidieron no tener oficinas fijas, aunque cada integrante ha realizado su trabajo por separado.
Ante el peligro que corrían las activistas, el 13 de junio de 2008 la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado mexicano garantizar su vida e integridad física y la de sus familias, a través de medidas cautelares.
Su historia
Andrade es madre de Lilia Alejandra García, una joven de 17 años y madre de dos menores de edad, que desapareció el 14 de febrero de 2001, y cuyo cuerpo fue encontrado con rasgos de tortura sexual el 21 de febrero siguiente, en un lote baldío aledaño a la avenida Tecnológico y Ejército Nacional, en Juárez.
Desde entonces y en demanda de justicia, la organización -integrada principalmente por madres de jóvenes desaparecidas y asesinadas ha denunciado nacional e internacionalmente los asesinatos de mujeres en esa urbe, convirtiéndose en un referente de ayuda y rehabilitación para las sobrevivientes de violencia.
Uno de sus logros más importantes fue recurrir junto con otras organizaciones civiles ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar los asesinatos de mujeres ocurridos en el Campo Algodonero, en Juárez.
El máximo tribunal de justicia americano condenó al Estado mexicano por no proteger la vida de la población femenina.
También presentó ante la CIDH, en 2002, los casos de Lilia Alejandra Andrade y de Silvia Elena Rivera; ambos en espera de ser admitidos para su análisis.
Acoso sin fin
En 2011, Nuestros Hijas de Regreso a Casa denunció más de 200 raptos de niñas y adolescentes, presuntamente vinculados a redes de trata de personas. Andrade trabajaba en esos expedientes cuando arreciaron las agresiones en su contra.
A principios de ese año Malú García reveló la existencia de una red de trata que opera en el centro de Juárez, y a la que responsabilizó de la desaparición de decenas de jóvenes.
Dijo entonces contar con informes de mujeres que tras su desaparición fueron vistas en burdeles de Puebla, Tlaxcala y Tijuana.
Agregó que los resultados de estas investigaciones se darían a conocer el mismo año, pero salió de Juárez luego de que el 17 de febrero de 2011 unos desconocidos quemaron el techo de su casa.
Sucedió mientras participaba en un acto de apoyo a la familia Reyes Salazar, otros defensores de derechos humanos agredidos.
Andrade recuerda que no solo ella ha sufrido agresiones; también activistas como Irma Pérez, Eva Arce, Ramona Morales, Cipriana Jurado y Benita Monárrez.
Esta última fue una de las primeras en dejar el país y refugiarse en la ciudad estadounidense de Los Ángeles. «Y una de terca y aferrada que quiere seguir en su país. Hasta que ve las consecuencias», apunta la defensora.
«La realidad es que no hay ninguna protección para las y los defensores; el 14 de febrero se cumplieron 11 años de buscar justicia para mi hija y 11 viviendo acosada todo el tiempo y protegiendo la vida», advierte Norma Andrade.
El objetivo del acoso
El hostigamiento, amenazas y violencia contra las defensoras de derechos humanos en México, tiene como objetivo obligarlas a renunciar a su tarea humanitaria, según se desprende de un diagnóstico sobre los riesgos que afrontan las activistas en el ejercicio de su labor.
«En algunas ocasiones, las agresiones logran su cometido y las defensoras dejan completamente su trabajo o sus organizaciones se desintegran», se asienta en el estudio «Defensoras de Derechos Humanos en México; diagnóstico 2010-2011 sobre las condiciones y riesgos que enfrentan en el ejercicio de su trabajo».
La investigación realizada por las organizaciones civiles Red Mesa de Mujeres, Asociadas por lo Justo, y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, establece que el impacto de esta violencia no sólo las afecta a ellas.
También son víctimas de ella sus familias y los movimientos sociales, que ven disminuida su capacidad y condiciones para avanzar en sus agendas y propuestas a favor de los derechos humanos.
El Diagnóstico 2010-2011 señala que 84 por ciento de las defensoras entrevistadas afirmó que uno de los principales impactos que tiene la violencia en su contra es el daño emocional.
Este surge tanto por el miedo como por la suma de acciones y desgastes que implican defenderse a sí mismas, al tiempo que mantienen su trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos.
El estudio explica que en casos extremos, la violencia las obliga a desplazamientos forzados y al cambio de residencia, ya sea en otra ciudad del país o incluso del extranjero.
En el diagnóstico se advierte que cada vez que una organización cierra, o un movimiento se desarticula, se produce un daño mayúsculo en las personas beneficiarias de su trabajo, así como en los procesos democráticos de cada comunidad y del país.
«El trabajo a favor de los derechos humanos de las mujeres es un bien social que todavía no se ha valorado en su justa dimensión; no apoyar a las defensoras reproduce la cultura de violencia y discriminación de género», concluye el documento.
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia mexicana de noticias Comunicación e Información de la Mujer AC, Cimac.
