Dos años después del terremoto y tsunami que sacudieron la zona centro-sur de Chile, miles de damnificados esperan una solución habitacional que los aleje de la mayor tragedia natural de este país en medio siglo.
El terremoto de 8,8 grados en la escala Richter duró casi tres minutos y fue sucedido por un poderoso tsunami. Más de 520 personas murieron y cerca de un millón fueron afectadas, según cifras oficiales.
En la madrugada del 27 de febrero de 2010, Rosa Núñez, de 75 años, no conseguía conciliar el sueño. Ella vive en el pequeño poblado turístico de Iloca, sobre el océano Pacífico, al que se llega desde Santiago recorriendo hacia el sur 300 kilómetros por carretera. Allí tuvo por años un pequeño restaurante en una casa que se llevó el agua.
Desvelada como estaba, cuando empezó el sismo salió corriendo de su casa y lo soportó a la intemperie. La vivienda se encontraba a unos 100 metros del mar y a 30 de un cerro frondoso donde se refugió junto a la familia de su hijo mayor.
Ya en la altura, se puso de espaldas al océano para no presenciar la destrucción. "No olvido el sonido del mar destrozando todo, llevándose todo lo que construimos con tanto esfuerzo", recuerda ahora para Tierramérica.
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Dos horas después, cuando regresó junto con su hijo, comprobó que "el mar se lo llevó todo
no había paredes, el mar se lo tragó todo".
Hoy vive en una casita sólida que ya poseía frente a la que perdió y que logró recuperar con ayuda. Su hijo mayor habita al lado, en una pequeña construcción que levantó a partir de la mitad de una mediagua (vivienda prefabricada, de madera y sin baño) que alguien le donó.
El menor de sus hijos, de oficio pescador, ocupa una cabaña de madera con baño en un pequeño conjunto habitacional donado por un extranjero. En la parte posterior está construyendo una vivienda más sólida. Perdido el restaurante, Núñez sobrevive de la ayuda de sus hijos.
El paisaje de Iloca, en la central región del Maule, no recuperó su tranquila belleza. Los escombros siguen en las costas. Viviendas que fueron lujosos refugios de veraneantes aún se alzan con vista al mar, pero con daños irreparables.
Apenas a metros de ellas, pescadores y trabajadores rurales viven en campamentos de mediaguas.
Según cifras oficiales, se efectuaron 76.000 obras de reparación y reconstrucción de viviendas en las seis regiones afectadas Bío-Bío, La Araucanía, Maule, O'Higgins, Santiago y Valparaíso mientras otras 140.000 están en ejecución.
Pero esos datos son refutados por las víctimas, que se quejan de la lentitud de la reconstrucción.
Lorena Arce, portavoz de los damnificados del pueblo costero y turístico de Dichato, en la sureña Bío-Bío, sostiene que solo 10 por ciento de las viviendas derribadas allí fueron reconstruidas, y corresponden a personas de escasos recursos que habitan en campamentos o aldeas.
El otro 90 por ciento de familias que quedaron sin techo son de clase media, y muchas de ellas no han sido consideradas por el programa de reconstrucción del gobierno, asegura.
A juicio de la senadora Ximena Rincón, del opositor Partido Demócrata Cristiano, "el gobierno fijó cifras para poder medir un mayor avance mezclando subsidios de reconstrucción con subsidios ordinarios". Ha hecho "una mezcla poco transparente y que no nos permite dimensionar cuál es el real avance", dice a Tierramérica.
El presidente Sebastián Piñera se comprometió a entregar 110.000 viviendas reparadas y 112.000 nuevas al finalizar su mandato en marzo de 2014. Esa promesa no se cumplirá, opina Rincón, senadora por el Maule.
"Va haber mucha frustración en la ciudadanía por las promesas incumplidas", advierte.
De gira por cinco de las seis regiones afectadas entre el 21 y el 27 de este mes, Piñera repitió su compromiso de que "ninguna familia pasara más de dos inviernos viviendo en aldeas que eran soluciones de emergencia y transitorias". Sin embargo, reconoció que eso "no va a ser posible antes de que se inicie el próximo invierno" austral.
Mientras, la televisión emite una campaña publicitaria que costó 805.000 dólares sobre los avances de la reconstrucción.
El territorio afectado es una franja de 600 kilómetros de extensión.
Núñez y gran parte de los pobladores de Iloca y sus alrededores aseguran no haber visto el aporte del gobierno. Como pudieron, se pusieron de pie echando mano a sus ahorros y a donaciones privadas de mediaguas y enseres para los más desposeídos.
Los especialistas creen que el problema está en el modelo de reconstrucción, centrado en la promoción de la construcción de viviendas a través de la asignación de subsidios que deben ser ejecutados por la industria inmobiliaria.
Si las empresas estiman que los subsidios gubernamentales están por debajo del valor que cobran por vivienda construida, el negocio no les resulta lucrativo, y el Estado no puede responder.
Además de la lentitud, según Lorena Arce, las empresas entregan viviendas de menor calidad para compensar la rentabilidad que estiman reducida.
Chile cuenta con normas antisísmicas para la construcción, pero no las hay para soportar un tsunami. En este aspecto, el emplazamiento de las edificaciones y la cercanía de la costa son cruciales. Arce sostiene que hay expropiación de terrenos en el borde costero, pero, al mismo tiempo, se erigen en esas zonas grandes edificios al estilo de complejos turísticos.
Pero ella no pierde la esperanza.
"Esperamos que el gobierno trabaje a conciencia, que reconozca que aún falta mucho por construir, que otorgue más recursos porque lo necesita, no puede hacer una reconstrucción de cartón; que aplique más voluntades, que tenga políticas de Estado que sean continuas y que traspasen al nuevo gobierno que se iniciará en 2014", dice a Tierramérica.
No hay cifras oficiales sobre escuelas dañadas o destruidas, pero muchas fueron reemplazadas por salas modulares prefabricadas, como la de Iloca, que fue donada por privados.
Estudiantes de secundaria, que en 2011 protagonizaron la mayor protesta social en 20 años de democracia, preparan movilizaciones por la lenta reconstrucción de las escuelas, y organizaciones ciudadanas alistan una encuesta pública nacional sobre los avances en la materia.
* La autora es colaboradora de IPS. Este artículo fue publicado originalmente el 25 de febrero por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
