BRUSELAS / GINEBRA – Los resultados del informe PISA 2025 muestran un marcado deterioro en países cuyos sistemas educativos fueron considerados en su día ejemplares. PISA evalúa cómo los estudiantes de 15 años aplican la lectura, las matemáticas y las ciencias a situaciones de la vida real, y registra los promedios más bajos jamás medidos en las tres materias en el conjunto de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), como se muestra en el gráfico.
El debate público se apresuró a culpar al uso de la inteligencia artificial (IA) y de las redes sociales, pero el deterioro es muy anterior.
En muchos países, este declive se ha producido por años de recortes de austeridad y crecientes presiones sobre los sistemas de educación pública, incluidos el gasto público, la remuneración y las condiciones laborales del profesorado, la dotación de personal y la capacidad de las escuelas para ofrecer una educación de calidad.
Estos recortes de austeridad y reformas de contención del gasto público comenzaron después de la crisis financiera de 2008, cuando los gobiernos movilizaron apoyo de emergencia al sector financiero, mediante préstamos, capital y garantías, equivalente a alrededor de la mitad del ingreso nacional en las economías avanzadas del Grupo de los 20 (G20).
Este rescate sin precedentes dejó mermadas las arcas públicas y los costos del ajuste recayeron después sobre la población: a partir de 2010, los gobiernos recurrieron a reformas de austeridad o de consolidación fiscal, recortando los presupuestos de educación junto con otros servicios públicos.
Las reformas de austeridad en educación incluyen la reducción de los presupuestos públicos, la contención salarial de docentes y personal escolar, la congelación de contrataciones, las reducciones de plantilla, el aumento de las cargas de trabajo, y la privatización y comercialización de la educación.
La consolidación fiscal llevó a la mitad de los 38 países de la OCDE a recortar o congelar los salarios docentes después de 2010; entre 2008 y 2012 los salarios reales del profesorado cayeron en 16 de los 30 países con datos disponibles, y más de una cuarta parte en Grecia.
Finlandia recortó 1500 millones de euros (1800 millones de dólares) a la educación entre 2011 y 2018 y, entre muchos otros recortes perjudiciales, cerró y fusionó escuelas. En Estados Unidos, el gasto por alumno cayó aproximadamente 7 % después de la crisis financiera, y investigaciones rigurosas muestran que estos recortes redujeron los resultados en las pruebas y la asistencia a la universidad.
La profesión docente no se ha recuperado. En 13 países y economías de la OCDE, el profesorado de primaria seguía ganando menos en términos reales en 2024 que en 2015.
La proporción de estudiantes en centros cuyos directores señalan que la escasez de docentes dificulta la enseñanza pasó de 26 % en 2018 a 47 % en 2022, y se situó en torno a 40 % en la evaluación de 2025, concentrándose en las escuelas públicas, incluidas las que atienden a poblaciones desfavorecidas.
Los datos más recientes muestran la persistente magnitud del problema: solo 28,8 % de los estudiantes de la OCDE estudian en centros cuyos directores declararon no tener escasez de docentes.
La propia encuesta al profesorado de la OCDE señala que 17 % de los docentes tiene intención de abandonar la profesión en los próximos cinco años, proporción que alcanza alrededor de la mitad de los docentes jóvenes en algunos países europeos.
A escala mundial, se necesitan 44 millones de docentes adicionales solo en educación primaria y secundaria para 2030, más de la mitad simplemente para sustituir a quienes abandonan la profesión.
La privatización y la comercialización agravan la situación. Más de 350 millones de estudiantes de primaria y secundaria de todo el mundo están matriculados en instituciones privadas, y la proporción de matrícula en escuelas privadas financiadas con fondos públicos ha aumentado desde el año 2000 en muchos países.
El informe mundial de la Unesco es contundente: el aparente mejor rendimiento de las escuelas privadas se debe fundamentalmente a las ventajas socioeconómicas de la población estudiantil.
Estas tendencias reflejan decisiones políticas: qué deciden financiar los gobiernos y qué deciden recortar. Cuando se exige a los sistemas educativos hacer más con menos, las consecuencias se sienten en las aulas.
Menos docentes, mayores cargas de trabajo, peores salarios y condiciones, y menor capacidad para ofrecer a todos los niños y niñas una educación pública de calidad. La cuestión no es si podemos permitirnos revertir este declive, sino si los gobiernos están dispuestos a priorizar la inversión que requiere la educación pública.
El dinero nunca faltó; es una cuestión de prioridades. Los gobiernos movilizaron 10 billones (millones de millones) de dólares para rescatar a los bancos en 2009 y, en los cuatro años transcurridos desde la invasión de Ucrania, el mundo ha gastado otros 10 billones de dólares en gasto militar, mientras los miembros de la Otan se han comprometido a destinar 5 % del PIB a defensa para 2035, más de lo que la mayoría dedica a educación.
Hoy, los pagos del servicio de la deuda superan el gasto en educación en Colombia, Costa Rica, Hungría, México, Polonia y Turquía, entre otros países, lo que vuelve a mostrar que los gobiernos priorizan el pago a acreedores privados, a bancos, y a defensa, por encima de la infancia.
Hay nuevas fuentes de ingresos disponibles: desde una fiscalidad progresiva y gravar los beneficios extraordinarios (por ejemplo, del petróleo) hasta un impuesto mínimo de 2 % sobre la riqueza de los multimillonarios, que recaudaría 2,5 billones de dólares en una década. Mientras tanto, el G20 ya se ha comprometido a cooperar para gravar a los superricos.
La austeridad fue una decisión política, y también lo crear unos servicios públicos orientados a la prosperidad de las personas.
Con una inversión sostenida en educación pública, una remuneración digna para docentes cualificados y condiciones de aprendizaje equitativas, los países de la OCDE podrían volver a dar ejemplo e invertir en la educación de sus hijos para ampliar las oportunidades de la próxima generación.
Isabel Ortiz es directora de Justicia Social Global. Fue directora en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Unicef y alto cargo de las Naciones Unidas y del Banco Asiático de Desarrollo.
Antonia Wulff es directora de Investigación, Políticas e Incidencia, de la Internacional de la Educación.
RV: EG
