La experiencia acumulada por profesionales de la salud mental en el acompañamiento de víctimas del terrorismo de Estado en Argentina es de tal importancia que ya comenzó a trascender las fronteras.
Brasil, Chile y Uruguay, que sufrieron el embate de las dictaduras en los años 70 y 80 al igual que Argentina, reciben los resultados de esta experiencia que se manifiesta en una creciente producción de materiales para el abordaje de los sobrevivientes de las sangrientas represiones y de sus familiares.
Así lo relató a IPS la psicóloga Fabiana Rousseaux, directora del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos Dr Fernando Ulloa, que funciona desde 2010 en la Secretaría de Derechos Humanos.
"En el Centro se ofrece asistencia psicológica y asesoramiento médico a víctimas que sobrevivieron al terrorismo de Estado, a sus parientes y a otras personas impactadas por la fragmentación familiar o atravesadas por esta historia", explicó.
Rousseaux se refirió así a las dramáticas consecuencias de la represión de la dictadura de 1976 a 1983, que dejó casi 11.000 personas detenidas-desaparecidas, según lo registrado hasta ahora por esta secretaría del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero que estimaciones de organizaciones no gubernamentales elevan a 30.000.
[related_articles]
Los detenidos y detenidas en centros clandestinos o campos de concentración, que se establecieron en ese periodo en las zonas más pobladas del país, sufrieron variadas prácticas de torturas, vejaciones y ataques sexuales, entre otros abusos. Muchos de esos presos fueron ejecutados o arrojados vivos al Río de la Plata desde aviones.
También fueron apropiados y entregados con documentos falsos de adopción los niños y niñas nacidos en el cautiverio de sus madres.
Según explicó la especialista, los sobrevivientes son ahora víctimas y al mismo tiempo testigos en los juicios contra los represores y "mediante su testimonio, reviven situaciones muy traumáticas".
"Es impresionante ver la actualidad que tienen esos hechos en el día a día de las personas que los padecieron. Y contar es volver a vivir", dijo Rousseaux, en alusión a los casi 4.500 testigos que declaran en los juicios reanudados tras la anulación de las leyes de amnistía, aprobada en 2003 poco después de asumir el gobierno el centroizquierdista Néstor Kirchner, y el fallo de inconstitucionalidad de las mismas emitido por la Suprema Corte de Justicia en 2005.
En cuanto a los familiares, destacó que "un tema recurrente es la idea de que no se puede hacer el duelo de una persona desaparecida porque no están sus restos". No obstante, entiende que la experiencia les está demostrando que "no siempre es así".
"Cada uno hace lo que puede con lo que le tocó vivir. Y se puede trabajar para encontrar otras vías que permitan a las personas elaborar ese duelo" aún sin el cuerpo, dijo. "Por su puesto: a veces se puede y a veces no", admitió.
Además de la asistencia en el Centro, los profesionales de la salud mental capacitan a sus pares de hospitales públicos de las provincias.
"Tenemos 45 profesionales en Buenos Aires y una red en todo el país, que permanentemente incorpora especialistas", detalló.
Los expertos del Centro Ulloa también forman a los médicos de las juntas que avalan el daño causado a las víctimas para autorizar la reparación económica, dispuesta por la ley para quienes sufrieron el terrorismo de Estado.
Para Rousseaux, es necesario que esos profesionales "presupongan" el daño físico y psicológico que deviene de haber estado detenido durante la dictadura, sin necesidad de someter a la persona a un interrogatorio o a que dé pruebas fehacientes de ello.
El Centro acompaña a las "víctimas-testigo" en el proceso de declarar, y asesora a operadores del Poder Judicial desde que se reabrieron los juicios contra los represores, que habían sido interrumpidos por las leyes de amnistía de fines de los años 80 y el indulto dictado por el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999).
Este trabajo, en conjunto con jueces, fiscales y querellantes, se plasmó en un Protocolo de Intervención para el Tratamiento de Víctimas-Testigos en el marco de Procesos Judiciales", publicado en septiembre de 2011.
"El propósito de este protocolo es que en el afán del acto de administración de justicia no se produzcan nuevos mecanismos de revictimización o retraumatización de las víctimas-testigos", remarca el documento.
El Protocolo, utilizado también en los países vecinos, recuerda que el testimonio de la víctima debe ser parte de la tarea reparadora del Estado, y aclara que esa persona "no es un objeto de prueba" como sugiere el derecho penal "sino un sujeto de derechos".
El cuadernillo orienta sobre el modo menos lesivo de intervención judicial sobre estas personas, que debieron en muchos casos esperar décadas para que el Estado las convoque a declarar sobre su experiencia límite.
Por eso, los profesionales del Centro recomiendan a los operadores judiciales capacitarse en protección y promoción de derechos humanos o pedir apoyo de otras instituciones gubernamentales, y brinda una serie de consejos prácticos.
Por ejemplo, tratar de que, en lo posible, la víctima-testigo sea citada, recibida y auxiliada en todo momento por un mismo operador de justicia. Evitar las cédulas de notificación por correo y preferir los contactos telefónicos para sus citaciones.
También se sugiere que se explique a los citados los motivos de la convocatoria, sin apelar a fuerzas de seguridad para trasladarlos. Facilitarles viáticos y transporte, no hacerlos esperar y muchos menos dejarlos expuestos al contacto con imputados.
Pero además del Protocolo, el Centro produjo ya otros cuadernillos que sirven para la capacitación de profesionales de la salud mental, como "Consecuencias Actuales del Terrorismo de Estado en la Salud Mental".
En ese documento se señala que muchas víctimas o familiares no se acercan a consultar por su malestar físico o psíquico "debido al terror que ha producido anonadamiento y parálisis" en muchos de los afectados, aún después de muchos años.
"Acompañamiento a Testigos en los Juicios contra el Terrorismo de Estado" es otro de los textos en los que se relatan algunas experiencias que pueden servir de base a la tarea que se desarrolla en otros países donde hay víctimas de dictaduras.
Rousseaux señaló que en los últimos tiempos, el Centro Ulloa se está abriendo a la demanda de otros individuos que padecen la violencia de fuerzas de seguridad o que son víctimas de trata de personas. Son violaciones a los derechos humanos perpetradas en democracia.
Pero su conocimiento sobre las consecuencias del terrorismo de Estado es su mayor aporte, ya que debieron partir "de la invención, más que de la experiencia", para asistir a víctimas de un Estado que, en lugar de proteger, infundió el terror.
