El cierre del mayor vertedero de México desnudó la ausencia de una política integral para la recolección, depósito y manejo de los desechos urbanos, con derivaciones ambientales y sanitarias, según especialistas.
El gobierno izquierdista de la capital mexicana decidió en diciembre clausurar el Bordo Poniente, el mayor depósito de basura ubicado en el oriente citadino, sin haber elegido una alternativa al respecto. Ahora los municipios aledaños a la metrópoli se niegan a aceptar los envíos.
"Hemos insistido con metropolizar los servicios públicos, la basura, el agua, el transporte y la energía, que son los que más hacen crisis ahora. Buena parte de la basura de la ciudad de México proviene de habitantes del área conurbana, la gente que viene a trabajar, y el comercio informal", dijo a IPS el director del no gubernamental Centro de Ecología y Desarrollo, Iván Restrepo.
Desde la década del 80, Restrepo y su equipo han hecho el seguimiento de la situación de la basura en este país latinoamericano.
El Bordo operó desde 1985 en una superficie de 600 hectáreas y recibía cada día 12.600 toneladas de basura, 7.000 de las cuales provenían de municipios del vecino Estado de México (Edomex), según la Secretaría (ministerio) capitalina de Obras y Servicios.
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Además, en su subsuelo están enterrados 70 millones de toneladas de desperdicios, con serias consecuencias, como contaminación del agua y el aire.
La clausura definitiva del vertedero ha provocado una disputa entre el gobierno nacional, el de la ciudad y ahora el del Estado de México, pues el primero presionaba desde 2008 para cerrarlo y el segundo logró extender el funcionamiento hasta 2011. Mientras, la administración del Edomex se resiste a aceptar depósitos en su territorio.
Solo este comienzo de año, las autoridades federales y citadinas se pusieron de acuerdo respecto al programa de cierre definitivo, dentro del cual el régimen de la Ciudad de México convocará a una licitación internacional para usar el metano surgido de la descomposición de los residuos.
La crisis se agudizó por "un proceso de densificación de zonas urbanas, por el cual se concentran los residuos de modo atípico", señaló Ramón Ojeda, secretario general de la Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación Ambiental (Ciaca). "El consumismo aumentó considerablemente, a la par de la falta de una cultura de no generación, separación y reciclaje", comentó a IPS.
La Ciaca, con sede en la ciudad española de San Sebastián, recomendó en 2008 la clausura del Bordo, la compensación por el daño ecológico y la inversión de 71 millones de dólares en el saneamiento del sitio.
Esta instancia nació en México en 1994 con el propósito de resolver conflictos ambientales mediante la negociación entre Estados, individuos y entes legalmente constituidos, como empresas y organizaciones no gubernamentales.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales estima una generación anual de más de 40 millones de toneladas de basura y de los cuales sólo se recicla 15 por ciento.
"Estamos tirando riqueza a la basura y está todo el problema de la falta de reúso y reciclaje. El objetivo es que se recicle al menos 60 por ciento. Hay que establecer rellenos sanitarios que cumplan todas las normas de seguridad. Un relleno no se improvisa", recomendó Restrepo.
"Vamos a tener un problema de basura por un buen tiempo. No se va a agravar si se toman medidas ahora, pero se necesita una estrategia de largo plazo", anticipó el experto.
El Centro de Ecología y Desarrollo identificó al menos 30 proyectos de botaderos fallidos desde los años 80 debido a una mezcla de varios factores, como la falta de voluntad política y corrupción.
El área metropolitana, habitada por alrededor de 24 millones de personas, sólo cuenta con dos vertederos en el Estado de México, amenazados por el rebalse a causa de la extinción del Bordo Poniente.
Ese depósito dejó de captar 3.600 toneladas de desechos, mientras que 3.000 sirven para la elaboración de compost, 800 se reciclan, entre botellas plásticas, cartón y metales, y 600 se destinan a la obtención de combustible alternativo, según la Secretaría de Obras y Servicios.
Las restantes 4.600 toneladas no tienen aún un destino y son la mecha de la bomba actual de residuos.
En 2009, el gobierno del Distrito Federal de México detuvo su plan de construcción de los Centros Integrales de Reciclado y Energía debido a la oposición de los pobladores de las zonas elegidas. Estas instalaciones aprovecharían los residuos orgánicos para convertirlos en compost, reciclar los inorgánicos y generar electricidad.
La Ley Federal de Residuos de 2003 estipula el manejo de los residuos y los lineamientos para abrir y cerrar un botadero, pero no aclara quién es el dueño de la basura el generador, el recolector o el administrador del depósito— hasta que esta llega a manos de las autoridades, sean federales o municipales, y que dificulta su empleo para fines económicos.
"Estamos ante un caos ambiental y regulatorio. Se le debe quitar facultades al poder público y entregarlas a la ciudadanía, sin privatizar el servicio, para tener una organización con representación diversa que tome en cuenta a los expertos, las universidades, los ciudadanos y las empresas", sugirió Ojeda, cuya dirección al frente de la Ciaca finalizará en 2013.
