No es ningún secreto que El Salvador es uno de los países más violentos del mundo, por su elevado índice de homicidios. Pero las autoridades no se ponen de acuerdo sobre si los responsables de la mayoría de los asesinatos son o no las pandillas, llamadas «maras».
Ese desacuerdo es importante porque impide la ejecución de planes efectivos contra la violencia, estiman organizaciones sociales.
Para el Instituto de Medicina Legal (IML), cuyos forenses son los encargados de levantar los cadáveres en la escena del crimen, la responsabilidad de las pandillas ronda 10 por ciento de los casos, mientras que otro 18 por ciento lo adjudica a delincuencia común y el resto a diferentes orígenes.
Pero el ministro de Seguridad, el general David Munguía, eleva la cifra a 90 por ciento y la Policía Nacional Civil (PNC) lo establece en un intermedio 30 por ciento.
"Eso demuestra que en el país no hay una política para crear estadísticas unificadas que nos den un panorama más objetivo del fenómeno", dijo a IPS Jeannette Aguilar, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública, de la católica Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
En 2011, en El Salvador se perpetraron 4.374 asesinatos, que representan una tasa de 70 homicidios cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo de acuerdo a varios estudios internacionales.
De las víctimas, 85 por ciento son hombres y 83 por ciento de los crímenes se cometen en el departamento de San Salvador, en el centro del país y donde tiene asiento la capital de igual nombre, según el reporte oficial 2011 del IML.
La cobertura de la desbordada inseguridad ciudadana por parte de los medios de comunicación crea la percepción que detrás de la mayoría de los asesinatos están las maras.
La PNC, el IML y la Fiscalía General, encargada de dirigir las investigaciones de los delitos, conforman una mesa tripartita destinada a unificar criterios en cuanto a las estadísticas, pero son frecuentes las pugnas cuando una u otra entidad se niega a aceptar los números acordados en la mesa.
Las diferencias de las estadísticas abarca incluso un dato más básico: al conteo de cadáveres. La cuenta de la PNC para el año pasado es de 4.554 asesinatos, 20 menos que la del IML.
"Por lo menos tendría que haber un acuerdo mínimo en cuanto al número de asesinatos, pero ni eso tenemos, señaló Aguilar.
El Salvador, junto a Honduras y Guatemala, enfrentan un agudo problema delictivo derivado de la actividad de las pandillas.
Solo en El Salvador, con 6,6 millones de habitantes, sus jóvenes integrantes conforman un ejército de alrededor de 29.000 miembros, según cálculos policiales. Están aglutinados principalmente en la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Mara 18, añaden.
El fenómeno de las maras, concuerdan los expertos, nace en la década del 80, con la llegada de centroamericanos deportados de Estados Unidos, país donde se impregnaron de la vida de las pandillas criminales.
La pobreza y la marginación fue el caldo de cultivo para que jóvenes centroamericanos sin futuro engrosaran las filas de las maras.
El Salvador experimenta nuevas formas de violencia, con asesinatos cometidos con barbarie, masacres de familias enteras y el resurgimiento de los cementerios clandestinos en los que, en fosas cavadas a poca profundidad en la campiña salvadoreña, los asesinos entierran a sus víctimas, quienes engrosan una larga lista de desaparecidos.
El informe del IML sitúa en más de 2.000 las personas desaparecidas.
Los números que manejan el IML y la PNC, en cuanto a la participación de las pandillas en los homicidios difieren marcadamente de los suministrados por el ministro Munguía. Pero este ha asegurado que el dato de 90 por ciento no es una especulación, sino que surge del seguimiento de los casos.
La mayor crítica que se hace al Ministerio de Seguridad es que elabora sus datos y diseña los planes generales para enfrentar y reducir la violencia criminal sin tener en cuenta el detalle de las investigaciones de la PNC y la Fiscalía, que son los organismos responsables de averiguar quiénes están detrás de cada asesinato.
"El ministro maneja una información bastante errónea, poco aceptable y creíble", señaló a IPS Mauricio Figueroa, presidente de la Fundación Quetzalcoatl, miembro de la no gubernamental Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil.
Munguía fue ministro de Defensa hasta el 22 de noviembre, cuando el presidente Mauricio Funes le encomendó la lucha contra la criminalidad, lo que despertó críticas dentro de organizaciones y expertos dedicados al tema, por considerar que con la medida el mandatario de izquierda moderada estaba militarizando la seguridad pública.
Los especialistas critican que los planes de Funes para atajar el fenómeno de las maras básicamente han seguido el mismo patrón de los gobiernos que lo precedieron en los 10 años previos a su llegada a la Presidencia, en junio de 2009.
Esos gobiernos, de la derechista Alianza Nacionalista Republicana (Arena), establecieron planes que pusieron en manos del ejército la lucha contra la criminalidad ciudadana, conocidos como "Mano Dura y "Súper Mano Dura" y que no dieron resultados.
Cuando Funes asumió el cargo, como candidato del exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), dispuso de inmediato que 2.500 soldados acompañen a la PNC en tareas de seguridad pública. En 2010 amplió a un año más la presencia castrense en las calles y sumó más efectivos.
Al afirmar que las pandillas son responsables de 90 por ciento de los homicidios, "el ministro está tratando de justificar nuevas versiones de esos planes (de mano dura)", sostuvo Figueroa, de la Fundación Quetzalcoatl.
Entre otras medidas, el ministro ha anunciado que buscará el aval legislativo para establecer el estado de emergencia en las áreas de mayor índice de delincuencia, lo que implicaría restricciones al derecho de reunión y movilización por parte de la población.
Los analistas resaltan que difícilmente se obtendrán resultados positivos en la batalla contra el crimen, particularmente en el caso de los homicidios, sin un efectivo diagnóstico del fenómeno delictivo en el país, lo cual pasa por contar con estadísticas confiables en torno a los responsables de los asesinatos.
"Hay que saber frente a qué se está, quiénes cometen los asesinatos, dónde se concentran", dijo Aguilar. "Toda esta información debe tenerse para tomar decisiones en la búsqueda de un plan efectivo contra el crimen", sentenció la directora del Instituto Universitario de Opinión Pública.
