Una ley aprobada en la madrugada de este jueves 22 en Argentina para castigar delitos de terrorismo fue cuestionada por organizaciones de derechos humanos y juristas, que temen que la norma sirva para criminalizar la protesta social.
El Poder Ejecutivo envió el proyecto de reforma del Código Penal al parlamento bajo amenaza de sanciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un foro intergubernamental que reclama normas de persecución al lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
Entidades de derechos humanos habían cuestionado la iniciativa enviada por el gobierno de Cristina Fernández a la Cámara de Diputados, y lograron la incorporación de un párrafo que, supuestamente, evitaría sanciones a movimientos sociales.
Pero los cambios no conformaron. La ley incrementa penas mediante conceptos considerados muy abstractos y que carecen del rigor que exige el Código Penal para su correcta y justa aplicación, han dicho juristas.
El artículo 41 de la reforma incorpora así la figura de terrorismo: "Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo".
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En respuesta a las críticas, se añadió otro párrafo indicando que "las agravantes previstas no se aplicarán cuando el o los hechos tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional".
Para el abogado Alan Iud, de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, hablar de "delitos dirigidos a aterrorizar a la población" es "un concepto excesivamente amplio y aumenta el riesgo de que se use contra la protesta social".
"Muchos conflictos se expresan hoy en el marco de usurpaciones, a veces con daños a la propiedad o con restricción a la circulación de personas, y esas manifestaciones pueden ser castigadas con esta norma", alertó.
Iud consideró que, si bien el actual gobierno manifiesta voluntad de no criminalizar la protesta social, "no perdemos de vista que los que aplican la ley son los jueces y muchos creen que el sistema penal debe perseguir esas protestas", advirtió.
La sanción de las reformas perturba la sintonía que ha sido tónica de las relaciones entre las organizaciones de derechos humanos y el gobierno desde que este resolvió, ocho años atrás, avanzar en procesos contra represores de la última dictadura (1976-1983).
El no gubernamental Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también expresó "profunda preocupación" por los "conceptos tan abiertos e imprecisos" de la ley y el riesgo de que se aplique a "desalojos, cortes de vías de circulación o a protestas en espacios públicos".
Le siguió la Asociación por los Derechos Civiles, que recordó que el uso de un lenguaje excesivamente abstracto "no se condice con los requisitos de precisión y claridad en materia penal que exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
La norma tampoco cuenta con la aprobación del magistrado Eugenio Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien la calificó como "una extorsión" del GAFI en una entrevista con una radioemisora de la central provincia de Córdoba.
Ese foro había reclamado a Argentina resolver "urgentemente" las presuntas "deficiencias de su régimen de lucha contra el lavado y el financiamiento al terrorismo", y el Ministerio de Justicia se comprometió a hacerlo antes de febrero.
Zaffaroni subrayó que el GAFI "es un organismo de segunda categoría, que se atribuye más derechos que las Naciones Unidas". Respecto del delito de terrorismo, el jurista sostuvo que "en Argentina, la muerte de una sola persona con un medio capaz de causar grandes estragos tiene pena perpetua en nuestro código desde hace 90 años".
Y los delitos de financiación al terrorismo están contemplados en figuras ya existentes en el Código Penal, añadió.
Legisladores opositores también criticaron la ley. La diputada Liliana Parada, del Frente Amplio Progresista, sostuvo que puede ser aplicada contra campesinos o pueblos originarios que exigen acceso a la tierra.
Otros posibles afectados serían poblaciones que rechazan la instalación de minas a cielo abierto u otras industrias que contaminan, dijo Parada, quien citó el caso de Chile, donde una ley antiterrorista persigue a los indígenas mapuches que exigen control sobre sus tierras.
El Poder Legislativo también aprobó una ley que incorpora delitos económicos y financieros para prevenir el lavado de activos, una figura que se había incluido en el Código Penal a mediados de este año. La nueva norma penaliza, por ejemplo, acciones destinadas a afectar el orden económico o financiero.
La ley crea también los delitos de uso indebido de información privilegiada de empresas que cotizan en bolsa, la captación fraudulenta de ahorros públicos, el cohecho financiero y la manipulación de valores negociables.
