WASHINGTON – Cuatro organizaciones de derechos humanos impugnaron ante un tribunal federal de Estados Unidos las sanciones impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump a fiscales y jueces de la Corte Penal Internacional (CPI).
Las organizaciones (American Friends Service Committee, Center for Constitutional Rights, Open Society Institute y Human Rights Watch) afirman que las sanciones “constituyen un ataque flagrantemente ilegal contra la justicia internacional y deben ser anuladas”.
Asimismo, sostienen que esas sanciones vulneran sus derechos constitucionales a la libertad de expresión, de asociación y religión, e infringen la legislación estadounidense y las obligaciones de este país en virtud del derecho internacional.
La demanda impugna la orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump, el 6 de febrero de 2025, que autoriza la imposición de sanciones contra funcionarios, jueces y otras personas que colaboran con la CPI en la búsqueda de justicia por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
También argumenta que las sanciones exceden las facultades del presidente y se basan en una supuesta “emergencia nacional” que carece de fundamento real.
La unión de oenegés para para impugnar la orden ejecutiva “demuestra el daño generalizado que está causando a los grupos de la sociedad civil comprometidos con llevar ante la justicia a los responsables de crímenes graves”, observó Andrew Loewenstein, abogado principal de la firma Foley Hoag LLP.
Con la demanda se busca “poner fin a este régimen de sanciones, que excede la autoridad presidencial y viola tanto el derecho internacional como la legislación estadounidense, incluidos los derechos a la libertad de expresión y de religión”, subrayó Loewenstein.
La Corte Penal Internacional (CPI) inició 18 investigaciones en distintas partes del mundo, incluidos Afganistán, Libia, Filipinas, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Sudán y Ucrania.
Destaca la investigación sobre Palestina, que condujo a la emisión de órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Gaza.
El 13 de julio de 2026, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció una escalada en la campaña del gobierno para “desmantelar” el tribunal, que incluye un uso más amplio de sanciones y presiones sobre los países miembros de la CPI para que abandonen la institución.
La CPI se estableció en 2002, regida por el Estatuto de Roma y con sede en La Haya, para enjuiciar a personas por crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión.
El Estatuto fue adoptado por 125 naciones (incluida Palestina), y entre los que rehusaron su adopción figuran Estados como China, India, Israel, Rusia y Estados Unidos, países del Medio Oriente y, en América Latina, Cuba y Nicaragua.
De la CPI se han retirado o anunciado su retiro, desde 2017, Burundi, Filipinas, países del Sahel africano (Burkina Faso, Chad, Níger y Malí), y, hace pocos días, se sumó Venezuela, cuyo expresidente Nicolás Maduro (2013-2026), preso en Nueva York, es objeto de un inicio de investigación por el tribunal internacional.
La demanda interpuesta por las organizaciones de derechos humanos coincide con el pedido formulado esta semana en Panamá por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hegseth, esta semana en Panamá, para que los países de la coalición americana antidrogas que lidera Washington se retiren de la CPI.
“Recomiendo encarecidamente a todos los miembros de la coalición que abandonen la CPI y rechacen sus intentos de despojar a sus gobiernos y tribunales de su soberanía”, dijo Hegseth ante representantes de defensa y seguridad de la región.
Joyce Ajlouny, secretaria general del American Friends Service Committee, dijo que “los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos por desmantelar la CPI y castigar a quienes buscan justicia por graves violaciones de los derechos humanos tienen consecuencias más allá de las personas y organizaciones directamente afectadas.
La orden de Trump “busca intimidar a quienes defienden los derechos humanos y disuadir el apoyo a quienes promueven el respeto por los derechos fundamentales y la dignidad de los demás. Constituyen una afrenta para todas las víctimas y supervivientes de crímenes de guerra y genocidio”, afirmó Ajlouny.
La demanda de las ONG fue presentada ante el tribunal del distrito sur de Nueva York. En junio, tres jueces de la CPI sancionados por la administración Trump presentaron una demanda contra el presidente y otros altos funcionarios estadounidenses por considerar que las medidas en su contra son ilegales.
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