Cobró impulso en Argentina una causa judicial sobre graves delitos cometidos durante la Guerra Civil Española y la posterior dictadura de Francisco Franco (1936-1975).
La jueza federal argentina María Servini de Cubría abrió este mes una investigación a raíz de la querella presentada en abril de 2010 por abogados humanitarios de Argentina en nombre de familiares de víctimas del régimen franquista.
La magistrada reclamó a España nombres de militares involucrados en aquella dictadura (1939-1975), listas de desaparecidos, de fusilados y de niños apropiados, así como la identificación de empresas supuestamente beneficiadas por el trabajo forzado de detenidos, entre otras medidas de prueba.
La jueza había archivado inicialmente la denuncia por considerar que había investigaciones abiertas en España. Pero la Cámara Federal, un tribunal penal de segunda instancia, le ordenó indagar "si efectivamente" la justicia de ese país europeo estaba actuando.
Así, la denuncia volvió a manos de Servini que, en ejercicio del principio de la jurisdicción universal, liberó este mes el exhorto solicitando gran cantidad de material probatorio, como el domicilio de agentes del régimen que aún viven y certificados de defunción de los que fallecieron.
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Para reforzar el pedido, los abogados querellantes presentaron a Servini un nuevo documento en el que subrayan que, luego de 36 años de dictadura y otros tantos de democracia en España, "no sólo no existe ni siquiera una Comisión de la Verdad, sino que no hay un solo niño al que se le haya restituido su identidad".
"La causa fue iniciada en Argentina porque todo evidenciaba que ni con un gobierno socialista había voluntad de que prosperara allí", explicó a IPS uno de los letrados argentinos, Beinusz Szmukler, en referencia a la última administración del Partido Socialista Obrero Español, que se extendió desde 2004 hasta el 21 de este mes.
Como señal de ausencia de esa voluntad, el abogado recordó el proceso que se sigue en España al juez de la Audiencia Nacional de ese país, Baltasar Garzón, suspendido desde mayo de 2010 y acusado de prevaricación por haber abierto una investigación judicial sobre crímenes cometidos durante la guerra civil (1936-1939) y el posterior régimen de Franco.
Garzón había aplicado el principio de jurisdicción universal para entender en delitos cometidos por la dictadura de Argentina (1976-1983) y de Chile (1973-1990) cuando distintas normas nacionales impedían esos juicios en los dos países sudamericanos.
Pero cuando Garzón intentó indagar en crímenes de su país, extinguidos por una amnistía adoptada en 1977, "fue desplazado y ahora corre el riesgo de perder su condición de juez", recordó Szmukler.
A raíz de ese desplazamiento, la española Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y una decena de organizaciones de derechos humanos de Argentina respaldaron la querella en Buenos Aires de familiares de víctimas del franquismo.
Con base en muchos de los argumentos de Garzón, los abogados presentaron el pedido de investigación ante tribunales argentinos a nombre de seis descendientes de víctimas que viven en este país. El grupo de querellantes se ampliará en los próximos meses, ya que se están presentando nuevos casos de familiares, dijo Szmukler.
Uno de los demandantes es Darío Rivas, de 91 años, quien denunció el asesinato de su padre, Severino Rivas, supuestamente cometido en 1936 por miembros de la ultraderechista Falange Española.
Severino Rivas era alcalde de la localidad gallega de Castro de Rei, en la provincia de Lugo, noroeste de España, cuando fue apresado y fusilado. Permaneció como desaparecido durante décadas hasta que, a instancias de su hijo, sus restos fueron hallados en una fosa común. Darío los recuperó en 2005.
"El señor Severino Rivas y los familiares de (otra querellante) Inés García Holgado fueron víctimas de una técnica de homicidios perfeccionada por la Falange Española, que denominaba paseos a los fusilamientos por la espalda", dice la denuncia.
Holgado es sobrina nieta de Elías García Holgado, quien era alcalde del poblado de Lumbrales y diputado de la occidental provincia de Salamanca. También detenido en 1936, murió ejecutado un año después de su arresto.
Estas circunstancias "son extensibles a decenas de miles de personas asesinadas en lo que constituyó un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado de aterrorizar a españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de la eliminación física de sus más representativos exponentes", sostiene la querella.
En su presentación, los juristas recordaron que los tribunales españoles ejercieron activamente la jurisdicción universal en casos de crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina, Chile y Guatemala.
El objetivo no es cuestionar la vigencia de la ley de amnistía española, ratificada recientemente ante un intento de derogarla, sino ejercer la jurisdicción argentina respecto de crímenes "que ofenden y lesionan a la humanidad y que permanecen impunes", remarcaron los abogados.
Organizaciones de derechos humanos estiman en 113.000 la cantidad de personas desaparecidas en la guerra civil y el régimen de Franco, muchas supuestamente enterradas en unas 2.500 fosas comunes. Pero habría además unos 30.000 casos de menores supuestamente sustraídos de sus familias y apropiados ilegalmente.
Esas personas habrían sufrido la ocultación de su identidad y permanecen sin conocer su historia familiar y personal, sin que haya causa abierta por esos delitos en España, señalan activistas.
En solidaridad con estos casos, se sumó como querellante la organización Abuelas de Plaza de Mayo, dedicada a la busca de hijos de desaparecidos argentinos que sufrieron secuestro y pérdida de identidad a manos de agentes de la dictadura de este país.
Por eso Szmukler y demás abogados sostienen que la demanda "no se conforma" con una declaración de reconocimiento del genocidio y de compromiso de indagar en la verdad de los hechos.
Ese antecedente existe en Argentina, donde descendientes de armenios muertos en una operación ejecutada por el Estado turco entre 1915 y 1923, lograron que la justicia de este país sudamericano reconociera ese genocidio en una sentencia sin carácter punitivo, emitida en abril.
"En el caso de España, cuando presentamos la querella había al menos 13 militares vivos, y además están los casos de 30.000 personas que desconocen su verdadera identidad", dijo el abogado.
"Queremos una investigación a fondo, que se determine la verdad y se establezcan las responsabilidades. Si no lo hace España, lo haremos acá. Ojalá que haya colaboración", agregó.
