«Mis tres hijos, los mellizos de 12 años y el menor, de 10, salieron a jugar al críquet después del almuerzo. A eso de las cuatro de la tarde, los mayores corrieron a decirme que le habían disparado a Adnan. Llegué para su último aliento», relató, con los ojos llenos de lágrimas, la pakistaní Taj Bibi.
"Sé quién mató a mi hijo", aseguró Bibi. "Fue el MQM que quiere deshacerse de los pashtún", explicó, en alusión al Movimiento Muttahida Qaumi (MQM, por sus siglas en inglés), que representa a los mohajir que hablan urdu y llegaron de India tras la división de ese país y Pakistán.
El Partido Nacional Awami (PNA), que se opone al dominio del MQM en Karachi. defiende los intereses de los residentes pashtún en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkwa.
Los pashtún están en Karachi desde hace décadas, pero la inmigración aumentó desde que su territorio originario en el noroeste de Pakistán es el escenario de la lucha de Estados Unidos contra el movimiento islamista afgano Talibán y la red extremista Al Qaeda.
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La violencia actual es responsabilidad del MQM y del PNA, señaló la asistente social Zahid Faruq, residente de Qasba. "Es un enfrentamiento con vistas a las próximas elecciones, para las que falta casi un año", apuntó.
El MQM se separó del gobernante Partido del Pueblo Pakistaní (PPP) y abandonó la coalición gobiernante en la provincia de Sindh, cuya capital es Karachi.
Pero el PNA sigue formando parte de los gobiernos central y provincial, encabezado por el PPP, lo que revela la fractura entre mohajir y pashtún, en especial en lugares como la Colonia Qasba.
"Los pathún tratan de organizarse al igual que el MQM y ser mayoría en Qasba. Obligan a los residentes de habla urdu a mudarse. En otras zonas pasa lo mismo, pero en perjuicio de los primeros", indicó Farooq.
Los mohajir constituyen 50 por ciento de los residentes de Colonia Qasba, unas 100.000 personas, mientras los pashtún representan 40 por ciento.
El resultado del conflicto étnico es la división de Karachi, donde hombres armados disparan cuando alguien trasgrede una frontera percibida por ellos como tal.
La activista por la paz Naeem Sadiq considera que la situación actual no es más que un "enfrentamiento entre pandillas armadas que luchan por el control, la influencia, los recursos y la tierra", disfrazándola de conflicto étnico.
"El gobierno y los dirigentes políticos" son responsables pues se sabe que muchos de ellos trabajan en connivencia con delincuentes, señaló.
La opinión de Sadiq cobra mayor vigencia dado que las fuerzas de seguridad parecen incapaces de poner fin al baño de sangre, pese al enorme despliegue de policías y efectivos paramilitares en la ciudad.
La violencia continúa en agosto, el mes sagrado de Ramadán, y se teme que haya más de 900 muertos, la cantidad de personas que perdieron la vida durante el conflicto étnico de 1995.
De las 800 personas que murieron desde enero, más de 300 perdieron la vida en julio, según la independiente Comisión de Derechos Humanos de Pakistán.
Con 18 millones de habitantes, Karachi es la ciudad más grande y centro financiero de Pakistán. El último enfrentamiento fue uno de los factores que hizo que la bolsa de valores cayera la semana pasada a su punto más bajo en cuatro meses.
Activistas denuncian que son las personas más pobres e inocentes las que cargan con la peor parte del conflicto, y no los que probablemente inviertan en la bolsa de valores.
"Todo nuestro trabajo se hizo añicos", se lamentó Abdul Waheed, que desde hace 18 años dirige una organización no gubernamental educativa que trabaja en Colonia Qasba para motivar a los padres a mandar a sus hijos a la escuela.
Cuatro escuelas públicas y 20 privadas, mixtas o gestionadas por organizaciones de beneficencia seguirán cerradas pues los maestros no se aventuran a las zonas de Karachi afectadas por la violencia.
Los padres tampoco quieren que sus hijos corran riesgos. "Catorce menores murieron desde el mes pasado", indicó Waheed. "Unos 30.000 niños y niñas no van a la escuela en ese barrio, donde la tasa de analfabetismo es de siete por ciento", añadió.
"No veo a los gobernantes preocupados, lo que les importa es mantenerse en el cargo. Ninguna persona rica ni influyente fue asesinada y los pobres no cuentan", observó.
"Los pobres no solo mueren, sino que quedan atrapados en su casa durante días sin alimento y sin poder trabajar ni ir a la escuela ni recibir asistencia médica durante un estallido de violencia", añadió.
Si hay algo en lo que coinciden los partidos políticos es en desarmar la ciudad. "Si quieren salvar a Karachi, la cara y el índice de Pakistán, desármenla", dijo la semana pasada el ministro de Ciencia y Tecnología, Azam Awati, en la cámara de senadores.
Hay 5.000 sicarios patrocinados por partidos políticos, señaló el senador del PPP, Faisal Raza Abidi. Es posible que haya 20 millones de hombres armados en Karachi, la mayoría ilegales, estiman organizaciones civiles dedicadas a supervisar la situación.
El ministro del Interior, Rehman Malik, anunció que se cancelarían todas las licencias de porte de armas a fines de este mes. "A partir de septiembre, toda persona que porte una con las viejas licencias será tratada con severidad", remarcó.
Pero no es la primera vez que se hace esa promesa y luego se abandona, se lamentó Sadiq.
"Necesitamos un gobierno que no sea corrupto, que no esté integrado por delincuentes y esté dispuesto a perseguirlos. Lamentablemente no es el caso hoy en día", afirmó.
