La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, empieza a ganar adhesiones para una guerra ética que encabeza en los hechos, pero prefiere no declarar.
Pero en sus ocho meses de gobierno, perdieron sus cargos el jefe de gabinete, los ministros de Agricultura y de Transporte, el viceministro de Turismo y decenas de altos funcionarios sospechosos de presuntos actos venales, afectando tanto al PT como a partidos aliados.
Y así Rousseff ganó una fama que quizás preferiría no tener: la de luchadora contra la corrupción, y un apoyo que no pidió, aunque no le venga mal: el de las calles.
"Esto no es de hecho la Roma Antigua", reaccionó Rousseff cuando la prensa le preguntó sobre las sucesivas cabezas que rodaban en su gabinete. "Esa pauta de las dimisiones, en la que hacen un ranking, no es adecuada para un gobierno. Es una pauta que no voy a asumir", sentenció.
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Las razones para no declarar la batalla a la corrupción no se atribuyen a su modestia, y sí al delicado equilibrio de fuerzas aliadas al PT en el Congreso legislativo.
En la Cámara de Diputados, el PT cuenta con el bloque más numeroso, 86 integrantes en 513. Y tiene 14 de los 81 senadores, ubicándose segundo después del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que ostenta 20.
En ninguna de las dos cámaras el PT tiene mayoría simple por sí solo, y por eso está aliado a 15 partidos ideológicamente muy disímiles.
Desde que comenzó la "limpieza" ministerial, por denuncias que van desde enriquecimiento ilícito hasta desvío de recursos e irregularidades administrativas, ya se separó de la coalición uno de esos aliados, el Partido Republicano.
Y en filas del PMDB, el mayor de la alianza, el malestar creció hasta el punto de amenazar a la presidenta con bloquearle medidas que necesita para ajustar el presupuesto, en tiempos en que urge reducir el gasto público.
Para el analista político Maurício Santoro, de la Fundación Getulio Vargas, no está claro hasta dónde quiere llegar la presidenta en el combate a la corrupción, o si "está simplemente reaccionando a las denuncias".
Pero no hay dudas de que Rousseff, queriendo o no, "está yendo mucho más allá que cualquier otro presidente" que la antecedió, dijo Santoro a IPS.
Eso mismo piensan 22 senadores que crearon este mes el Frente Extrapartidario de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, cuyo objetivo es garantizar que Rousseff tenga apoyo en el Congreso en momentos en que parece tambalearse su base aliada.
Se trata de un "chantaje", según el senador Pedro Simón, político del PMDB de actuación independiente y uno de los creadores del Frente, que ya comenzó a coordinar estrategias con organizaciones como la Orden de Abogados de Brasil y la católica Conferencia Nacional de Obispos.
El senador llamó a los partidos a "meditar" sobre la situación y a la presidenta a escoger a sus ministros entre gente con "capacidad y biografía honesta".
Para el Frente, Rousseff va por buen camino y debe continuar destituyendo a involucrados en los escándalos, incluso si duelen al PT, como pasó con el exjefe de gabinete Antonio Palocci, sospechoso por el gran aumento de su patrimonio.
"Dejamos claro que la presidenta Dilma cuenta con nosotros si fuera necesario para ir a las calles a movilizar al pueblo brasileño para apoyar medidas de combate a la corrupción", dijo otro de los integrantes del Frente, el senador Randolfe Rodrigues, del opositor e izquierdista Partido Socialismo y Libertad.
Las calles también comenzaron a movilizarse. En la red social Facebook crecen movimientos como "Todos juntos contra la corrupción", que en poco tiempo consiguió más de 19.000 personas que prometen participar de una gran protesta pública, convocada para el 20 de septiembre en Río de Janeiro.
"No tengo carro (auto) con equipo de sonido, ni tampoco apoyo a ningún político o partido, tengo apenas unas ganas descontroladas de decir BASTA a esta desvergüenza", afirma la página de Facebook. "Soy brasileño y carioca y estoy harto de esta historia".
El movimiento convoca a los manifestantes a vestir los colores verde y amarillo de la bandera de Brasil.
Para el exdiputado Fernando Gabeira, del opositor Partido Verde (PV), lo que hizo el gobierno hasta ahora fue apenas despedir a ministros acusados ante denuncias de la prensa.
"El gobierno hasta ahora ha reaccionado a una campaña contra la corrupción, pero no ha liderado una campaña contra la corrupción", dijo Gabeira a IPS.
"Pero dentro del gobierno hay fuerzas muy poderosas que no quieren que este movimiento contra la corrupción se desarrolle", dijo en referencia a partidos y políticos aliados que "se han formado en la perspectiva no sólo del poder, sino de enriquecerse".
El dirigente del PV no tiene, sin embargo, muchas esperanzas.
"La presidenta Dilma hasta ahora parece dividida entre su base aliada comprometida con la corrupción y las necesidades del país, sobre todo ahora que tenemos por delante una crisis económica internacional", opinó.
Según el punto de vista de este opositor, la idea que prevalece dentro del PT es que lo importante es crecer y distribuir la riqueza, como se está haciendo, y en ese contexto la corrupción es apenas "un efecto colateral".
Gabeira comparó su país con India, donde se están fortaleciendo los movimientos éticos. Brasil también necesita encarar esa lucha, sostuvo.
"Hemos comprendido que la corrupción es un obstáculo para que Brasil e India ocupen su espacio económico en el mundo", añadió.
Un estudio de la Federación de Industrias de Sao Paulo sostiene que Brasil pierde entre 1,38 y 2,3 por ciento de su producto interno bruto anual por la corrupción.
El estudio de marzo de 2010 calcula que con esa riqueza, entre 26.000 y más de 43.000 millones de dólares al cambio actual, se podría incorporar a 16,4 millones más de alumnos a las escuelas públicas, distribuir electricidad a 24,6 millones de personas o dar saneamiento a 23,3 millones de domicilios.
