Los problemas de segmentación del sistema educativo de Chile no son ajenos al resto de América Latina, pero en este país adquirieron un carácter mucho más complejo.
Las movilizaciones estudiantiles por una reforma educativa, que llevan casi tres meses y jaquean al gobierno de Sebastián Piñera, sorprenden a quienes ven a Chile como un modelo de estabilidad económica y política en la región.
"Hay que entender que los problemas de la educación como la segmentación y calidad criticadas por los estudiantes chilenos no son exclusivos de este país, sino que afectan a toda la región", dijo a IPS la experta Daniela Trucco, del Departamento de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Más que la educación superior, lo que distancia a Chile de sus vecinos es el sistema de financiamiento de la enseñanza primaria y secundaria.
"En la mayoría de los países, el sistema escolar se divide en educación pública y educación privada paga. Excepto en Chile, donde está dividido en tres: la educación pública municipal, que es provista por un sistema público, la particular subvencionada, y la particular paga", ilustró Trucco.
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Dentro de la educación privada subvencionada por el Estado, hay establecimientos cuya asistencia es gratuita para los alumnos, y otros que cobran una mensualidad a las familias, en lo que se conoce como "financiamiento compartido". "Es un sistema mucho más complejo que en el resto de la región", sostuvo Trucco.
La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), promulgada por el fallecido ex dictador Augusto Pinochet (1973-1990) un día antes de dejar el poder, inició el proceso de descentralización y privatización educativa y permitió que las instituciones privadas persiguieran fines de lucro y que se efectuaran pruebas de selección para el ingreso de los alumnos.
Una reforma para terminar con la resistida LOCE partió con bríos en el gobierno de la socialista Michelle Bachelet (2006-2010), empujada por una movilización estudiantil sin precedentes en 2006, pero tras muchas presiones, la ley aprobada en 2009 estuvo lejos de desmontar las principales características del sistema.
Las críticas de la actual movilización ciudadana apuntan a terminar con el permiso para lucrar del que se benefician administradores de escuelas que son a la vez financiadas desde el Estado.
Se reclama además que la educación primaria y secundaria públicas sean conducidas directamente por el Ministerio de Educación y no por los municipios, a los que la LOCE traspasó todos los establecimientos estatales, agravando también las diferencias de recursos entre distritos más y menos pudientes.
Si bien los indicadores muestran mejoras en el acceso y cobertura de primaria y secundaria en América Latina, dijo Trucco, se puede observar que "en general en la región el problema es el embudo en el acceso a la educación superior".
Allí "los porcentajes de cobertura son mucho más bajos, aunque haya provisión de educación pública a nivel de educación superior", agregó.
Esto obedece a que "los jóvenes tienen que trabajar y no alcanzan el nivel de calidad requerido para acceder al sistema de educación superior", indicó. "Ese es un problema generalizado en la región, no sólo en Chile", dijo la especialista.
A pesar de los problemas estructurales de la educación chilena, éste "es de los países con mejores niveles de cobertura y de calidad en el sistema escolar", apuntó.
En 1997, Chile impuso la jornada escolar completa para todo el sistema primario y secundario, de la que carecen "la mayoría de países de la región", excepto en la educación privada paga.
"Ese es un factor de desigualdad enorme, sobre todo porque la jornada escolar completa es especialmente importante para aquellos niños socialmente más desfavorecidos", acotó.
América Latina está a punto de lograr la universalización de la enseñanza primaria, con 95 por ciento de cobertura, según datos de las Naciones Unidas.
Pero hay aún 2,9 millones de niños y niñas fuera de la escuela y los que llegan al último grado de la enseñanza primaria alcanzan a 86 por ciento en la región.
Además, apenas 67 por ciento de los niños y niñas ingresan al sistema educativo a la edad establecida.
El desafío de Chile sigue siendo la inequidad y "qué pasa después de que salen de la media, cuáles son las posibilidades que tienen, cómo son las diferencias de resultados, cómo llegan a la educación superior, cómo la financian; esos son los problemas que se están discutiendo, que tienen una complejidad mucho mayor".
La oferta educativa superior chilena, además, no incluye ninguna casa de estudios ni siquiera institutos técnico-profesionales completamente financiada por el Estado, y gratuita para los estudiantes.
"En vez de que la oferta educativa cumpla la promesa y la expectativa de revertir las desigualdades sociales de origen, lo que está haciendo es reproducirlas", observó la experta.
Entonces, el gasto público en educación superior, que es "importante", lo recibe "la población más favorecida socialmente, porque la otra no está accediendo al sistema", describió, lo que convierte ese gasto en "regresivo".
Para Trucco, debe haber gasto público, pero asegurando que los jóvenes pobres lleguen a la educación superior y reciban ese financiamiento.
En muchos casos, el arancel supera el salario mínimo nacional mensual, de unos 350 dólares.
En medio de marchas, protestas y paros, el gobierno presentó el lunes 1 sus "Políticas y propuestas de acción para el desarrollo de la educación chilena", que exponen 21 medidas, como dar rango constitucional al derecho a una educación de calidad, revertir la municipalización de la enseñanza pública, modernizar la carrera docente y reformar el sistema de becas y créditos estudiantiles universitarios, entre otras.
La respuesta fue una convocatoria de estudiantes secundarios, universitarios y profesores a manifestaciones efectuadas el jueves, sin autorización del gobierno, y que fueron duramente reprimidas por la policía, con más de 800 detenidos en todo el país.
Siguió un caceroleo nocturno condenando la acción policial en muchas calles capitalinas y de las principales ciudades.
"Da la sensación de que (las autoridades) no lo quieren resolver, en vez de apagar el fuego lo están alimentando", dijo a IPS el director del Observatorio Chileno de Políticas Educativas de la Universidad de Chile, Jesús Redondo.
Este viernes 5 los sectores movilizados rechazaron formalmente la propuesta del gobierno pues, dijeron, mantiene la línea neoliberal del sistema, perpetuando la educación privada, sin fortalecer la pública.
Además, dieron un plazo de seis días para que el Poder Ejecutivo responda al petitorio de reclamos de forma "seria" y convocaron a un nuevo paro nacional para el martes 9.
La movilización por una reforma educativa "es un movimiento social y legitimado, que la gente respalda", dijo la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Camila Vallejo.
El gobierno no lo está entendiendo y responde "con violencia, con represión, coartando libertades constitucionales", añadió.
