LONDRES – El 15 de septiembre, la policía y los servicios de seguridad noruegos llevaron a cabo una redada en la sede de Telenor en Oslo. Las autoridades acusan a la compañía transnacional de telecomunicaciones, cuya propiedad mayoritaria pertenece al Estado noruego, de complicidad en crímenes contra la humanidad en Myanmar y de incumplir las sanciones.
Telenor vendió su filial de Myanmar en marzo de 2022, tras el golpe militar que derrocó al gobierno democráticamente elegido del país en febrero de 2021.
Una investigación de la Corporación Noruega de Radiodifusión, publicada en agosto de 2025, reveló que, antes de su salida, Telenor había accedido a las peticiones del ejército de entregar datos de clientes.
Se alega que los registros de llamadas y los datos de localización podrían haber ayudado al ejército a localizar, capturar y asesinar a activistas por la democracia, entre ellos el activista Ko Jimmy, ejecutado en julio de 2022.
La sociedad civil advirtió de los peligros cuando Telenor se disponía a vender su filial a una empresa conjunta entre un grupo libanés y Thein Win Zaw, un empresario birmano acusado de mantener estrechos vínculos con el ejército.
Ha mantenido la lucha para que se rindan cuentas. Justice for Myanmar, un grupo activista clandestino, colaboró con la Comisión Internacional de Juristas para recabar pruebas documentales sobre el papel de Telenor y presentó denuncias ante la policía en diciembre de 2024 y octubre de 2025.
Telenor también es objeto de una demanda interpuesta por un grupo de organizaciones de la sociedad civil el pasado mes de octubre, en la que se alega que la empresa facilitó datos de más de 1200 personas.
Además, se ha determinado que la compañía ha incumplido las Directrices para las empresas multinacionales sobre conducta empresarial responsable de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Complicidad internacional
El caso de Telenor centra la atención en las redes más amplias de empresas y Estados que están respaldando al régimen y manteniendo la guerra civil de Myanmar.
Tras el golpe de Estado, casi todos los Estados se negaron a reconocer a los gobernantes militares de Myanmar y siguieron considerando al Gobierno de Unidad Nacional en el exilio como el representante legítimo del país.
Sin embargo, desde entonces, varios Estados autoritarios han dado su apoyo a la junta. Rusia encabeza la lista, con Vladímir Putin recibiendo al líder de la junta, Min Aung Hlaing, en repetidas visitas a Moscú. China, India, Singapur y Tailandia se han sumado a Rusia en el suministro de armas.
Muchas empresas chinas colaboran con el régimen, entre ellas Geedge Networks, una empresa tecnológica con estrechos vínculos con el Estado chino especializada en vigilancia en línea.
La empresa está ayudando al ejército a instalar una versión del «gran cortafuegos» chino para que pueda restringir sistemáticamente el uso de internet, acceder a los datos de los usuarios e identificar y localizar a los disidentes.
La junta realizó un esfuerzo concertado para obtener legitimidad internacional mediante unas elecciones fraudulentas celebradas en diciembre de 2025 y enero de 2026.
Preparó el terreno a fondo sustituyendo la comisión electoral civil por un órgano controlado por los militares, prohibiendo los partidos prodemocráticos y los mítines políticos, y asegurándose de que un partido títere del ejército se enfrentara únicamente a una oposición simbólica.
Una nueva ley electoral le permitió tipificar como delito las críticas a las elecciones de más de 300 personas.
Las autoridades encarcelaron a algunas personas simplemente por dar «me gusta» a publicaciones en redes sociales y condenaron a ocho activistas a 37 años de prisión por participar en una protesta en la que se pedía el boicot.
También hubo denuncias de amenazas de retener la ayuda destinada a los campamentos de desplazados a menos que la gente votara.
Tras la victoria del partido militar, Min Aung Hlaing pasó de ser general a civil y asumió la presidencia en abril. Ese mismo mes, un grupo de organizaciones de la sociedad civil presentó una denuncia contra él en Indonesia por su papel en el genocidio del pueblo rohingya de 2017.
A pesar de esta acción legal y de la evidente falta de credibilidad de las elecciones, una serie de Estados no democráticos, entre ellos Bielorrusia, China y Rusia, se mostraron dispuestos a respaldar el resultado.
Aunque la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) no reconoció las elecciones, sus miembros más autoritarios -Camboya, Laos y Vietnam- las respaldaron de todos modos, y el bloque se ha mantenido fiel en todo momento a su fallido «Consenso de Cinco Puntos», un plan acordado con la junta en abril de 2021 que los militares nunca han respetado.
El gobierno de Estados Unidos también ha cambiado de postura.
En 2025, la administración de Donlald Trump recortó la financiación a los medios de comunicación independientes birmanos, levantó las sanciones contra las empresas controladas por la junta y los traficantes de armas que abastecen al régimen.
También retiró las protecciones a los refugiados birmanos que viven en Estados Unidos, alegando mejoras en la gobernanza. Trató a la junta como una contraparte legítima al enviarle una carta sobre aranceles.
En mayo se reveló que la junta entrega a Roger Stone, un antiguo aliado de Trump, 50 000 dólares al mes para restablecer las relaciones con Estados Unidos. Es probable que los yacimientos minerales estén en el punto de mira de la administración Trump.
La guerra civil continúa
La redada contra Telenor ha vuelto a situar momentáneamente a Myanmar en los titulares. Por lo demás, su guerra civil se ha prolongado durante casi cinco años y medio sin apenas atención internacional.
Desatada por la violenta represión del ejército contra las protestas a favor de la democracia, enfrenta a las fuerzas militares con las fuerzas armadas prodemocráticas, ambas respaldadas por diversas milicias étnicas.
El ejército controla los principales núcleos de población y recientemente ha recuperado parte del territorio, pero no se vislumbra un final.
El ejército ha cometido numerosos crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
Un informe de la ONU de septiembre de 2025 describió un panorama desgarrador de ataques aéreos contra escuelas y la destrucción de aldeas.
Este año, el conflicto se ha intensificado en toda la región de Magway, donde el ejército y las milicias asociadas han llevado a cabo asaltos armados contra aldeas, han incendiado viviendas y han utilizado drones para matar a civiles, incluidos niños.
Las recientes escaladas del conflicto han provocado nuevos desplazamientos. Al mismo tiempo, las lluvias monzónicas que azotaron varias regiones en julio y agosto provocaron inundaciones que dejaron aisladas a las aldeas y aumentaron el riesgo de enfermedades.
A medida que las necesidades han ido creciendo, el sistema sanitario se está colapsando debido a los ataques militares contra las instalaciones y el personal sanitario, mientras que la ayuda humanitaria y los suministros sanitarios esenciales se ven aún más limitados por los controles militares, los cortes de carreteras y las restricciones de movimiento.
El caso Telenor tiene el potencial de poner fin a la impunidad.
Debería hacer recapacitar a los Estados democráticos y a las empresas con sede en ellos, advirtiéndoles de que pueden verse expuestos por su complicidad en las atrocidades de la junta.
También debería dar un nuevo impulso a los esfuerzos de la sociedad civil para exigir responsabilidades a los Estados y a las empresas.
Al apoyar a la sociedad civil, tanto en Myanmar como en todo el mundo, los Estados democráticos pueden situarse del lado de los derechos humanos y la justicia.
Andrew Firmin es redactor jefe de Civicus, codirector y redactor de Civicus Lens y coautor del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
T: MF / ED: EG
