Un balazo en el hombro lo obligó a internarse siete días en un hospital. En otro atentado le dispararon tres veces, pero por milagro salió ileso. «Nunca más me pongo cerca de una ventana», dice el brasileño Walter Moura.
Moura llegó allí hace tres décadas, después de que su familia dejara el meridional estado de Paraná y pasara unos años en Paraguay, buscando tierras baratas del oeste y el norte brasileños, como hicieron millones de otros sureños estimulados por el gobierno a ocupar y deforestar los "vacíos" humanos y económicos de este país sudamericano.
Trabajó años como "posero" (agricultor de un predio sobre el que no tiene propiedad formal), luego fue asentado legalmente y hoy produce frutas nativas amazónicas "en 30.000 árboles", además de leche.
Guarantã, fundada en la década de 1980 por migrantes sureños en el borde sudoriental de la Amazonia, todavía no fue invadida por la soja, pero sí por la ganadería, el mayor factor de deforestación y de la violencia en los conflictos agrarios brasileños.
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Pero la zona soporta los efectos de los monocultivos, por su cercanía y por ubicarse en una ruta agroexportadora, la carretera BR-163, también conocida como Cuiabá-Santarém, ya que une la capital de Mato Grosso con el puerto fluvial de Santarém que es salida al océano Atlántico Norte a través del río Amazonas.
A lo largo de centenares de kilómetros de esa carretera, el dominio de la soja acorrala la pequeña producción agrícola, que en Brasil se denomina agricultura familiar, definida por una ley de 2006, y que se estima provee dos tercios de los alimentos consumidos en el país.
Lucas do Rio Verde, 380 kilómetros al sur de Guarantã, es el centro de un mar de soja, que se siembra entre septiembre y octubre, y en enero y febrero se sustituye por maíz o algodón. Aquí "no hay espacio para la agricultura familiar", admite Nilfo Wandscheer, quien presidió el Sindicato de Trabajadores Rurales (STR) local hasta inicios de julio.
Ochenta por ciento de los alimentos hortícolas consumidos en la ciudad provienen de otros lugares, señaló. Y los agricultores afiliados al sindicato también son asentados fuera del municipio.
En Brasil, los STR agrupan tanto a asalariados rurales que en Lucas suman más de 2.000, como a las familias que viven de su producción agrícola, sea en tierras propias o arrendadas.
En los alrededores de la ciudad solo hay unas 120 "chacras" o huertas, muchas ya condenadas por ubicarse dentro de un área próxima a urbanizarse. El municipio, que contaba 45.556 habitantes en el censo de 2010, tendrá 300.000 dentro de 20 años, prevé Edu Pascoski, secretario de Agricultura y Medio Ambiente de la alcaldía.
Es que Lucas do Rio Verde se convirtió también en un importante centro agroindustrial con la instalación de muchas procesadoras de granos. Hace tres años se inauguró una planta del grupo Sadia, que emplea cerca de 5.000 trabajadores en la elaboración de carnes de pollo y cerdo, y en alimento animal, aprovechando la gran producción local de soja y maíz.
Además, en algunos años, se convertirá también en un polo logístico con la llegada de un ferrocarril, una prioridad del gobierno pues permitirá transportar las crecientes cosechas estaduales que, hasta ahora, se trasladan por camiones que recorren miles de kilómetros hacia los puertos atlánticos.
El ferrocarril y la pavimentación de la BR-163, que concluirá en 2012, fortalecerán la competitividad agrícola de Mato Grosso, reduciendo los costos logísticos impuestos por su ubicación en el centro geográfico de América del Sur, señala Pascoski, otro agricultor sureño, que se urbanizó como contador y luego como político local.
Pero esos largos ejes de transporte sólo sirven al agronegocio de gran escala, "no a nosotros, que pocos beneficios podemos disfrutar del ferrocarril", observa João Paulo Felix, presidente del STR del municipio de Nova Mutum que, como el vecino Lucas, está colmado de soja, maíz, algodón y grandes almacenes de empresas transnacionales como Cargill, Bunge y ADM.
Lo que necesitan los "pequeños" son carreteras vecinales y transporte local. Los dos asentamientos de Nova Mutum otorgados a 358 familias agricultoras en virtud de la reforma agraria, están alejados 75 y 150 kilómetros de la ciudad.
Un programa oficial les asegura una cuota de 30 por ciento de las compras para meriendas escolares, pero se ven obligados a renunciar a ese mercado "porque el costo del transporte les hace inviable entregar los alimentos que producen", lamentó Felix.
Además, las grandes vías de exportación encarecerán las tierras productivas de Mato Grosso. "Valdrán oro" y serán más inaccesibles para los campesinos, prevé Jarlene Pires, líder de un centenar de familias que ocupan desde 2001 un predio en Marcelandia, cerca de Guarantã, y enfrentan ahora incendios provocados y amenazas de su supuesta propietaria para que dejen las tierras.
La agricultura familiar sufre también obstáculos impuestos por las autoridades sanitarias locales, se quejó Felix. En Nova Mutum se exige que los chorizos y otros productos porcinos se elaboren a una distancia de 1.000 metros de la pocilga. "Pero mi finca solo tiene 400 metros de largo", ejemplificó.
A los que producen miel y queso también se les exige equipos especiales que requieren una inversión inicial inalcanzable para campesinos pobres, acotó.
El "contexto adverso" se completa con el cierre del crédito especial para la agricultura familiar, porque el estatal Instituto de Reforma Agraria incumplió exigencias ambientales al promover asentamientos en el norte de Mato Grosso, añadió Wandscheer, otro sureño que migró "en busca de tierras y vida nueva".
Él llegó en 1998 con alguna experiencia sindical, y luego participó en la toma de un predio en Nova Mutum, que resultó en el asentamiento de 69 familias. Asumió enseguida el liderazgo del sindicato de Lucas do Rio Verde, donde desplegó una acción que sobrepasó el ámbito local y el sindicalismo, y le costó varias amenazas de muerte.
Hoy es una referencia del activismo a favor de la reforma agraria, la agroecología y el cooperativismo, y condena el abuso de agroquímicos en los monocultivos. Convirtió su sindicato en un centro de enseñanza, y en 2006 denunció la "lluvia de agrotóxicos" que regaban aviones fumigadores y que causó daños y enfermedades en Lucas.
Wandscheer dejó la presidencia del STR para coordinar una red de cooperativas agrícolas del norte de Mato Grosso, donde "todos los alcaldes son del agronegocio" y "solo hay políticas públicas para ese sector".
La supervivencia y el avance de la agricultura familiar necesitan mejores condiciones de comercialización, asistencia técnica y capacitación para gestionar, concluye.
