La adopción de un nuevo Código Forestal en Brasil puede alterar el ritmo de reducción de la deforestación amazónica, que entre 2004 y 2010 fue de 70 por ciento.
La votación del proyecto presentado en la Cámara de Diputados por el legislador Aldo Rebelo, del opositor Partido Comunista de Brasil, estaba prevista para el 11 de mayo, pero se pospuso tras varias agitadas sesiones y podría retomarse esta semana, aunque todavía no hay una fecha definida.
"La propuesta abre muchas brechas", dijo a Tierramérica el ingeniero forestal Tasso Azevedo, consultor de bosques y clima del Ministerio de Medio Ambiente.
"Además de reducir las áreas de preservación permanente (APP) que deben ser recuperadas, establece una amnistía para los productores" que deforesten en sus predios. Actualmente se arriesgan a ser multados. "Eso da la idea de que la ley no fue hecha para cumplirse", sostuvo.
Si se mantiene este aspecto del proyecto, se dejarían de reforestar hasta 15 millones de hectáreas, según el Ministerio de Medio Ambiente.
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De acuerdo al actual Código Forestal Brasileño (la ley 4.771 de 1965) las áreas de preservación permanente son aquellas que, "cubiertas o no por vegetación nativa, (tienen la) función de preservar los recursos hídricos, el paisaje, la estabilidad geológica, la biodiversidad, el flujo genético de fauna y flora, proteger el suelo y asegurar el bienestar de las poblaciones humanas".
Por ejemplo, las márgenes y nacientes de ríos y las cumbres y laderas de cerros, en las que no se permite exploración de ningún tipo.
La reserva legal es una zona "ubicada dentro de una propiedad o posesión rural, con excepción del área de preservación permanente, necesaria para el uso sustentable de los recursos naturales", la conservación y rehabilitación de procesos ecológicos y de la biodiversidad y la protección de fauna y flora nativas, indica la ley.
En la Amazonia la proporción de reserva legal de predios agrarios en zonas selváticas es de 80 por ciento.
Si la propiedad se encuentra en zonas de Cerrado (sabana tropical) comprendidas en la Amazonia la reserva es de 35 por ciento, y de 20 por ciento en todo el resto del país.
No hay una protección especial para el Cerrado, el bioma de dos millones de kilómetros cuadrados en el centro del país, que sufre un ritmo de deforestación dos veces mayor que la Amazonia.
El Código Forestal protege la vegetación nativa en las orillas de ríos en una faja mínima de 30 metros y una máxima de 500. El proyecto reduce el área de recuperación exigida a 15 metros y abre la posibilidad de perdonar las multas por deforestación a los propietarios que se adhieran al Programa de Regularización Ambiental, así como a los dueños de predios de hasta 400 hectáreas, que no necesitarían recuperar las áreas deforestadas.
"El nuevo Código Forestal es un paraguas lleno de agujeros. El relator (Rebelo) presentó un proyecto distinto al que había sido acordado. Con pequeños cambios de palabras, por ejemplo, retiró los manglares de las áreas de protección", observó Azevedo.
El jefe del bloque del gobernante Partido de los Trabajadores en la Cámara de Diputados, Cândido Vaccarezza, sostuvo que no habrá flexibilización para los cultivos en áreas de protección permanente y que las únicas excepciones, según criterios de utilidad pública, necesidad social y bajo impacto ambiental, pueden reglamentarse por decreto.
En todo caso, las metas voluntarias que el país se trazó para reducir sus gases invernadero están en juego, puesto que la deforestación es la principal fuente brasileña de la contaminación climática.
El inventario nacional de emisiones publicado a fines del año pasado, pero con datos de 2005, sostiene que el país emitía 2.200 millones de toneladas de gases invernadero. De seguir la tendencia, en 2020 emitiría 3.200 millones de toneladas. El gobierno se propone llegar a esa fecha con una emisión anual de 2.000 millones de toneladas.
"La selva tropical amazónica es un depósito de casi 100.000 millones de toneladas de carbono y secuestra más de 10 veces el volumen emitido mundialmente todos los años", recuerda el Estudo de Baixo Carbono para o Brasil – 2010 ("Estudio de bajo carbono para Brasil 2010") elaborado por el Banco Mundial tras dos años de investigaciones y consultas con científicos y representantes de 10 ministerios, que se ocupa también de otros sectores, como energía, transporte y manejo de la basura.
El informe propone estrategias para reducir emisiones y absorber más carbono, la principal de esas sustancias que recalientan la atmósfera terrestre, así como formas de financiamiento y promoción de políticas.
Si bien el estudio no considera los posibles cambios al Código Forestal, analiza en general las consecuencias de que los productores agropecuarios cumplan al pie de la letra la obligación de recuperar cada área deforestada.
"Cuando se replanta, se secuestra carbono y hay ganancias", dijo a Tierramérica el autor principal del estudio, Christophe de Gouvello.
"Pero cuando se impone la necesidad de replantar, se retrae un área disponible para la agricultura, entonces aparece el riesgo de que el agricultor busque deforestar otra parte del bosque para seguir cultivando", agregó. Es el llamado efecto "derrame".
El estudio del Banco Mundial recomienda elevar los rendimientos agropecuarios en áreas menores, mejorando las tasas de interés y los incentivos a inversiones en sistemas de producción intensiva, y adoptando políticas públicas para promover la siembra directa y el entrenamiento de los ganaderos de manera selectiva y con más monitoreo.
Una alternativa para aprovechar mejor las tierras ocupadas es incentivar el confinamiento del ganado en meses de engorde, e integrar agricultura y pecuaria para mejorar la rentabilidad.
Azevedo afirmó que Brasil fue más allá de estas recomendaciones con su Política Nacional de Cambio Climático, aprobada en 2009, que prevé una reducción de gases invernadero de entre 36 y 38,9 por ciento para 2020, dependiendo de que el crecimiento del producto interno bruto en el período alcance un promedio anual de cuatro o de seis por ciento, respectivamente.
Para lograrlo, la prioridad es reducir la deforestación amazónica en 80 por ciento y en 40 por ciento la del Cerrado, entre otras medidas, reconoció.
"La deforestación llegó a 700.000 hectáreas en 2010, la menor desde que se comenzó a medir" en 1988, indicó Azevedo.
Para la geóloga Lúcia Ortiz, coordinadora del Grupo de Trabajo Energía del Foro de Organizaciones No Gubernamentales y Movimientos Sociales para el Ambiente y el Desarrollo, no se debe abordar el problema del cambio climático desde el punto de vista de las oportunidades de negocios, sin cuestionar temas estructurales.
"La agricultura baja en carbono (que propone el estudio) es una estrategia de crecimiento económico a costa de la exportación de productos básicos agropecuarios", dijo a Tierramérica. En su opinión se necesita un plan de agroecología que incluya aspectos de desarrollo y de combate a los efectos del cambio climático, como sequías, inundaciones y plagas, y no sólo el control de las emisiones.
Para Azevedo, lo importante es entender que "si Brasil no se convierte en ejemplo y empuja al resto del mundo a reducir sus emisiones, se verá fuertemente afectado, además de no poder beneficiarse de la transición hacia una economía baja en carbono".
* Este artículo fue publicado originalmente el 14 de mayo por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
