«Titulación (de tierras) al por mayor» anticipó este martes 15 el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, Juan Camilo Restrepo, al anunciar la decisión de entregar documentos de propiedad por bloques territoriales o grupos de personas, y no solo ante la demanda de individuos.
La restitución de tierras, mediante la entrega de títulos de propiedad a campesinos a los que le fueron arrebatadas durante el conflicto armado de más de medio siglo, se ha convertido en el programa bandera del gobierno del presidente conservador Juan Manuel Santos, tras llegar al poder en agosto.
Cifras oficiales indican que 40 por ciento de los predios rurales colombianos, cerca de 1,2 millones, carecen de titulación y la meta para este año es formalizar medio millón de hectáreas, en un país en que organismos locales e internacionales coinciden en la importancia de la restitución de tierras, pero resaltan claroscuros en los planes del gobierno.
Restrepo explicó este martes que con ese fin se incluirá un artículo especial dentro del Plan Nacional de Desarrollo, actualmente en discusión, que impulsará la legalización de la propiedad rural al cambiar de un esquema de demanda de títulos a otro de oferta.
La medida, que tiene el respaldo del bicameral Congreso legislativo según precisó, permitirá establecer bloques o territorios, hacer barridos de productores rurales y proceder a su titulación, sin limitarse, como hasta ahora, a que sea cada campesino quien formalice una solicitud para ello.
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Entre octubre y marzo se titularon "más de 290.000 hectáreas, incluyendo resguardos indígenas y comunidades afrocolombianas", dijo Santos el día 10, al presentar la política integral para el desarrollo rural, agropecuario y tecnológico para la Orinoquia, otra iniciativa dentro del programa de entrega legal de tierras.
Identificada como la "última frontera agrícola colombiana", la Orinoquia es una región situada al norte de la Amazonia colombiana, con 310 mil kilómetros cuadrados, que van desde la Cordillera Oriental hasta la frontera con Venezuela.
Incluye los departamentos de Arauca, Meta, Casanare, Vichada, Guainía y Guaviare, con una población en torno al millón 100.000 personas, en un país que cuenta con 46 millones de habitantes.
El plan de desarrollo regional proyecta entregar 70.000 hectáreas.
Santos lanzó la política para la Orinoquia en la Hacienda Carimagua, en el municipio de Puerto Gaitán, en el departamento central del Meta, en un acto en que lo acompañó Restrepo, el ministro de Gobierno, Germán Vargas, directores de entidades del sector y el gobierno local.
Con 22.700 hectáreas, Carimagua fue adquirida en 1970 por el gubernamental Instituto Colombiano Agropecuario como centro de investigación.
Actualmente 2.000 hectáreas pertenecen al Ejército Nacional, y 3.000 se destinan a investigación. Del resto, 17.000 se destinarán a actividades agropecuarias y 500 a viviendas.
El nuevo uso contrasta con la utilidad que quiso dar el gobierno del derechista Álvaro Uribe a Carimagua en 2008, cuando el entonces ministro de agricultura, Andrés Arias, intentó entregarla por 50 años a inversionistas privados, cultivadores de palma africana.
Arias argumentó entonces que los dividendos se reutilizarían en atención a población desplazada, pero su plan quedó malogrado por denuncias en el parlamento.
Además de Carimagua, también se entregarán legalmente 15.000 hectáreas, apropiadas por Pedro Oliveiro, muerto por el Ejército en diciembre de 2010, y perteneciente a los ultraderechistas grupos paramilitares, parte en el conflicto que tambiénincluye a las guerrillas izquierdistas, encabezadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC).
A ellas se sumarán otras 38.000 hectáreas recuperadas tras haber sido adjudicadas irregularmente al exsenador Habib Merhef.
Sin embargo el entusiasmo con que el gobierno presenta sus planes se contrasta con cuestionamientos y llamados de atención de diferentes organizaciones.
Entre ellos los enunciados en el Informe de Desarrollo Rural y Tierras para 2011, iniciado en 2009 y en revisión final, para su lanzamiento en mayo.
Bajo la dirección del especialista Absalón Machado, el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) llama la atención del gobierno sobre la poca efectividad de la política de restitución y titulación, si no logra superar problemas de violencia, causa de desalojo y desplazamiento forzado.
Lo confirma el número de líderes que trabajan por la restitución de tierras que han sido asesinados: 46 personas tan solo en 2010. Este año van hasta ahora ocho, según reconoció Santos en Carimagua.
Allí, el presidente anunció la puesta en marcha de un grupo élite de investigación que trabajaría para controlar los asesinatos y que comenzará a operar en los próximos días.
Lo adelantado por el informe del PNUD incluye la recomendación de superar la pobreza rural, y adecuar de infraestructura suficiente y necesaria a poblaciones marginales.
Por su parte, Iván Cepeda, legislador del izquierdista Polo Democrático Alternativo, dijo a IPS que "tras la restitución de tierras y la supuesta campaña para favorecer a campesinos y agricultores, el gobierno encubre una agresiva política agraria, agroindustrial y minera, que favorecerá la gran empresa y trasnacionales".
Cepeda fue uno de los participantes en una marcha del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, por la tierra y la posibilidad de retorno de desplazados, realizada el día 11 en Bogotá.
"La política se presenta como de avanzada, pero sólo favorece al gran capital. El gobierno Santos usa un lenguaje sinuoso, diplomático, pero hace cosas en torno al bienestar del país, más arriesgadas que el gobierno anterior", conceptuó Cepeda.
Alexander Ariza, un campesino que por falta de oportunidades en el campo trabaja como vendedor ambulante, dijo a IPS en Carimagua poco después de dejar Santos el lugar: "es que uno se vuelve como negativo hacia el gobierno, de ver tanto que prometen y no cumplen".
"Quiera Dios que esto sea cierto. Que no se les olvide cuando se vayan. Que ayuden a quienes como yo, no tenemos nada más que el día y la noche", concluyó.
