GUATEMALA: El cambio parece que no llega en septiembre

Los guatemaltecos irán a las urnas en septiembre para renovar gobierno. Pero, a falta de profundas reformas en el sistema político como una asamblea constitucional, no se avizoran cambios estructurales que mejoren la situación económica y social, según expertos y dirigentes políticos.

Es así como algunos creen que en el próximo período de gobierno 2012-2016 las cosas seguirán igual que con la actual administración del socialdemócrata Álvaro Colom. "Vamos a tener el rostro de un nuevo presidente, pero el sistema seguirá igual", comentó a IPS la antropóloga Irma Alicia Velásquez.

La razón, según la experta, es que las reglas del juego permanecen intactas. "Los partidos tienen propietario y siguen siendo financiados por la elite económica", mientras que "organizaciones no gubernamentales nos ayudan a controlar la forma abusiva, deshonesta e inhumana en que compran los votos de los pobres", lamentó.

Los guatemaltecos están convocado a las urnas para septiembre con el fin de elegir presidente y vicepresidente por los siguientes cuatro años, los ocupantes de los 153 escaños del unicameral Congreso legislativo, 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano y 333 gobiernos municipales, lo cual mantiene la expectativa de la población.

Las encuestas ubican en los primeros lugares de intención de voto a la presidencia a Otto Pérez Molina, del derechista Partido Patriota, y a Sandra Torres, precandidata de la gobernante Unidad Nacional de la Esperanza pese a tener prohibición constitucional para optar a ese cargo, según expertos, por ser la esposa de Colom.

A decir de Velásquez, el país podría transformarse si se emprendieran reformas profundas al sistema con, por ejemplo, una Asamblea Nacional Constituyente.

"Para empezar debe reconocerse la muticulturalidad real del país, hay que tocar el tema de tierras y la participación plena de pueblos indígenas, así como la cuestión fiscal. Sería un ejercicio muy hermoso y muy sano para Guatemala que no sale de la posguerra", agregó esta antropóloga de la étnica kiché.

Guatemala es uno de los países más desiguales del mundo. Alrededor de 80 por ciento de la tierra productiva sigue en manos del cinco por ciento de la población, mientras que la mitad de los 14 millones de habitantes vive en la pobreza y 17 por ciento en la indigencia, según datos manejados por agencias de la Organización de las Naciones Unidas. El diputado independiente de izquierda Aníbal García dijo a IPS que "el modelo político, económico y social está agotado", lo cual justifica la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente "para crear una nueva república pluricultural y democrática".

En el aspecto institucional es necesario devolver la independencia a la Corte Suprema de Justicia, "para que tengamos autoridades y organismos totalmente ajenos a los dictados del poder económico y político", sostuvo. Hoy, por ejemplo, el presidente de la república elije al jefe del Ministerio Público, coordinador de la investigación criminal del país, lo cual le resta independencia a la institución, según organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Pero esto solo se podría lograr si se cambia el artículo 251 de la Constitución, pero para ello es necesario una reforma de todo su contenido y luego ratificarla mediante la consulta ciudadana.

En el aspecto político, "se necesita regular la representatividad política", dado que en la actualidad se vota por listados de candidatos, y "se debe transparentar el gasto de los partidos, mientras que al modelo económico se le deben quitar candados constitucionales que impiden reformas tributarias profundas", precisó.

Guatemala reformó su Constitución en el período del presidente Ramiro De León Carpio (1993-1996). Más tarde, como consecuencia de los Acuerdos de Paz firmados en 1996 que dieron fin a 36 años de guerra civil, se intentó enmendarla en asuntos como el reconocimiento de los pueblos mayas, garífunas y xincas.

Sin embargo, en la consulta popular de 1999 se rechazó esa propuesta. No obstante que la participación electoral alcanzó apenas 18,5 por ciento de los habilitados.

En 2009, la agrupación ultraderechista ProReforma promovió la modificación de 73 artículos constitucionales, pero la propuesta no llegó a ser discutida en el pleno del Poder Legislativo, rechazada particularmente por la pretensión de instaurar jueces vitalicios y senadores con mandato de 15 años.

Catalina Soberanis, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, señaló a IPS que "como están las cosas no podemos esperar cambios profundos derivados del proceso electoral, porque las reglas no han cambiado".

De tal modo, esta experta señaló que, como parte de la reestructuración nacional, el país debe alcanzar acuerdos para avanzar en el tema fiscal, en el sistema de partidos, en la seguridad ciudadana, desarrollo rural y ante el cambio climático, entre otros.

Por ejemplo, "los partidos deberían permitir una mayor participación de sectores o estratos de la población que tienen una gran desventaja para poder participar actualmente como lo son mujeres, jóvenes y pueblos indígenas", indicó.

Virgilio Álvarez, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, entiende que en Guatemala "hay que reconstituir el Estado". "La clase política debe retomar su autonomía e independencia y dejar de obedecer a los intereses económicos", advirtió ante la consulta de IPS.

Sostuvo que actualmente "no hay un grupo hegemónico de la oligarquía luchando por el poder gubernamental, sino varios enfrentados con el mismo afán, lo que demuestra que de la economía depende la política".

De cualquier modo, "una elección siempre abre oportunidades para hacer cambios favorables para el país", concluyó.

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