«Siento que puedo respirar más profundo y hasta miro más a lo lejos, me siento muy tranquilo», dijo a IPS el campesino mexicano Rodolfo Montiel, desde algún sitio de la costa oeste de Estados Unidos.
Montiel y su paisano Teodoro Cabrera son los beneficiarios de un nuevo fallo, el quinto consecutivo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra del Estado mexicano por violar sus derechos fundamentales.
"Finalmente, después de tantos años encontramos justicia internacional, debido a que nuestras autoridades no tuvieron la capacidad suficiente para declararnos inocentes", añadió Montiel, desde su exilio estadounidense.
Las cinco condenas emitidas entre 2009 y 2010 por este máximo tribunal con sede en Costa Rica y que forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), exponen el momento crítico de los derechos humanos en este país y un sistema de justicia repleto de falencias, cuyos efectos han padecido Montiel y Cabrera, advierten activistas consultados por IPS.
Las sentencias "muestran las graves violaciones a derechos humanos, sin una reforma estructural al sistema de justicia", señaló a IPS Jacqueline Sáenz, abogada del no gubernamental Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
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El fallo de la Corte, fechado el 26 de noviembre pero notificado a las partes sólo el lunes, se refiere a Montiel y Cabrera, detenidos y torturados en 1999 por soldados mexicanos y condenados en 2000 a seis y 10 años de cárcel, respectivamente, por portar armas y sembrar marihuana.
La Corte, presidida por el magistrado peruano Diego García-Sayán, determinó que México violó los derechos a la integridad y libertad personales, a las garantías judiciales y a la protección judicial de ambos campesinos.
Montiel, Cabrera y otros lugareños fundaron en 1999 la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, para detener la creciente deforestación en esa zona de estado de Guerrero, ubicada a unos 600 kilómetros al sudeste de la Ciudad de México.
Los centros Prodh, de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y por la Justicia y el Derecho Internacional presentaron en 2001 el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también adscrita a la OEA y con sede en Washington, por los vicios existentes en el proceso contra ambos ecologistas.
En 2001, el entonces presidente mexicano Vicente Fox (2000-2006) les condonó la sentencia por "motivos humanitarios" y por la presión nacional e internacional en torno a los casos, pero sin que éstos fueran analizados jurídicamente para certificar su inocencia.
La Comisión elevó en junio de 2009 el expediente a la Corte, que escuchó en agosto de este año a los campesinos en su 88 periodo de sesiones desarrollado en San José de Costa Rica.
La Corte determinó que el Estado tiene la obligación de investigar los hechos e identificar, juzgar y sancionar a los responsables de las anomalías padecidas por las víctimas, su rehabilitación legal, la reforma del fuero militar y la adopción de medidas "legislativas, administrativas y de cualquier otra índole" para prevenir la tortura.
Además, debe publicar sentencia en el Diario Oficial de la Federación y pagar a Montiel y Cabrera, quien vive en algún lugar de México, 7.500 dólares para atención médica y psicológica, 5.500 por pérdida de ingresos y 20.000 en compensación por los sufrimientos y aflicciones que constituyen daño inmaterial.
Asimismo, el Estado mexicano debe erogar 38.366 dólares a Cejil y 27.349 al Centro Prodh por costos procesales. El tribunal dio plazos de entre dos y 12 meses para que se cumpla con las obligaciones contenidas en el laudo, detallado en 134 páginas.
"El Estado mexicano se compromete a dar cabal cumplimiento al contenido de la sentencia y ratifica su deber irrestricto de salvaguardar los derechos humanos de todas las personas", indicó, en un comunicado, la Secretaría (ministerio) de Gobernación.
El veredicto se centra en el fuero castrense y en la aplicación de tormentos para obtener confesiones de delitos, una práctica recurrente según diversos organismos de derechos humanos.
"La jurisdicción militar no debe conocer casos donde haya violaciones a derechos humanos. El fallo de la Corte es una llamada de atención", subrayó Sáenz, quien ha sido una de las representantes legales de los dos campesinos.
En tres de las cinco resoluciones condenatorias del Estado mexicano se alude a la necesidad de reformar ese fuero, una figura del Código Militar de 1933 para juzgar a efectivos que cometan ilícitos fuera de sus actividades castrenses.
El presidente Felipe Calderón envió en octubre al Congreso legislativo una propuesta de reforma del fuero, aplicable sólo a la desaparición forzada, violación y tortura, y rechazada por organizaciones de derechos humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en noviembre de 2009 en dos ocasiones al Estado mexicano.
La primera fue por el asesinato en 2001 de tres jóvenes mujeres en la norteña Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, en lo que se conoce como el caso del "Campo Algodonero", por el sitio donde aparecieron los cadáveres. El otro fallo fue por la desaparición forzada del maestro y dirigente comunitario Rosendo Radilla en 1974, también en Guerrero.
En agosto pasado, la Corte dictó dos sentencias condenatorias más, por las indígenas mexicanas Inés Fernández y Valentina Rosendo, ambas violadas por militares en 2002 en Guerrero.
En el presupuesto nacional de 2011 están dispuestos unos 2,5 millones de dólares para el cumplimiento de los cinco reveses judiciales acumulados por el Estado mexicano.
"Por fortuna, no nos quedamos callados, sobrevivimos y tuvimos valor para denunciarlos. Que los ambientalistas y los campesinos no tengan miedo, que denuncien los casos y que sepan que tarde o temprano llega la justicia, y que si en México no llega, hay otras instancias a dónde acudir", dijo Montiel, quien descartó regresar a México por temor a represalias.
