Décadas de indiferencia estatal, la corrupción en el sistema penitenciario y una creciente ola de delincuencia han hecho de las cárceles de El Salvador, en vez de centros de rehabilitación, verdaderas escuelas de crimen, un fenómeno que también se percibe en otros países de América Latina.
Según cifras oficiales, alrededor de 80 por ciento de las extorsiones en este país son ordenadas desde los centros de reclusión por medio de llamadas de celulares, gracias a una bien urdida red ilegal de proveedores de teléfonos, chips y cargadores, en la que participan familiares de los reos e incluso los mismos custodios.
Por ejemplo, la fiscalía acusó en marzo del 2009 al recluso Darwin Rodrigo Ticas Campos, condenado a 30 años de prisión por homicidio, de dirigir desde su celda a una banda de 11 personas en la oriental ciudad de San Miguel, entre quienes participaban algunos de sus parientes.
Desde las prisiones se ordenan también secuestros y asesinatos, planificados generalmente por reos vinculados a la Mara Salvatrucha y la M18, las dos principales pandillas de este país y de la región, contribuyendo con la escalada de violencia criminal que agobia a los salvadoreños desde hace varios años.
El Salvador es uno de los países más violentos del hemisferio, con unos 12 homicidios diarios en promedio y una tasa de 71 asesinatos por cada 100,000 habitantes.
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"Tenemos registros de la policía, de reos ordenando secuestros desde (el centro penitenciario de la central región de) Zacatecoluca, desde 2005", dijo a IPS el director general de Centros Penales, Douglas Moreno.
El reclusorio de Zacatecoluca es de máxima seguridad, pero eso no ha impedido que hasta allí lleguen ilegalmente los teléfonos celulares a los reos, con la colaboración de los mismos vigilantes.
Por más requisas que las autoridades realicen, siempre, indefectiblemente, encontrarán chips y teléfonos celulares. En agosto pasado se encontraron 14.000 objetos ilícitos en los recintos, de los cuales 1.306 eran teléfonos celulares, 1.317 chips y más de 400 baterías de carga.
La prensa local ha informado de innumerables casos en que mujeres, tanto parientes como parejas de los reos, transportan chips escondidos en sus cavidades anales y vaginales.
Más de 92 guardias han sido destituidos en los últimos meses, y se espera que el proceso de depuración se intensifique en diciembre, informó Moreno.
El gobierno del presidente Mauricio Funes ha echado mano del ejército por primera vez para vigilar los perímetros de algunos centros penitenciarios, intentando cortar los suministros de teléfonos y narcóticos, a veces arrojados en bolsas desde fuera de las instalaciones por cómplices.
Las cárceles salvadoreñas han adolecido por décadas del abandono gubernamental, pues se consideraba que invertir recursos en "criminales" no era productivo.
Esa negligencia estatal histórica produjo el actual caos en el sistema carcelario, que en principio ofrece una capacidad instalada de 8.110 plazas, pero que en la realidad alberga a 24.000 internos, lo que representa una sobrepoblación de 300 por ciento.
"Esta masificación del encierro genera a su vez otras situaciones, como el agravamiento de las condiciones de detención e insuficiente acceso a programas de reeducación y capacitación, indispensables para la reinserción social", señala un informe preliminar sobre El Salvador de la Relatoría de los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), divulgado el 20 de octubre.
Los motines dentro de las prisiones salvadoreñas también están a la orden del día.
La sobrepoblación, las condiciones paupérrimas de las instalaciones, la deficiente alimentación, la falta de agua y los pocos programas de reinserción, así como el hecho de que la criminalidad se ha disparado, hacen que los centros no sólo no sirvan para la rehabilitación, sino que por el contrario reproduzcan un ciclo de delincuencia.
"Si hay ocio en las cárceles, si los reos no tienen nada que hacer, sin opciones de reinserción, sin espacio para las visitas íntimas, y rodeados de personas con costumbres inadecuadas, los privados de libertad son susceptibles de cometer delitos", explicó a IPS el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Luna.
En otros países latinoamericanos también se ha generado actividad delictiva desde los propios centros penitenciarios.
En México, el diario Milenio reportó en agosto pasado que reos del Centro de Readaptación Social en Gómez Palacio, en el occidental estado de Durango, operaban como sicarios utilizando las mismas armas de los custodios para controlar el tráfico de drogas en el recinto.
Citando a fuentes de la Procuraduría General de la República mexicana, Milenio afirmó: "60 por ciento de las cárceles municipales y de los centros de readaptación social están controlados por operadores del narcotráfico, quienes disponen de sicarios a sueldo".
Las cárceles en poder del crimen organizado, de organizaciones como Los Zetas, el cártel de Sinaloa y La Familia Michoacana, se encuentran en Quintana Roo, Nuevo León, Veracruz, Tabasco, el Estado de México, el Distrito Federal, Tamaulipas, Baja California, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y Durango.
La lucha por el control de las drogas en reclusorios atiborrados de presos violentos y ligados al crimen organizado casi siempre termina en muertes y masacres. Milenio citó información de la Secretaría de Seguridad Pública para el periodo comprendido entre septiembre de 2008 y diciembre de 2009, y reveló un cruento saldo de 200 muertos, 507 heridos y 142 reos fugados.
Brasil tampoco es una excepción. De los 180 complejos carcelarios que existen en San Pablo, 75 están en poder de bandas criminales, según César Barros Leal, presidente del Instituto de Derechos Humanos de ese país.
